Guerrero

Defensa férrea de la
tierra, clave en la lucha
contra la presa La Parota

Lourdes Rudiño

El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, es emblemático tanto de las formas ilegales de ocupación de tierras rurales como de la defensa por diversas vías de los afectados.

Hoy por hoy, ese proyecto, iniciado hace 11 años en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está frenado y los opositores refrendan su convencimiento de que deben utilizarse absolutamente todos los medios de defensa, incluidos los legales, a pesar de estar pervertidos, pero sobre todo la movilización social, la presencia campesina masiva en las propias tierras. Y ello –afirma Rodolfo Chávez, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)– habrá de acentuarse ahora que la reforma energética ha debilitado los mecanismos de posesión agraria para favorecer a los megaproyectos y a las trasnacionales.

En entrevista, Chávez recuerda que en enero de 2003 campesinos de la comunidad de Cacahuatepec, en Acapulco, observaron la realización de trabajos de excavación en sus tierras, mismos que persistieron seis meses. Consultados, los ingenieros y trabajadores dijeron que eso era un proyecto, “pero no dijeron cuál, ni tampoco tenían permisos, ni de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), ni de cambio de uso de suelo de la entonces existente Secretaría de Reforma Agraria, ni tenían proceso expropiatorio y mucho menos tenían permiso de los comuneros y ejidatarios. Y además dijeron que eso afectaría sobre todo a tres pueblos”. La respuesta de la comunidad fue parar las máquinas. Después se enteraron que todo esto respondía al plan de la CFE por construir La Parota, una obra que ocuparía cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, Tierra Colorada, San Marcos y Teconapan), y el más afectado sería Acapulco, en particular los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se integró el CECOP y donde se pretendía levantar la cortina de la presa. La resistencia campesina empezó el 28 de junio.

Y cada vez más comunidades y pueblos se sumaron. “La lucha empezó sin claridad de que eso era defensa de derechos. Era defensa del derecho a su propia tierra. Se instalaron plantones en los caminos para impedir el paso de la maquinaria, de los camiones y de los ingenieros, de todo lo que pretendía entrar por allí, y del proyecto. En cada camino por el que la CFE quería entrar se puso un plantón y esos plantones –en los cerros, junto al río, en áreas despobladas, de selva, y en otras pobladas– duraron cinco años, día y noche, entre 2003 y 2008; estaban allí sobre todo mujeres. El principal signo de triunfo del movimiento fue estar en posesión del lugar.

Protesta en el río Papagayo contra el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero FOTO: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota

A partir de eso el CECOP inició procesos de carácter legal, “todos supeditados a que había un movimiento fuerte y que el movimiento estaba posesionado del territorio, que había una fuerza real, física, y en número importante, dispuesta a defender la tierra con su propia vida. Esto lo digo porque hay otros lugares donde se han dado luchas legales, por ejemplo el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, o Zapotillo, Jalisco, que tienen incluso más juicios ganados que nosotros, pero carecen de la fuerza suficiente en el lugar de los mismos propietarios de la tierra. Esto es relevante porque se ha hecho evidente que el gobierno no respeta sus leyes. Hay juicios legales ganados en casos como la minera San Xavier, y el gobierno pasa de largo las decisiones legales; hace lo que quiere.

“El derecho es una vía y hay que saber utilizarlo, pero si no se tiene la fuerza suficiente en el lugar de los afectados, no va a ser posible que echen abajo los proyectos”, subraya.

El entrevistado comenta que cuando en 2004 la CECOP decidió defenderse legalmetne, la situación obligó a la CFE y a la Semarnat a realizar una consulta pública sobre el proyecto. Allí los campesinos llevaron unas sandías grandes para demostrar que las tierras son productivas en agricultura –lo cual desde el gobierno descartaba–, y hubo confrontación pues “nos dijeron que tenían detectados a los cabecillas del movimiento y que teníamos órdenes de aprehensión. A grito pelado les dijimos que eran unos cínicos y que ellos son los que debían estar en la cárcel. Entonces ya habían encarcelado a dos compañeros; la fuerza del movimiento obligó al gobernador, René Juárez entonces, a sacarlos de la prisión”.

