n día después de que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, denunció como guerra sucia la solicitud de juicio político en su contra –interpuesta por un grupo de asociaciones civiles y humanitarias–, salieron a la luz diversas placas fotográficas sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de elementos del Ejército. A partir del análisis de estas imágenes, difundidas en la edición de ayer, expertos en criminología formularon señalamientos tan delicados como que 14 de las 22 víctimas fueron ultimadas a corta distancia y que la escena de los hechos ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias”.

A ello se suma la detención de una decena de efectivos militares involucrados en el caso, elementos que, en conjunto, multiplican las dudas existentes sobre la versión oficial de los hechos mencionados. Como se recordará, luego del episodio, el gobierno federal afirmó que la muerte de los civiles se había dado en el contexto de un enfrentamiento. Tal versión, inverosímil desde un inicio, fue, sin embargo, respaldada por la propia CNDH, cuyo titular afirmó: Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento, declaración tan desafortunada como improcedente que desvirtúa desde un inicio las investigaciones sobre los hechos anunciadas por ese organismo.

El caso es ilustrativo del desempeño errático que ha tenido la CNDH, cuya construcción ha costado mucho al país en términos económicos, políticos y sociales a lo largo de la gestión de Raúl Plascencia, quien, como se mencionó el pasado jueves en este mismo espacio, se ha caracterizado por las omisiones respecto de sus responsabilidades y la obsecuencia ante el poder.

Esas conductas serían graves en cualquier circunstancia, pero en la actual lo son aún más en razón del deterioro que experimenta la observancia de los derechos humanos en el país. No es casual que México destaque por sus evaluaciones negativas en prácticamente todos los informes sobre derechos humanos emitidos por organismos nacionales, multinacionales y por organizaciones no gubernamentales.

Sería injusto e improcedente achacar a la CNDH la responsabilidad total por la situación en materia de derechos y garantías fundamentales del país, habida cuenta de que la vulneración de éstos es fundamentalmente un fenómeno correlativo a las acciones u omisiones de las autoridades. Pero también es inadecuado eximir a la entidad que encabeza Plascencia Villanueva por las omisiones cometidas hasta ahora, y por lo que parece ser una renuencia sistemática de su parte a señalar responsabilidades de los distintos niveles de gobierno ante hechos como la masacre de Tlatlaya o el asesinato del menor Luis Alberto Tehuatlie en Puebla.

Antes que evocar fantasmagóricas guerras sucias o campañas en su contra, sería deseable y necesario que el ombudsman nacional empleara los recursos a su alcance, que no son pocos, en cumplir con el mandato del organismo público que encabeza. De otra forma, difícilmente se podrá contener, y menos revertir, el descrédito que padece la CNDH entre activistas y organizaciones humanitarias y entre amplios sectores de la sociedad.