20 de septiembre de 2014     Número 84

Pancho Villa y Calixto contreras
vivos y muertos: el agrarismo
revolucionario en Durango

Pedro Salmerón Sanginés ITAM [email protected] twitter@salme_villista

1.- En septiembre de 1913 inició un auténtico proceso de revolución social en el norte de México, impulsado por un poderoso ejército popular: la División del Norte. En diciembre de 1915 ese proceso y ese ejército popular habían sido destruidos, tras la guerra civil más violenta de la historia de México, y su propio recuerdo fue sistemáticamente arrancado de la memoria colectiva y reducido al mito de su jefe visible, Pancho Villa.

En la base del proyecto revolucionario villista estaba la transformación radical de la propiedad raíz, la propuesta agraria villista fruto de las demandas de los pueblos del norte, distintas de las mucho más conocidas del sur de la República, que tenían como vocero a Emiliano Zapata.

Porque el gobierno villista en Chihuahua empezó con un documento clave: el 12 de diciembre de 1913, apenas a cuatro días de ocupar la capital del estado y hacerse nombrar gobernador, Pancho Villa dio a conocer el Decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la Revolución, que entregaba al gobierno revolucionario la riqueza de la oligarquía agrupada en el clan Terrazas-Creel. Desde ese momento y durante dos años, los villistas administraron cerca de cuatro millones de hectáreas, una fundidora de hierro, molinos de trigo, empacadoras de carne, cuatro fábricas de hilados y tejidos, una compañía de tranvías, un banco y otras negociaciones que, descontando a las empresas de capital extranjero, constituían el grueso de la riqueza del estado. Al triunfo de la causa, decía el decreto, una ley reglamentaria determinaría lo relativo a la distribución de esos bienes que, mientras tanto, serían administrados por el Banco del Estado, creado por otro decreto del mismo día, con esos bienes como garantía de capital. Esos recursos permitieron financiar el aparato militar villista así como su política social.

En el texto del decreto del 12 de diciembre y en “el sueño de Pancho Villa”, que por esos días le contó Pancho al periodista John Reed, están las líneas principales del proyecto agrario del villismo, que habría de ser complementado por otros documentos promulgados en abril y mayo de 1914 por los gobernadores Manuel Chao y Fidel Ávila, y que, pasando por la Ley General Agraria de julio de 1915, habría de alcanzar su expresión más acabada, luego de la confluencia del villismo con el zapatismo, en el Programa de reformas políticas-sociales de la Convención. En el decreto del 12 de diciembre no sólo se expropiaban los latifundios, también se prometía restituir “a sus legítimos dueños, las propiedades que valiéndose del poder les fueron arrebatadas por dichos individuos, haciéndose así plena justicia a tanta víctima de la usurpación”. Pronto se entendió que esta promesa rezaba con las tierras de los pueblos despojados durante el porfiriato, como puede verse en el decreto relativo al deslinde y adjudicación de los terrenos expropiados a los soldados en servicio activo, sus deudos y “los pobres”, publicado por el gobernador Manuel Chao el 5 de marzo de 1914.

Aparecen así los pueblos como sujetos activos; son los pueblos del norte, base de la concepción democrática-militar del “sueño de Pancho Villa”: la república de pequeños propietarios independientes, armados y democráticos. La legislación villista posterior trató de dar forma no tanto a esta utopía, pero sí al ideal de la pequeña propiedad agraria, productiva e independiente, como base de la riqueza del país, un ideal constante en los clásicos del liberalismo mexicano. Las disposiciones villistas estaban encaminadas a impulsar por todos los medios la pequeña propiedad: tras la expropiación de los latifundios vinieron otros decretos sobre compra de terrenos, fraccionamiento de tierras municipales y baldías y expropiación “por causa de utilidad pública”: todas las figuras legales posibles para, sin violentar el derecho a la propiedad, poder repartir tierras entre los campesinos o “los pobres”.