Luego la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) un día antes de vacaciones de fin de año para que nadie pudiera iniciar una acción legal, “y les dijimos, ya tienen la MIA, sí, pero no pueden hacer la presa pues es nuestra decisión que no se haga”.

El CECOP buscó también defenderse con instrumentos agrarios. “Les dijimos que se había hecho consulta, y entonces promovieron asambleas comunales de forma manipulada”. Aliados, la CFE, el gobierno del estado (ya en 2005 bajo el mandato de Zeferino Torreblanca), la Procuraduría Agraria y policías de diversas corporaciones indujeron asambleas alejadas de las comunidades, con presencia policial, con taxistas que se hacían pasar por comuneros, y en sesiones de 20 minutos lograban acuerdos de cambio de uso de suelo. La primera de esas asambleas provocó una confrontación entre mil 500 policías y cinco mil comuneros. Por la irregularidad de tales asambleas fue que se convocaron nuevas asambleas, pero cometieron el error de citarlas con 15 días de diferencia respecto de las primeras, cuando lo correcto es que medie un mes entre una y otra debido a que se trata de asambleas calificadas para cambio de uso de suelo. Ese fue el factor técnico que llevó a los tribunales agrarios a dar por inválidas las asambleas.

Esto fue por supuesto un gran triunfo para el CECOP, muy definitivo, “pero nunca se dejó la lucha directa, que ha sido lo principal y sobre todo respaldada por asambleas dominicales que hemos tenido en 11 años”. Además el CECOP ha contado con la solidaridad de organizaciones nacionales y de representantes de instancias internacionales, como los relatores de vivienda y de pueblos indígenas de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ante ello, “el gobierno federal no decía nada, pero lo que hacía era seguir aprobando el presupuesto para La Parota cada año, con excepción del 2009. No sé si el presupuesto, que continúa asignándose hoy día, es para La Parota o para embolsárselo, o las dos cosas”.

Rodolfo Chávez relata la serie de trampas que el sistema judicial y policiaco la ha puesto a él y a otros integrantes del CECOP para amedrentar al movimiento, con órdenes de aprehensión (aun existiendo amparos), acusaciones falsas –por ejemplo del secuestro de un ingeniero–, etcétera. En junio pasado fue detenido Marco Antonio Suástegui, uno de los líderes del CECOP, y de manera irregular lo enviaron a una prisión de alta seguridad en Nayarit –que es para sentenciados, no para procesados como él; ello ha dificultado enormemente su defensa legal.

El entrevistado reconoce que el panorama no es bueno. Ahora la reforma energética “tiene en el banquillo de los acusados” al derecho de posesión de la tierra. “Y es muy posible que en cuanto las trasnacionales comiencen a venir por acá inicien un proceso de despojo muy grave”. Pero insiste en que la presencia masiva de los dueños de la tierra defendiéndola, es fundamental.

Chiapas

Mujeres indígenas en defensa de la
madre tierra y de su derecho a ella

Gloria Guadalupe Flores Ruiz* y Gisela Espinosa Damián**
*Integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC **Académica de la UAM-Xochimilco

FOTO: Gisela Espinosa Damián

Del 24 al 26 de julio de 2014 se juntaron en la Universidad de la Tierra (Unitierra) de San Cristóbal de las Casas 300 mujeres representantes de ejidos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de otros lugares del país, para decir su palabra en el foro Análisis y Construcción de Alternativas: Tenencia, Uso y Usufructo de la Tierra para las Mujeres.

