En México más de la mitad de las dependencias públicas no tienen un control documental de sus gestiones, y muy pocas cuentan con archivos digitalizados.

Con base en este diagnóstico, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo presentará en este periodo de sesiones una iniciativa de ley general de archivos.

Si bien el gobierno federal tiene como prioridad actual la aprobación de la ley de protección a la niñez (iniciativa preferente enviada al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto), también busca presentar en breve la nueva normatividad para juegos y sorteos, incluida aquí la regulación de los casinos.

En esta lista de la agenda legislativa aparece un tercer tema, relacionado con la necesidad de homogenizar los sistemas de archivo de los tres niveles de gobierno.

Por lo pronto, la semana entrante concluye una ronda de foros regionales sobre el tema, para generar propuestas y llevarlas a los legisladores.

Los especialistas en materia de archivos y acceso a la información advierten de un alto porcentaje de rechazo de solicitudes de información pública. Las dependencias consultadas suelen esgrimir el argumento de que el documento requerido es inexistente.

En realidad, alertan, no hay un orden de la gestión pública, lo que redunda en afectaciones a la transparencia, derecho a la información y rendición de cuentas.

Según fuentes de Gobernación, no había (por lo menos previo a las declaraciones del coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Precidado) obstáculos para avanzar en la aprobación de la iniciativa preferente sobre protección a la niñez; incluso se trabaja a la par la legislación en materia de competencia; de grupos vulnerables y derechos humanos.

En esta ruta se presentará hacia el final del periodo ordinario de sesiones la iniciativa en materia de archivos, con la cual también se normarían las bases en materia del manejo de datos personales y de la gestión pública, hacia una transición tecnológica de archivos digitales.

Al respecto, María Teresa Dorantes, presidenta de la organización Archiveros sin Fronteras, dijo que es buena la intención de atender lo relacionado con los documentos electrónicos, pero antes se debe resolver la problemática de los archivos en papel.

Indicó que la ley federal actual es muy deficiente, porque se deforma el aspecto central de esta tarea, así como las edades de los archivos: administrativa, secundaria o histórica y patrimonial.

Los especialistas de este grupo proponen replantear, desde las bases de una eventual iniciativa de ley, el tipo de Estado que hay en México, en el enfoque del replanteamiento de la archivística en la gestión pública, y no alentar trampas como la incluida en la actual ley, que prevé la existencia de un archivo histórico confidencial.

También es necesario que en la normatividad se analicen los recursos que deben darse no sólo al acceso a la información pública, sino también a la planeación de los archivos; para ello se requieren más profesionistas y técnicos, pero mejor pagados.

En los foros regionales, coordinados por el Archivo General de la Nación y gobiernos estatales, se analizan los sistemas de archivos y rendición de cuentas; las tecnologías de la información; la digitalización y el uso de la tecnología, y los controles de gestión documental.