l primer significado de la marcha politécnica de ayer va más allá de sus propios propósitos. En una sociedad que pareciera trágicamente hundida en el conformismo, aparentemente dispuesta a soportar en silencio y parálisis los peores abusos de los poderes, resulta reconfortante la movilización de una comunidad académica que se ha levantado de manera organizada para rechazar decisiones que considera lesivas. El mensaje va más allá de las circunscripciones politécnicas, justamente porque los caminantes fueron cuidadosos en el armado del acto y en la participación de los inconformes (credenciales de estudiantes como conjura a las torpes acusaciones de la directora Yoloxóchitl Bustamante de que había factores ‘‘externos’’), con señales unitarias a las que concurrieron integrantes de otras entidades educativas (UNAM y UAM, por ejemplo) y sin permitir acciones violentas ni provocaciones de parte de enmascarados o grupos predispuestos a enturbiar las protestas sociales.

Un resultado inmediato de esa reacción politécnica organizada fue la decisión a botepronto del presidenciable secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de salir a recibir el pliego petitorio de los estudiantes y dialogar con ellos. Fue una determinación inteligente del hidalguense, que en lo inmediato aumentará sus bonos futuristas, pero que habrá de contrastarse con la respuesta específica que dé a los politécnicos. En lugar de atrincherarse en las oficinas sombrías de Bucareli, entre vallas y policías, el ex gobernador de Hidalgo aceptó reunirse en la calle con los manifestantes, subir a un templete, leer el pliego petitorio, expresar algunas consideraciones bien recibidas por los estudiantes y plantear posibilidades de solución al problema planteado.

El salto a la calle del secretario de Gobernación es un hecho positivo, al igual que el anuncio de que el próximo viernes se realizará otra reunión, tal vez ya con una respuesta al pliego petitorio. Osorio, es decir, el peñismo, tienen en las manos la oportunidad de anotarse un triunfo político impactante, mientras las izquierdas se hunden entre el colaboracionismo de un partido declinante y la obsesión electoral y la recurrencia a los mismos métodos fallidos de parte de un partido naciente. Ya se verá si ayer, luego de una marcha pacífica, sin acoso de grupos provocadores ni especial vigilancia policiaca, surgió una candidatura presidencial priísta y el PRI se hace de la bandera política del diálogo y el entendimiento, o el sistema desperdicia esta insólita posibilidad de parecer que se lava la cara (posibilidad que no debe adjudicarse como culpa a los manifestantes, sino como marrullería exitosa del priísmo gobernante).

No sería políticamente oneroso conceder a estos manifestantes ciertos puntos victoriosos. De hecho, la directora Yoloxóchitl Bustamante ha quedado descalificada, al borde de la renuncia, pues ella no pudo atender en casa lo que con aires de torería política tuvo que enfrentar Osorio. Tampoco sucederá nada que haga tambalear al régimen, ni siquiera al específicamente educativo, a cargo del flotante Chuayfett, si se tumba el reglamento interno y se cancelan en definitiva los planes de estudio que ya se habían declarado suspendidos cuando menos durante un año. Una enorme cereza sería conceder la autonomía a esa universidad politécnica. A cambio, el régimen peñista y el secretario 2018 tendrían material propagandístico de larga duración para declararse superdemócratas dispuestísimos a dialogar con fuerzas ordenadas y respetuosas, en una especie de neoecheverrismo en mangas de camisa, pero sin guayabera.

Pero allí está, para dar un ejemplo de los riesgos que enfrenta el diálogo Bucareli-politécnicos, el caso Tlatlaya y la facilidad con que el poder federal cree posible practicar el engaño. A pesar de las evidencias fotográficas y testimoniales de que en esa población del estado de México se produjo la ejecución extrajudicial de 22 personas, un auténtico fusilamiento como parte de políticas de ‘‘limpieza social’’, el poder político y militar sólo ha concedido una tramposa manipulación de apariencias justicieras como respuesta. Fueron detenidos un oficial y siete soldados, lo que pareció apuntar a una plausible intención de castigar los terribles excesos. Pero el encausamiento anunciado ayer burla las expectativas de justicia pues, según el auto de formal prisión emitido por un juzgado militar en el Campo Militar número uno, un teniente y siete soldados sólo son acusados de desobediencia e infracción de deberes. Es decir, de faltas procesales conforme a los códigos corporativos de conducta, pero no todos por homicidios con todas las agravantes y otros graves delitos cometidos en Tlatlaya, de lo que solamente serán procesados ante la justicia civil, conforme a lo anunciado por la PGR, tres de ellos, acusados de ‘‘realizar una nueva secuencia de disparos’’ contra presuntos delincuentes ya sometidos. Es decir, el gobierno federal sostiene la versión de que hubo un enfrentamiento (a pesar de las abundantes pruebas en contra) y que unos cuantos soldados desobedientes decidieron por sí mismos y sin control ni indicación superior alguna disparar contra algunos de los supuestos sobrevivientes.

Las mismas tácticas de dilución de responsabilidades se practican en Iguala, donde ha solicitado licencia por 30 días el presidente municipal, Jorge Luis Abarca, esposo de una hermana de uno de los lugartenientes del grupo delictivo de los Beltrán Leyva. El gobernador Ángel Aguirre, mientras tanto, ‘‘reconoce’’ que las policías no son confiables y adopta aires de resignación. El propio Osorio Chong había dicho a Adela Micha en entrevista radiofónica que era ‘‘verdaderamente increíble’’ lo sucedido en Iguala, y el alcalde ahora con licencia había argumentado que él nada sabía de los ataques contra normalistas, futbolistas y ciudadanos, porque estaba esa noche ‘‘en un baile’’.

Y, mientras Gustavo Madero Muñoz ha confirmado que irá por una diputación federal (para cerrar el paso a Margarita Zavala en la futura coordinación de la bancada panista), ¡hasta mañana!

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