Debemos especificar el detrimento patrimonial, indica Ríos Garza
Sábado 20 de septiembre de 2014, p. 33
La Fiscalía de Servidores Públicos trabaja para cuantificar el detrimento patrimonial
que sufrió el erario debido a las irregularidades denunciadas por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal contra 15 funcionarios públicos, relacionados con el diseño y la construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza, explicó que al determinar el daño se podrá presentar el expediente ante el juez penal. “La Contraloría General realizó este informe; sin embargo, en una averiguación previa debemos contar con un dictamen contable para establecer, primero, el detrimento patrimonial.
Es decir, un documento que cumpla con las características legales para que en caso de que proceda, sea presentado ante un juez penal, es lo primero que nosotros debemos determinar
, apuntó el funcionario.
Cuando se cumpla con este procedimiento se realizarán las diligencias y se citará, si es el caso, a los presuntos responsables, agregó el procurador capitalino.
Aclaró que los funcionarios o ex servidores públicos que sean señalados contarán con la garantía de audiencia, es decir, en el momento que sea necesario dentro de la integración de la averiguación serán llamados a declarar y, por supuesto, insisto, tendrán el derecho de poder desvirtuar las imputaciones que pudieran tener en su contra
.
Reiteró que son siete las imputaciones que se hacen contra 15 servidores públicos, entre los que se encuentra Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro Distrito Federal y por las cuales 11 estaciones de la también llamada línea Dorada suspendieron el servicio, ante el riesgo que significaba para los usuarios.
Por otra parte, procurador capitalino señaló que las tres denuncias presentadas por presuntos actos de sabotaje a las instalaciones del STC contra quien resulte responsable, las lleva la Agencia Especializada del Metro, pese a que una de ellas se inició en la Fiscalía de Cuauhtémoc.
Ríos Garza explicó que se hicieron algunas diligencias para verificar si se acredita el delito de sabotaje y detalló que se llamó a comparecer a algunas personas por diversas anomalías.
El funcionario capitalino rechazó entrar en detalles sobre la investigación porque vamos a esperar a que vengan los dictámenes de Servicios Periciales de la procuraduría
.