No se proyectaba repartir las tierras y dejar a los nuevos propietarios a su suerte, pues entre las responsabilidades y funciones del Banco del Estado estaban otorgar créditos de avío a estos agricultores e impulsar las obras de irrigación y otras mejoras. Por su parte, el gobierno se comprometía a construir escuelas en los núcleos rurales y dar vida a escuelas y laboratorios agrícolas. Según las leyes agrarias, las adjudicaciones de tierras no serían gratuitas, sino en cómodos y módicos pagos, y la venta o enajenación de las tierras adjudicadas encontraba innumerables obstáculos o prohibiciones.

2.- Sin embargo, muchas de las disposiciones de la legislación villista, particularmente la Ley General Agraria, fueron redactadas por políticos maderistas incorporados al villismo, de tendencia legalista y moderada. Esto, sumado al conservadurismo de algunos delegados vilistas a la Convención durante 1915 (cuando Villa tenía preocupaciones mucho mayores que las relativas a la asamblea deliberante reunida en el centro del país), ha permitido a los detractores del villismo presentarlo como un movimiento conservador y/o sin principios.

En efecto, el villismo es un movimiento peculiar en el que la práctica avanza mucho más rápido que las palabras. Lo es porque empieza con el Decreto de expropiación, pero también porque en aquellas regiones que no eran centrales para financiar el aparato militar empezó a instrumentarse la revolución agraria, mostrando cuál era el modelo de nueva sociedad que el villismo instauraría después del triunfo.

Calixto Contreras

Una de esas regiones es la de los valles de Durango y particularmente el antiguo partido de Cuencamé (municipios de Cuencamé, Peñón Blanco y Santa Clara), donde antes de la revolución eran particularmente agudas las contradicciones entre los pueblos y las haciendas: en todo el partido sólo había cuatro pueblos libres, que en conjunto conservaban menos de diez mil hectáreas. El resto de la superficie del partido (980 mil hectáreas, en total) estaba ocupado por 14 haciendas, entre ellas la más extensa del estado.

Pero también fue ahí donde tuvo mayor vigor la resistencia de los pueblos contra la usurpación de sus tierras y sus recursos: demandas judiciales desde 1900; un motín armado y recuperación violenta de las tierras en 1905; consignación al ejército del dirigente de la resistencia, el campesino Calixto Contreras Espinosa, y finalmente, incorporación masiva a la revolución en noviembre de 1910 y a la División del Norte en septiembre de 1913, donde los campesinos de Cuencamé y del resto de la región de los valles se encuadraron en las brigadas Juárez de Durango y Ceniceros, de los generales Calixto Contreras Espinosa y Severino Ceniceros Bocanegra.

Pero antes de eso, y tras el triunfo del maderismo y luego de fuertes movilizaciones que obligaron al gobernador maderista de Durango a hacerlo así, Severino Ceniceros había sido nombrado jefe político de Cuencamé, con Calixto Contreras como comandante militar, al mando de los rebeldes en armas. Con ellos al frente de la vida política de la región, el cálido verano de 1911 estuvo marcado por las tomas de tierras y el cambio de personal en los gobiernos municipales. En julio de ese año, más de 30 mil hectáreas ricas en guayule de la hacienda Sombreretillos de Campa fueron invadidas por los campesinos de Santiago y San Pedro Ocuila. Poco después, los vecinos de Pasaje, reforzados por campesinos de Peñón Blanco y Cuencamé, invadieron cerca de 70 mil hectáreas de las mejores tierras guayuleras de la hacienda de Santa Catalina del Álamo y las tres mil hectáreas regadas por la presa Las Mercedes. Siguieron los vecinos de Peñón Blanco, que tomaron las casi diez mil hectáreas que disputaban con Santa Catalina del Álamo, y los manantiales del río Peñón Blanco, que hasta entonces había usufructuado la hacienda de Juan Pérez. No corrieron con la misma suerte, por falta de elementos, los vecinos de Tapona y de Sauces de Salinas quienes, de todos modos, no tuvieron que esperar mucho para hacerse con las tierras que ambicionaban. En Tapona, ante la imposibilidad de reclamar tierras usurpadas, los peones se declararon en huelga para exigir el incremento del jornal a un peso diario.

