Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron a la Procuraduría de Justicia Militar copias de las declaraciones que soldados y mandos de la 22 Zona Militar han rendido ante autoridades castrenses, mismas que con la PGR investigan los hechos del 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, estado de México, cuando 22 presuntos secuestradores fallecieron en un enfrentamiento con el Ejército mexicano, según el reporte oficial.

Las autoridades militares y civiles consultadas por La Jornada mantienen en total hermetismo el contenido de las declaraciones de soldados y mandos que participaron en ese operativo.

Lo único que informaron los funcionarios entrevistados fue que como parte de la misma indagatoria se tiene muy en cuenta el testimonio otorgado a un medio de comunicación estadunidense por una de las mujeres supuestamente rescatadas tras los hechos, quien refirió que los militares interrogaron y asesinaron a 21 hombres y a una mujer menor de edad, quienes ya se habían rendido ante los efectivos castrenses.

La PGR designó desde la semana pasada un equipo de especialistas en diversas disciplinas para investigar qué sucedió el 30 de junio en Tlatlaya.

Este caso ha llevado a Human Rights Watch (HRW) a pronunciarse en el sentido de que las autoridades mexicanas deben aclarar el tema, pues de confirmarse lo dicho por la testigo, México estaría frente a una de las peores masacres de civiles.

Versión oficial

La versión oficial, dada a conocer por la Sedena el mismo día de los hechos, indica que los militares realizaban un recorrido cuando encontraron una bodega que era custodiada por personas armadas, quienes comenzaron a disparar en su contra. Añade que después de que los soldados repelieron el ataque, en el que murieron 22 presuntos delincuentes, fueron halladas tres mujeres que se encontraban presuntamente secuestradas.

No obstante, una revista estadunidense dio a conocer que la testigo estuvo retenida una semana en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Toluca y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde fue obligada a firmar documentos y a ser fotografiada junto a las armas incautadas.

A mediados de julio, la agencia de noticias Associated Press difundió un cable en el que sugirió que la muerte de los 22 civiles pudo haber sido por fusilamiento, dado que había poca evidencia de un enfrentamiento armado.

Sólo seis andanadas parecen haber hecho impacto en la fachada del depósito, la única parte del edificio con ventanas o puertas en la que los soldados habrían disparado a la gente parapetada en su interior (...) Tampoco había indicios de un tiroteo intenso dentro del edificio, pocos orificios de bala y ningún casquillo, expuso la agencia de noticias.