“Es urgente la defensa de nuestros territorios –dijeron las mujeres–, porque ahí vivimos y convivimos en comunidad, con las plantas, las flores, los animales, las montañas, los ríos y los lagos. En nuestra madre tierra nacen y crecen nuestros hijos e hijas, crecieron y murieron los abuelos y las abuelas. Para nosotras, la tierra es vida, alimento, casa, agua, sol, identidad… De ella vivimos y en ella trabajamos, por eso la cuidamos. Si nos despojan del territorio, van a morir las montañas, los árboles, el agua y el aire; nosotras y nuestras familias quedaríamos esclavizados al sistema capitalista neoliberal y patriarcal y al proyecto de muerte que traen los malos gobiernos que ven a nuestros territorios como mercancías.

Y es que las asistentes al foro denunciaron que en los lugares donde habitan se promueven proyectos petroleros, mineros, ecoturísticos, eólicos, hidroeléctricos, de infraestructura carretera y aeroportuaria; la exploración –sin consulta ni autorización– de sus bienes naturales, y el robo de sus conocimientos tradicionales.

Como no son titulares de la parcela, el despojo avanza sin que ellas tengan información suficiente, enfatizaron. Nadie las consulta ni pide su parecer sobre el problema y sobre cómo defender la tierra. Por eso, luchan por la copropiedad y también proponen que se reconozca su derecho a participar y decidir, sean o no titulares de la tierra, pues la defensa territorial exige la fuerza de todas y todos, y no se vale –dicen–, que las mujeres luchen codo a codo pero no tengan derecho a saber, a hablar, a decidir y a vivir libres de violencia.

En tseltal, tzotzil y castilla fueron compartiendo, uno por uno, los agravios y temores, el coraje, la esperanza y la fe. Porque tienen fe en que los pueblos impedirán el despojo del gran capital; en que desactivarán las estrategias que instituciones como la Procuraduría Agraria, las secretarías de Medio Ambiente, de Agricultura y de Turismo, así como la Comisión Nacional Forestal, están utilizando para imponer estos proyectos. Por ejemplo:

a) Presionan a ejidatarios y comuneros a aceptar la titulación individual de sus tierras, para facilitar su venta, renta o cesión. Como en el ejido Aguacatenango, donde las tierras excedentes del perímetro ejidal que se reconocían como parte de éste, ahora son reclamadas como propiedad de la nación.

b) Criminalizan las luchas de resistencia y tergiversan sus discursos en los medios masivos de comunicación, como sucede en Atenco y en otras comunidades.

c) Hacen falsas y dudosas promesas: que habrá obras para la comunidad, fuentes de empleo, más recursos de programas como Oportunidades (hoy Prospera), o condicionan los apoyos de Pro-Agro (antes Procampo) para que la gente acepte las propuestas, como afirmaron las mujeres de Chicomuselo, Chilón, Pijijiapan, ejido Los Llanos y Atenco.

d) Obligan a las comunidades a rentar sus tierras y aceptar la reconversión productiva, el uso de transgénicos y la siembra de monocultivos para producir agrocombustibles. Imponen técnicas de cultivo que requieren mucha agua, agroquímicos y fertilizantes, como sucede en los invernaderos de tomate de Amatenango del Valle.

e) Presionan a las comunidades a abandonar su territorio para “proteger los recursos naturales”, aunque éstas los hayan ocupado con anuencia del gobierno y los hayan cuidado desde siempre, como sucedió antes de los 44 desalojos que ha habido en Montes Azules.

f) Cooptan y/o compran líderes y autoridades municipales, campesinas, ejidales y comunitarias, con el fin de que autoricen la introducción de proyectos sin consulta previa e informada de los pueblos, como relataron las compañeras de Chicomuselo, ejido Aguacatenango, Chilón, Huitiupan, Pijijiapan, Arriaga y Tonalá.

g) Militarizan territorios y reprimen movimientos de resistencia por medio de tortura sexual, amenazas, terror, instalación de retenes militares, detenciones, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes, para que sus proyectos y negocios se concreten. Ejemplo de esto es el asesinato de Mariano Abarca, de Chicomuselo, donde también se han librado órdenes de aprehensión contra mujeres en resistencia, o en Atenco y otros lugares.

