olpear a los trabajadores reduciendo sus condiciones laborales, ampliando sus jornadas, domesticando a sus sindicatos y agilizando el despido barato, se ha convertido en deporte nacional. Pese a lo lamentable, esta vorágine depredadora no encuentra mínimos contrapesos, el sindicalismo está en su peor momento, la justicia laboral tripartita es una simulación y los gobiernos, salvo excepciones, no tienen voluntad política para defender a la gente y optan por ocultar los problemas o hacer causa común con las empresas que cada día aprietan más duro a los trabajadores. Ello explica nuestra miseria salarial y por qué en las comparaciones internacionales ocupamos los peores lugares en todos los renglones laborales, salvo en el de la corrupción en el mundo del trabajo y el de los altísimos salarios de funcionarios públicos o ejecutivos empresariales, temas en los que desafortunadamente ocupamos los primeros sitios.

En este escenario es importante valorar y destacar las pocas iniciativas gubernamentales que se generan en favor de los trabajadores. En el ámbito de la ciudad de México su gobierno ha ido construyendo en meses recientes una agenda que incluye el espinoso tema de la propuesta para mejorar el salario mínimo, la subcontratación u outsourcing y la regularización de todos sus empleados, incluidos los de honorarios, subcontratados y falsos temporales, con el fin de otorgarles estabilidad y seguridad social.

La semana anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a convocatoria de su Comisión de Trabajo, invitó a distintas instancias e instituciones a reflexionar sobre los instrumentos y mecanismos necesarios que permitan lograr equilibrio legal y defensa de las condiciones de trabajo frente al fenómeno de la subcontratación. Participaron académicos y representantes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Comisión de Derechos Humanos del DF y diversas fundaciones e integrantes de la sociedad civil. Después de una amplia polémica se llegó a la conclusión de que la subcontratación no se regula debidamente, razón por la cual está impactando negativamente al empleo, abaratando su valor, precarizando sus condiciones, y en consecuencia incrementando la postración de los trabajadores.

El foro analizó la reforma legal de finales del 2012, la cual dejó claro que la subcontratación debe tener carácter excepcional, ya que la regla general es una relación bilateral en la cual quien recibe la prestación de un servicio reconoce su responsabilidad frente al trabajador; en la subcontratación, en cambio, se genera una triangulación donde, mediante un contrato mercantil, un tercero (el subcontratista), asume la responsabilidad laboral para liberar al beneficiario del servicio de sus responsabilidades patronales, aun cuando se beneficia del servicio del personal subcontratado. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 se establecieron tres condiciones para que esa subcontratación adquiriera estatus legal, mismas que de no atenderse obligarían al receptor del servicio a asumir plenamente sus obligaciones como patrón. La subcontratación no puede ser general, principio que coloca a las llamadas empresas de servicios en condiciones de ilegalidad; la subcontratación debe limitarse a personal especializado que se justifique en razón del proceso productivo, y debe respetarse el principio de igualdad entre los trabajadores subcontratados y quienes laboran al servicio de la empresa beneficiaria o contratante.

En el espacio de las propuestas concretas para generar una política laboral incluyente y apegada a la legalidad en la ciudad de México se plantean diversas alternativas: la primera, apoyar la iniciativa del gobierno de la ciudad de México para regularizar a 40 mil trabajadores contratados por honorarios o de forma temporal, 26 mil mujeres y 14 mil hombres. Ello generará seguridad social y estabilidad personal y familiar, no sólo a los indocumentados laborales; también incrementará el sector formal con efectos positivos para la economía. Un ejemplo que deberían seguir el gobierno federal y otros estados.

Se subrayó la importancia de fortalecer la Inspección Laboral en la Ciudad de México, la cual es prácticamente inexistente, por la carencia de recursos ahora más urgentes tomando en cuenta el nuevo esquema normativo de la inspección, que amplía las facultades de esta importante función; ello justifica la necesidad de una ampliación presupuestal por parte de la Asamblea Legislativa.

Se sugirió una revisión de las tareas de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local para que asuma un protagonismo más amplio y activo en la defensa de los trabajadores, fortaleciendo sus atribuciones en temas como el litigio estratégico y la representación en conflictos colectivos y la gestión para un verdadero cambio en contra de los vicios estructurales que rigen en la ciudad. En pocas palabras, que se convierta en un auténtico ombusdman de los trabajadores y no en una oficina que gestione liquidaciones bajas.

La contratación colectiva amplia y auténtica es, conforme a la experiencia internacional, el gran medio para evitar abusos. En el caso de la ciudad de México, esta institución laboral se encuentra en condiciones lamentables y es casi inexistente en la mayor parte de las ramas de actividad. Es el contratismo de protección patronal sustentado en prácticas corruptas y fraudulentas el que impera en la realidad. Se requiere generar una serie de iniciativas gubernamentales para rescatar la contratación colectiva apoyada en la vigencia de convenios internacionales 87, 98 y 154 en materia de derechos colectivos y la recomendación 198, que impone a los estados miembros de la OIT la obligación de luchar en contra de las relaciones de trabajo encubiertas, entendiéndose que existen cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica. Más claro ni el agua.