De las 9 mil quejas relacionadas con unidades habitacionales que al año recibe en promedio la Procuraduría Social del Distrito Federal, 20 por ciento se presentan contra administradores de los conjuntos, quienes llegan al extremo de privar a los condóminos de los servicios de agua potable y energía eléctrica, señaló el titular de la dependencia, Alfredo Hernández Raigosa.

Para evitar excesos, manifestó, la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, que se publicará en los próximos días, prevé revocar el mandato de los administradores que recurran en este tipo de excesos, que incluso pueden configurar responsabilidad penal, por lo que se establecerá un mecanismo permanente de evaluación.

El funcionario explicó que si bien actualmente se establecen sanciones económicas cuando se dan estos casos, éstas pueden tardar mucho tiempo en aplicarse, ya que el implicado tiene el derecho de inconformarse ante el tribunal de lo contencioso administrativo.

Al entregar constancias de certificación a 156 administradores profesionales, a quienes llamó a conducirse con ética y profesionalismo, Hernández Raigosa agregó que 40 por ciento de las quejas que recibe la procuraduría en torno a unidades habitacionales son por morosidad en el pago de cuotas, el resto por mascotas, así como invasión de espacios comunes y áreas verdes.