El monto de las indemnizaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos será determinado por un grupo de trabajo integrado por las secretarías de Gobierno, Finanzas, la Contraloría General y la dependencia responsable de reparar el daño, según marcan los lineamientos en la materia dados a conocer por el Gobierno del Distrito Federal.

El pago de dichas indemnizaciones, señala el documento publicado ayer en la Gaceta Oficial, se realizarán única y exclusivamente a las personas reconocidas por las comisiones local y Nacional de los Derechos Humanos, ya sea en procesos de conciliación o recomendaciones que hayan sido aceptadas por el gobierno capitalino.

En éstas se deberán tomar en cuenta los derechos violados, la temporalidad, el impacto biosicosocial, además de que se podrá solicitar la inclusión del afectado en algunos de los programas sociales del gobierno capitalino, sin más requisito que presentar una identificación.

Agrega que la reparación podrá ser por daños materiales o sicológicos. En el primer caso, el cálculo se realizará según las afectaciones patrimoniales al afectado y las pretensiones que tenga. En caso de violaciones, como desaparición forzada, detención extrajudicial o muerte, en la cuantificación se deberá tomar en cuenta la pérdida del ingreso que tenía la persona afectada, incluir una proyección anual inflacionaria, así como la esperanza de vida.

En el segundo caso, el pago deberá considerar la percepción e impacto del daño emocional ocasionado y acercarse a las pretensiones de la víctima. Agrega que en el caso de las tres violaciones ya mencionadas, además de violencia sexual y tortura, “siempre se presumirá que existe daño inmaterial en las víctimas.

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos local consideró que los lineamientos constituyen un avance significativo, pues se trata de un mecanismo homologado para que las dependencias del gobierno de la ciudad cumplan con su obligación de reparar el daño mediante el resarcimiento económico.

Agregó que para determinar estos lineamientos se retomaron estándares internacionales para la reparación del daño material e inmaterial, y se garantiza el derecho de audiencia, la consideración diferenciada para las personas que hayan sido víctimas de violaciones graves o se encuentren en una situación de vulnerabilidad, entre otras.