Muchos de los compuestos que se desbordaron son metales pesados, advierte
Lunes 22 de septiembre de 2014, p. 3
El saneamiento por el derrame de sustancias tóxicas en dos ríos de Sonora, provocado por el consorcio Grupo México, tardará entre 15 y 20 años, aseguró Alberto Rojas Rueda, encargado de política ambiental de Greenpeace México.
‘‘Esto no sólo implica reparar el daño de lo que ya se afectó, sino que hay una serie de sustancias que se van quedando en el fondo y las laterales de los ríos, lo cual implicará un gran costo para eliminar todos los contaminantes. Será un saneamiento pasivo que la misma naturaleza va a terminar haciendo a través de la lluvia, por sedimentación o cuestiones físicas y biológicas de la misma microflora que hay en el lugar, la que lo absorberá, y eso tarda tiempo, porque muchos de los compuestos que se desbordaron son metales pesados’’.
Sin embargo, dijo, con el paso del tiempo esto generará toxicidad en la población y los animales. ‘‘Lo que puede suceder es que los contaminantes pasen de la cadena alimenticia de algunas plantas, animales y terminen bioconcentrándose, ocasionando toxicidad a los animales mayores, a otros depredadores y al hombre mismo.
‘‘Lo veremos de cinco a ocho años en promedio, sin considerar otros derrames que se están acumulando, como los recientes y los que vengan. Saber con claridad cuándo va a terminar de resolverse este problema es muy difícil, porque son vertimientos constantes, y quién sabe cuántos más hubo de los cuales no nos enteramos hasta que se dieron a conocer los de Sonora.’’
Respecto de los contaminantes que corren por el río Bacanuchi, debido a que se reventó la represa de contención de tóxicos que de forma provisional se construyó en la mina Buenavista del Cobre, dijo que ‘‘con las recientes lluvias las presas se rebosaron, redujeron su capacidad para contender los lixiviados que provienen de las minas y esto es muy grave.
‘‘Quiere decir que las presas no estaban diseñadas para prevenir un desastre. ¿Qué autoridad omitió verificar esto? Esa omisión es grave porque deberían supervisar que se cumpla con las medidas de mitigación e impacto ambiental’’, insistió.
Indicó que si el gobierno federal tuviera interés en prevenir este tipo de desastres ‘‘debería fortalecer las leyes ambientales y dotar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de más y mejores inspectores para que hagan supervisiones aleatorias, particularmente a las presas asociadas con minas’’.
Asimismo, deploró que las leyes Minera, General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Medio Ambiente, así como la de Aguas Nacionales, tengan ‘‘capacidades muy limitadas para que estos daños al medio ambiente se puedan reparar y se sancione a los culpables’’.
Agregó: ‘‘Lamentablemente, en estas leyes no existen seguros de responsabilidad ambiental; hay de responsabilidad civil, pero en ese caso es para pagarle al dueño o al titular de la propiedad el daño a su patrimonio; cuando hablamos de responsabilidad ambiental nos referimos a un bien colectivo. Aquí hay un problema, porque en México no hay ningún seguro de tipo ambiental. En el mercado no existen empresas que lo tengan porque es muy difícil valorizar cuál es el posible daño ambiental de una afectación como ésta; a veces es incuantificable.
‘‘Cuando pasa algo como lo que sucedió en ríos de Sonora no hay mecanismos financieros que permitan paliar los gastos, porque el gasto no va dirigido a la persona que ya está afectada, a la que se quemó, intoxicó; el verdadero problema es el saneamiento del río y de la cuenca en general, y eso es tan caro que nadie lo está previendo’’.
Añadió que el gobierno federal debería incrementar las penalidades no sólo administrativas, sino retirando a las empresas responsables la autorización de impacto ambiental de la mina y clausurar por completo su operación.
‘‘Es necesario incluir en el Código Penal Federal penas que no sólo sancionen a quienes diseñaron mal la infraestructura de alguna presa, sino también a los corporativos, a los socios de las empresas, porque al final son los que hoy están impunemente viajando por todo el mundo, ya que la ley no prevé sanciones penales para ellos.
‘‘En el momento en que por una contaminación así puedan responsabilizar a los socios de una empresa del tamaño de Grupo México, seguro dejarán de hacer esas cosas, porque ya implica perder su libertad. Hoy día, como sólo tienen sanciones económicas de muy baja cuantía, no les importa estar contaminando. Nadie nunca los va a meter a la cárcel, ni nadie nunca les va a quitar el dinero que tienen.’’