h) Trazan proyectos carreteros que atraviesan comunidades indígenas y campesinas, entre ellos territorios de bases de apoyo zapatista.

i) Aprovechan tensiones entre comunidades y promuenven la disputa de tierras en lugar del diálogo y el acuerdo, con el fin de debilitar la resistencia campesina, como han hecho en La Candelaria, municipio de Venustiano Carranza, en Atenco y en otras comunidades.

j) Individualizan la entrega de recursos de programas oficiales para fraccionar y debilitar la soberanía de la comunidad, como denunciaron las compañeras de los municipios de Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria, preocupadas por el uso de esta práctica en los programas alimentarios.

k) Se apropian de conocimiento médico tradicional y sobre plantas alimenticias para patentarlo, como en San Miguel Caxanil, donde instituciones oficiales realizan con violencia un inventario nacional forestal en favor de este despojo.

“Mediante estas acciones y estrategias se violentan nuestros derechos –concluyeron–, en primer lugar, nuestro derecho como mujeres al uso y usufructo de la tierra, a través de políticas públicas y reglamentos que sólo reconocen a los hombres como propietarios o titulares. Violan constantemente nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para tratar asuntos agrarios; y cuando consultan, no convocan a las mujeres. Incumplen nuestro derecho a la salud, a la alimentación, al agua, al territorio, a la cultura e identidad indígena, a la igualdad, a la no discriminación; derechos que el Estado debiera proteger y garantizar según lo establece el artículo 1 de la Constitución.”

Destacaron que la violación a sus derechos tiene graves efectos: instituciones y empresas profanan sitios sagrados al considerarlos mercancía; atentan contra la biodiversidad, la cultura productiva, la soberanía alimentaria, la espiritualidad y la vida comunitaria. No sólo: también cometen crímenes de lesa humanidad al forzar el desplazamiento de miles de pobladores; agudizan el empobrecimiento y la marginación social, sometiendo, especialmente a las mujeres, a grandes cargas de trabajo, a más desgaste físico y emocional y a la explotación sexual y laboral, lo que incrementa su vulnerabilidad, pues las coloca en una mayor dependencia y subordinación ante los hombres y ante el Estado, al apropiarse de sus cuerpos, sus tiempos, sus decisiones y su vida. Pretenden manipular a las mujeres para controlar a la población y evitar protestas sociales y políticas; fomentan, por medio del mercado, el alcoholismo y las adicciones, así como el narcotráfico y el resto de la industria roja, lo cual aumenta la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

Por todo lo anterior, las mujeres reunidas decidieron organizar un movimiento amplio y unirse a los pueblos en resistencia para defender sus territorios, al tiempo en que exigen que las autoridades políticas y agrarias de todos los niveles y el gobierno:

“a) Respeten nuestro derecho a la tenencia, el uso y usufructo de la tierra y nuestro derecho a participar en las decisiones sobre la tierra y el territorio, sin usar como pretexto los usos y costumbres.

“b) Dejen de servir a los intereses del capital, de los países ricos y de los organismos mundiales de desarrollo y seguridad. Que gobiernen para los pueblos y dejen de vender nuestro país.

“c) Reconozcan a los pueblos indígenas y campesinos, en especial a las mujeres, como seres humanos con derecho a vivir dignamente, con respeto a nuestras culturas.

“d) Deroguen las leyes que legalizan el despojo de los pueblos indígenas y campesinos, porque son contrarias a las leyes internacionales que el mismo gobierno ha firmado.

“e) Detengan el desarrollismo contrainsurgente y la violencia paramilitar hacia las comunidades zapatistas, así como los engaños, abusos, las argucias legales y demás estrategias de imposición de los proyectos neoliberales.

“f) Detengan la ocupación de nuestros territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales, que cometen delitos de lesa humanidad, como Monsanto que, además de provocar enfermedades y muertes, crea dependencia de las semillas transgénicas y la contaminación y desaparición de las semillas criollas.”

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