La actuación del gobierno federal en Oceanografía hace pensar que se trata de un fraude consentido, con ramificaciones extensas, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández.

Durante una reunión de la comisión especial para la atención y seguimiento del caso Oceanografía, la senadora Dolores Padierna pidió al funcionario que explicara cómo es posible que una empresa declarada en quiebra pueda pagar altísimos salarios a sus nuevos directivos.

Expuso que el SAE contrató como administrador general de Oceanografía a Luis Alfonso Maza Urueta, cuñado del ex gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, con un salario mensual de 619 mil pesos.

Igualmente, recalcó, se contrató como interventores, con salarios de 230 mil pesos mensuales cada uno, a Gustavo Enrique Bazúa y Alfonso Salvador Compeán. Se trata de los mismos servidores públicos que estuvieron a cargo de la falsa quiebra de Luz y Fuerza.

La legisladora perredista pidió a Orozco explicar el hecho de que hubiera contratado como abogado del SAE a Sergio Viveros Romero, quien fue el abogado de Amado Yáñez, el principal accionista de Oceanografía y responsable del fraude. Le hizo notar que hay una gran opacidad y contradicciones en la forma en que ha actuado el organismo a su cargo.

El titular del SAE sostuvo que no ha contratado a nadie que incurra en conflicto de interés y justificó los altos salarios del administrador y los interventores con el argumento de que no puede tomar decisiones fuera de mercado, ya que quienes trabajan para la empresa deben tener sueldos acordes al mercado y su responsabilidad.

Por su parte, el también perredista Mario Delgado le hizo notar que el SAE no ha entregado a esa comisión senatorial los detalles de la valoración técnica para decidir el curso de acción de los bienes y la cartera de Oceanografía de manera que se pueda entender la dimensión del fraude cometido contra Banamex y, sobre todo, su impacto en Petróleos Mexicanos.

Advirtió que hasta ahora las acciones del SAE para administrar Oceanografía han sido bajo la lógica de proteger la fuentes de empleo, pues han dicho que éste es un conflicto entre particulares y no afecta al interés público, pese al fraude a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La presidenta de esa comisión, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lizbeth Hernández Lecona, preguntó al titular del SAE el número de trabajadores con que cuenta ahora Oceanografía y cómo se han defendido sus derechos, lo que permitió al funcionario explayarse en el tema.

Orozco Fernández sostuvo que el SAE ha cumplido con las obligaciones. Se han respetado los derechos de los 4 mil trabajadores e incluso se registró a todos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y se logró el acceso a la seguridad social.