Dos años después, dos años más de lucha revolucionaria, en junio de 1913 las fuerzas de Contreras y Ceniceros, junto con las de los generales Tomás Urbina, compadre de Pancho Villa y antiguo bandolero; Orestes Pereyra, herrero magonista de Gómez Palacio, y Domingo Arrieta, arriero analfabeto de la Sierra, tomaron la ciudad de Durango e impusieron al ingeniero agrónomo y maderista leal Pastor Rouaix como gobernador. Obedeciendo las instrucciones de los campesinos armados, Rouaix expidió una Ley Agraria que fue recibida en el partido de Cuencamé con júbilo, pues sus claras disposiciones permitirían la legitimación de las restituciones y expropiaciones de facto realizadas en 1911 por los campesinos de Ocuila, Cunecamé, Pasaje y Peñón Blanco. Como primer resultado, en el suroeste del partido, en la zona de los valles, al amparo de la nueva ley, un grupo de peones de las haciendas de Tapona y de San Gabriel formaron un nuevo núcleo agrario, denominado Villa Madero, con 400 hectáreas antiguamente pertenecientes a dichas haciendas: la revolución de los campesinos seguía su camino en el oriente de Durango, mientras su brazo armado, la Brigada Juárez, continuaba luchando.

3.- Pero pasados otros dos años la revolución campesina fue derrotada en los campos de batalla del Bajío y en 1916 Calixto Contreras fue asesinado tras una emboscada muy similar a la que habría de acabar en 1919 con Emiliano Zapata. Ceniceros, vencido y asilado, capituló. Tras la muerte de Contreras y la incorporación de Ceniceros, la rebelión agraria cuencamense parecía derrotada, y la comarca, asolada por guerrillas encabezadas por antiguos jefes villistas que eran perseguidas por contraguerrillas encabezadas por antiguos jefes villistas, aparecía desolada y empobrecida. Pero las demandas agrarias que habían lanzado a los campesinos de la región a la guerra en que finalmente habían sido vencidos, seguían vigentes.

Entre 1915 y 1917 hubo en Durango cinco gobernadores carrancistas, cuya principal preocupación era la represión de los guerrilleros. Cuando en octubre de 1916 se celebraron en el estado las elecciones para el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza, fueron electos diputados tres hombres que, aunque claramente constitucionalistas durante la guerra civil, habían tenido fuertes lazos personales y políticos con los difuntos Calixto Contreras y Orestes Pereyra, y los seguían teniendo con Severino Ceniceros.

Los tres diputados eran Pastor Rouaix, aquel que gobernó el estado en nombre de los campesinos en 1913; Alberto Terrones Benítez, cuyo padre era un viejo y buen amigo de Orestes Pereyra, y Silvestre Dorador, encuadernador e impresor que desde 1911 había sido varias veces presidente municipal de Durango. Rouaix fue uno de los diputados que más brillaron en el Congreso Constituyente, donde fue un decidido impulsor de que las demandas agrarias de la revolución quedaran claramente establecidas en el artículo 27 y no, como querían los partidarios de Carranza, que éste se redujera a un enunciado general, y Terrones y Dorador se integraron también, desde el principio, al ala radical del Constituyente.

En octubre de 1917, fue promulgada la Constitución Política del estado de Durango, cuyos artículos 51 y 52 facultaban al Legislativo local para erigir en pueblos libres a todas las poblaciones que como centros agrícolas, industriales o mineros existieren o pudieren existir en el estado, para lo cual serían expropiados por causa de utilidad pública los edificios y terrenos necesarios para el fundo legal de los pueblos. Pero el general Domingo Arrieta, recientemente electo gobernador constitucional, intentó neutralizar los efectos de estas disposiciones, cediendo a las presiones del señor Carranza y de los grupos de poder en el estado. Con todo, antes de 1920 varios poblados habían exigido que se aplicaran, siendo los primeros Villa Guillermo Prieto, antes Velardeña; Villa Guadalupe Victoria, antes Tapona; Villa Ignacio Allende, antes estación Catalina, y Villa Ignacio Ramírez, antes Sauces de Salinas.

