La fracción parlamentaria del PRD en el Senado, en voz de Alejandro Encinas, demandó que la Procuraduría de Justicia Militar ponga a disposición de la autoridad judicial civil a los ocho integrantes de las fuerzas armadas detenidos en relación con los 22 asesinados en Tlatlaya, en el estado de México, y deploró que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, insista en señalar que fallecieron a consecuencia de un enfrentamiento con miembros del Ejército.

Destacó que las fotografías publicadas por La Jornada desmienten la versión de que se trató de un enfrentamiento del Ejército con delincuentes, ya que da cuenta de que la mayoría tiene balazos en el pecho y de que una vez muertos les sembraron las armas. Ninguna persona que haya participado en un enfrentamiento armado, ya muerto, puede mantener el rifle, como aparecieron algunos de los cadáveres.

Encinas destacó que las recientes reformas en materia de fuero militar establecen que todo delito cometido por elementos castrenses contra civiles debe ser conocido por el Ministerio Público y procesado también en los tribunales penales del orden civil, por lo que se debe actuar en consecuencia.

Por separado, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Omar Fayad, sostuvo que se hará justicia, ya que el gobierno federal ha dado muestras de que no habrá impunidad para nadie.

A su juicio se trata de un caso aislado, ya que no ve en este momento que haya “50 Tlatlayas”. Fayad señaló que la presunta participación de ocho militares se investigará conforme a la ley, y de comprobarse que tuvieron responsabilidad se les aplicará todo el peso de la ley, pues si bien la sociedad repudia a los delincuentes, tampoco podemos pedir que sean ejecutados.

En conferencia de prensa, el senador Encinas pidió que las autoridades a cargo de la investigación den a conocer, con toda precisión, la información plena sobre la identidad de las víctimas y de las personas detenidas para no seguir ahondando en la especulación.

Si se les ha acusado de pertenecer a organizaciones criminales, que se precise a cuáles, ya que es muy poco clara la información respecto a los 22 asesinados. Está el caso de la joven de 15 años, Érika Gómez González, que se ha acreditado que era estudiante de Guerrero, como se ha venido identificando a otras de las personas que fallecieron en estos actos, como son los hermanos Marcos y Juan José Salgado Burgos, de 20 y 18 años, respectivamente,del municipio de Arcelia, en el estado de Guerrero, también estudiantes.

El senador perredista dijo que se debe dar a conocer la situación jurídica de las dos mujeres que en principio se dijo que estaban secuestradas y fueron rescatadas, y que están recluidas en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit.

En entrevista aparte, el presidente de la Comisión de Defensa, Fernando Yunes Márquez, comentó que se debe esperar a que la PGR concluya la investigación.