El derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, procedentes de las minas del Grupo México en el norte sonorense, afecta y agrava el diferendo que mantienen las autoridades estatales con la tribu yaqui por el control del río Yaqui, en la parte sur, a pesar de los 800 kilómetros que median entre las dos regiones.

Tomás Rojo Valencia asegura en entrevista: Como ahora el agua del río Sonora está contaminada, van a decir que hay más escasez en Hermosillo. Y tendrán más pretextos para seguir robándonos el líquido que nos corresponde como pueblo yoremia, o yuemem, como nos llamamos nosotros. El conflicto se profundiza.

Sobre este dirigente, uno de los voceros de la tribu, miembro del Consejo Yaqui de Vícam, pesa una orden de aprehensión por la misma causa penal que se sigue contra los dos líderes que ya están presos, Mario Luna y Fernando Jiménez. Rojo Valencia sabe que su detención puede ser inminente. Pero afirma que a pesar de la embestida gubernamental, a él y a su gente no les queda más que seguir defendiéndonos.

En Sonora, dice, hoy se vive una verdadera guerra por el agua, una crisis del sistema hídrico en una entidad cubierta por uno de los desiertos más feroces de América del Norte. ¿Y qué cosa hace el gobernador Guillermo Padrés ante esta crisis? Pues que ante el nuevo frente de conflicto que tiene abierto en la cuenca del Río Sonora, con los poblados ribereños afectados por la contaminación y en pleito hasta con el propio gobierno federal, no trata de resolver los problemas con nosotros, sino todo lo contrario, nos mete más presión. Parece que le dijo a sus operadores: vayan y desquítense con los yaquis.

La acusación en contra de los tres líderes es por secuestro y robo. Pero antes de explicar los hechos concretos que llevaron a esta causa penal, Rojo Valencia insiste en que se comprenda todo el contexto del devenir de nuestro pueblo, desde tiempos del virreinato, cuando por gestión de los jesuitas se reconocieron los ocho pueblos que hoy todavía constituyen su territorio. Y los pronuncia en su propia lengua: Cócorit, que significa picante silvestre; Bácum, agua estancada o remanso; Tórim, roedor gigante; Vícam, punta de flecha; Pótam, (de donde es originario Mario Luna), nido de tuzas; Rahum, agua que brota; Huíriris, pájaro nocturno, y Belem, tierra decantada.

Por las aportaciones que la tribu yaqui hizo durante la guerra de Independencia, las guerras del Valle del Yaqui y la revolución contra el porfiriato, Lázaro Cárdenas les concedió, mediante decreto presidencial, un territorio de 485 mil hectáreas y el control de 50 por ciento de las aguas de la presa La Angostura.

Y como todo mundo sabe, en este país el último reducto de la defensa de los recursos naturales somos los pueblos indígenas.

–¿Cómo fue el incidente concreto que dio pie a la acusación del gobierno estatal de secuestro y robo contra ustedes?

–Primero hay que explicar el contexto. Durante décadas, nuestra tribu ha construido instituciones propias, políticas, de producción, de organización social, cultura. Y, muy importante, un régimen legal que, junto con todo lo demás, es base de nuestra identidad. Entre los mecanismos internos necesitamos correctivos para mantener el orden. Eso fue lo que se aplicó al señor Francisco Delgado, que entonces era secretario de la tribu en Vícam, cuando en junio de 2013 pasó con su camioneta en estado inconveniente a alta velocidad por el plantón y puso en riesgo la seguridad de los niños y mujeres que estaban haciendo guardia en el área de la cocina, a la orilla de la carretera. Se le buscó, se le presentó ante la guardia tradicional, una enramada rústica donde se le alimentó; se le dio cobijo. Al día siguiente se le juzgó en una asamblea presidida por los gobernadores, los capitanes, los comandantes, los pueblos mayores y menores. Y la tropa yoreme, que son los niños, mujeres, hombres y ancianos. Se le sometió a la vergüenza pública, eso sí.

¿Ignorancia o desprecio a una tribu?

–¿Y por eso los acusan de secuestro?

–No sé si es por ignorancia o por desprecio a nuestra tribu y sus leyes. Pero lo que están haciendo es criminalizar nuestras leyes. Y además están violando sus propias leyes, porque no hay debido proceso; están fabricando pruebas y cometiendo muchas irregularidades en las detenciones y en el proceso legal.

–Ustedes han dicho que el actual diferendo es como una nueva guerra del yaqui.

–Sí, pero de la cual el único responsable es el gobernador Padrés, que de una manera totalmente injusta y arbitraria quiere privarnos del agua que nos corresponde. Solamente desde abril de 2013 a abril de 2014 extrajeron 30 millones de metros cúbicos. Pero esa agua que se llevan a Hermosillo tiene un propietario, que es la tribu yaqui.

–La Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno de Sonora que les restituyera el derecho de audiencia y consulta, en una sentencia reciente. ¿Qué ha pasado con esa consulta?

–Está en proceso. Pero según los estándares internacionales, tiene que ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ni fue previa porque el acueducto ya está operando; ni es libre porque no estamos exentos de las presiones políticas y legales del gobierno del estado en contra nuestra. En el contexto que estamos viviendo difícilmente se puede llevar a cabo un ejercicio legal, social e institucional al interior de la tribu.

–¿Actualmente la tribu yaqui vive de la agricultura?

–Vivimos de los ingresos de la renta de la tierra. La actividad agrícola ya no la realizamos nosotros, sino grandes grupos agrícolas con capacidad económica. Más de 95 por ciento de nuestra tierra está rentada. ¿Porqué? Porque un productor yaqui que posea, digamos, en promedio ocho hectáreas y quisiera sembrar trigo, que es lo que mejor se adapta a las condiciones, pues caería en cartera vencida en muy poco tiempo, casi automáticamente, por los precios de producción. Para alcanzar el punto de equilibrio para obtener ganancia, con el trigo, lo que se necesita es sembrar más o menos 70-80 hectáreas.

Esa es una limitante que tenemos nosotros y que tiene su origen en las políticas para el campo que se adoptaron desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

–¿Cómo se empezaron a movilizar?

–Empezamos con información, denuncias, desobediencia civil y resistencia civil, pero también la lucha legal. La protesta es importante, de lo contrario difícilmente se puede influir en el ánimo social y en los juzgadores para la aplicación correcta de la ley. Y claro, el punto de inflexión fue el bloqueo de la carretera internacional 15, en el tramo que va de Obregón a Guaymas, en el kilómetro 47.5. Ahí está nuestro retén.