Sao Paulo, 22 de septiembre.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien buscará la relección en dos semanas, afirmó que hubo un malentendido con sus declaraciones del viernes, cuando dijo que la función de la prensa es difundir información y no realizar investigaciones, en relación con los reportes periodísticos sobre el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La prensa investiga para informar, incluso para proporcionar pruebas; sin embargo, no son ni pruebas, lo correcto es llamarlas indicios, zanjó la mandataria. Esto, en reacción a las diversas filtraciones en los medios de comunicación de supuestas pruebas sobre la existencia de una red de corrupción que afectaría a varios ex directivos de Petrobras, así como a decenas de legisladores.

La candidata del Partido de los Trabajadores (PT izquierda) explicó que sus declaraciones se referían al papel de la prensa en un proceso penal, donde las únicas pruebas válidas son las que presenta la Policía Federal y el Ministerio Público. Reprochó que ahora nadie dice si la información es correcta sobre la comparecencia ante al justicia del encarcelado ex directivo de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Desde que estalló el escándalo, ya en plena campaña electoral, el goteo de filtraciones en diferentes medios brasileños sobre la declaración de Costa es casi diario.

“El periodismo de investigación puede incluso proporcionar elementos. Recordemos un caso clásico, la Garganta Profunda del caso Watergate, que ofreció elementos, pero quien aportó las pruebas fue la investigación oficial”, afirmó Rousseff, al citar el escándalo político que destaparon dos periodistas estadunidenses en los años 70 y que culminó con la dimisión del presidente Richard Nixon.

Marina Silva, candidata socialista que mantiene un empate técnico con Rousseff para una segunda vuelta electoral prevista para el 26 de octubre, descartó buscar la relección si resulta ganadora, por considerar que eso significa un atraso para el país. Explicó que propiciaría una reforma para extender el periodo presidencial de cuatro a cinco años y prohibir la relección.