La fracción XIV de la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) autoriza la desaparición de esta empresa. El apartado es la madre de la conspiración contra los derechos de los mexicanos, ya que se autoriza al consejo de administración a desmantelar para la enajenación, la afectación en garantía o el gravamen a las instalaciones de la CFE, que es la fórmula para desaparecerla y con ello el trabajo de miles de mexicanos, sus contratos y prestaciones.

La solicitud de amparo presentada el 25 de septiembre del presente año ante tribunales federales por la Coordinadora Nacional de Electricistas (CNE), organización opositora al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), establece lo anterior y argumenta que esta ley secundaria atenta incluso contra la existencia misma de la CFE y pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores que dependen de ésta.

Esta ley, junto con otras que contempla la reforma energética, es considerada como plan doloso de traición a la patria, porque además de atentar contra la soberanía y seguridad energética, autoriza que las instalaciones de la CFE puedan ser desmanteladas, lo que demuestra la privatización del patrimonio nacional, según expone el amparo presentado por integrantes de esta organización y el abogado Jorge Antonio Ramos Albores.

Establece que en el artículo 29 de dicho ordenamiento se excluye al consejo de administración del régimen de responsabilidades de la ley respectiva de funcionarios públicos, por lo que el Legislativo eximió deliberadamente a estos servidores de la decisión que tomen sobre el manejo de los bienes nacionales, comprendidos dentro del patrimonio de la CFE, para que sean liberados de lo que van a hacer con el desmantelamiento de laa empresa.

Del artículo 46 al 56 –expone el amparo– se dan atribuciones al director general de la CFE para que por orden del Ejecutivo federal pueda desmantelar, vender o donar los bienes de la nación, en contubernio con el consejo de administración de la empresa.

También indica que la materia de trabajo de los electricistas, sus mismas plazas, el contrato colectivo y todos los derechos laborales de los mismos ya están en riesgo desde el momento de la promulgación de la Ley Federal de Electricidad, porque en su artículo 59 autoriza a que la CFE se asocie con empresas nacionales y extranjeras, y que éstas participen en un porcentaje superior a 50 por ciento del capital, por lo que podrán traer su propio personal, con nuevos contratos.