Familiares de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, instalaron un plantón en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos e iniciaron una huelga de hambre, la cual no levantarán hasta ser recibidas por el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Se trata de tres mujeres de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quienes lamentaron que aun cuando el año pasado el gobierno federal se comprometió a darles audiencia y resolver los crímenes, hasta ahora no han recibido una respuesta oficial.

Son Silvia Banda y Bertha García, madres de Fabiola Valenzuela y Brenda Berenice Castillo, desaparecidas en aquella ciudad fronteriza en 2010 y 2008, respectivamente, y cuyos cuerpos aparentemente fueron encontrados, aunque ellas insisten en que no son los restos de sus hijas; así como Malú García Andrade, hermana de Lilia Alejandra, secuestrada, violada, torturada y asesinada en febrero de 2011.

Acompañadas de una treintena de integrantes de otras agrupaciones sociales y estudiantiles, las tres mujeres lograron llegar ayer por la mañana hasta la puerta que da acceso al salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, donde comenzaron a instalar su plantón. Al mismo tiempo, otro grupo de manifestantes realizaba un mitin en la Estela de Luz, para brindarles apoyo y anunciar que en esos momentos iniciaban la huelga de hambre frente a la casa presidencial.

Ambos hechos generaron la movilización inmediata de los elementos del Estado Mayor Presidencial. Un grupo bloqueó el paso en avenida Chivatito, muy cerca de Paseo de la Reforma, mientras otro llegó hasta el acceso principal de Los Pinos para impedir la instalación del plantón, por lo que desalojaron a las mujeres y sus acompañantes.

Malú García señaló que la intención era instalarse en ese sitio, pero los elementos de seguridad nos dijeron que tienen el deber de resguardar el edificio y nos mandaron un equipo que nos movió de ahí. De forma tranquila nos invitaron a retirarnos, pero no por ello fue menos humillante e insultante. Con esto queda demostrado que al gobierno le importa más un edificio que la vida de cientos de mujeres que son desaparecidas y asesinadas en Chihuahua.

Recordaron que en junio del año pasado instalaron un plantón en la Secretaría de Gobernación, el cual se levantó tras un acuerdo en el que, entre otros puntos, se incluía una audiencia. Pero, más de un año después, el gobierno federal no ha cumplido su compromiso.

Algunas de las exigencias de Nuestras Hijas de Regreso a Casa son que el gobierno federal cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Campo Algodonero –referente a tres casos de feminicidio– y elabore una base de datos de personas desaparecidas en todo el país..