La Paz, BCS, 20 de septiembre.

A seis días del impacto del huracán Odile en Baja California Sur, el municipio de Los Cabos permanece en su mayor parte sin servicios públicos, agua, luz y telecomunicaciones; en La Paz, la alcaldesa Estela Ponce Beltrán reportó un avance de 60 por ciento de restablecimiento de agua y luz, así como parcialmente el uso de telefonía fija, abasto de gasolina y el restablecimiento de actividades en puertos y aeropuertos.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del estado confirmó la muerte de Simone Good, quien junto con su esposo había desaparecido durante la tormenta en el velero Tabasco. Con este fallecimiento suman cinco los relacionados con el meteoro.

La Secretaría de Educación Pública anunció que la próxima semana se mantendrán suspendidas las clases en todos los niveles de La Paz y Los Cabos. En este último podría extenderse la interrupción de labores una semana más debido a las severas afectaciones a la infraestructura escolar y a la falta de servicios.

En La Paz, la dependencia reportó que 248 escuelas cerradas y 180 mil alumnos que no van a tener clases; pero el secretario estatal de Educación, Héctor Jiménez Márquez, expresó que los docentes tienen la instrucción de acudir a los planteles para colaborar con las tareas de limpieza.

El secretario técnico de la presidencia municipal de La Paz, Juan de la Peña Salgado, dijo que en un balance general de daños se calculó en 2 mil millones de pesos la infraestructura urbana dañada en esa ciudad.

En materia de seguridad, la alcaldesa dijo que se estableció vigilancia en sucursales bancarias y centros comerciales y la autoridad anunció rondines sábado y domingo en las colonias que permanecen sin electricidad.

También se contratará –en una primera etapa– a 3 mil 340 personas como parte de los programas de empleo temporal para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.

Los Cabos permanece, la mayor parte, sin servicios de agua, luz y telecomunicaciones y los grupos de autodefensa resguardan las colonias. La zonas dorada y turística son vigiladas por miles de efectivos del Ejército, Gendarmería y Policía Federal.

Por falta de servicios, temor a actos vandálicos y desabasto de víveres en Los Cabos, sus habitantes continúan el éxodo y prefieren trasladarse a hoteles de La Paz, que tienen ocupación de 100 por ciento.

Como resultado de los retenes instalados en La Paz para revisar vehículos y detener a quienes participaron en los saqueos de negocios y tiendas departamentales, la procuraduría local informó que se han revisado casi 10 mil vehículos y 26 mil personas. Se ha detenido a 18 hombres y tres mujeres, a quienes les decomisaron unos 2 mil 300 artículos, que van desde ropa interior hasta pantallas planas.

Autoridades estatales indicaron que se aplicará todo el peso de la ley y dijeron que la rapiña está catalogada como delito grave sin derecho a fianza, que como mínimo se castiga con dos años de prisión.

El gobernador Marco Covarrubias Villaseñor recorrió la zona norte del estado y precisó que en el municipio de Loreto prácticamente los servicios se restablecieron totalmente, y negocios, restaurantes y hoteles están abiertos al turismo nacional e internacional.