Además de las solicitudes de estas antiguas dependencias de las grandes haciendas de la región, al amparo del 27 constitucional, los pueblos del partido de Cuencamé que desde 1911 se habían adueñado de terrenos de diversas haciendas, recurrieron a la Comisión Nacional Agraria para que en el marco de las nuevas leyes se normalizara su situación. El 14 de agosto de 1917 los vecinos de Peñón Blanco solicitaron la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas. Dos semanas después, el 31 de agosto, los vecinos de Pasaje pidieron la restitución de las 75 mil 826 hectáreas de que habían sido despojados por el propietario de Santa Catalina del Álamo. En 1918, 400 familias de Tapona, recién declarada pueblo libre con el nombre de Guadalupe Victoria –posteriormente erigida en cabecera municipal– solicitaron la dotación de tierras de la hacienda de Tapona. En 1919 el general Severino Ceniceros, representante legal de los pueblos unidos de Santiago y San Pedro Ocuila, solicitó la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas, de las que estaban en posesión desde 1911. También en esos años los vecinos de Ignacio Ramírez, antes Sauces de Salinas, solicitaron que se les dotara de tierras, y los de Cuencamé exigieron la restitución de las tierras que disputaban a la hacienda de Atotonilco.

Los procesos legales fueron lentos, sólo Sauces de Salinas y Villa Madero obtuvieron sus tierras antes de 1920. Villa Guadalupe Victoria, antes Tapona, fue dotada con cuatro mil hectáreas por decreto presidencial de diciembre de 1920, obteniendo luego varias ampliaciones. Los pueblos ocuilas, rebautizados como Ejido General Severino Ceniceros, recibieron 33 mil 258 hectáreas, por decreto presidencial, en marzo de 1921. A Pasaje se le negó la restitución pedida, pero se le dotó con diez mil hectáreas en 1926; los ejidos del pueblo fueron ampliados cuatro veces, quedando incluida la presa de Las Mercedes en la segunda ampliación. También de 1926 es el decreto presidencial que restituía a Peñón Blanco de diez mil 668 hectáreas de Santa Catalina del Álamo, a las que en 1930 se agregaron otras 12 mil 640 hectáreas de la misma hacienda para formar cuatro colonias agrícolas con vecinos de Peñón Blanco.

4.- En mayo de 1920, luego de una lucha política que terminó con el asesinato del presidente Carranza, subió al poder el “Grupo Sonora”, encabezado por políticos más sensibles a las demandas agrarias que el señor Carranza, por lo que los decretos presidenciales mencionados antes se dieron durante sus gobiernos. Pero hubo otra cosa: tan pronto cayó Carranza, Pancho Villa decidió que su terca resistencia guerrillera había perdido razón de ser, y decidió rendirse en condiciones honrosas. Las negociaciones fueron difíciles, pero la buena voluntad del presidente Adolfo de la Huerta y del general Villa, y la habilidad de los mediadores, permitieron la firma de la paz, aceptando ciertas condiciones mínimas que pidió Villa, que eran, uno: la entrega de tierras a los hombres que aún le seguían siendo fieles, tierras que se convertirían en colonias agrícolas (más propiamente, “colonias agrícolas-militares”, acordes con las particulares demandas agrarias de ciertos sectores del campo chihuahuense y con el “sueño de Pancho Villa”, tal como el Centauro lo narró a John Reed), una de las cuales –que finalmente sería la hacienda de Canutillo, Durango, en el extremo norte del estado– le sería entregada a él y a 50 hombres por él escogidos que se mantendrían sobre las armas, garantizando su seguridad personal, y dos, que los oficiales villistas que así lo quisieran, fueran incorporados al ejército nacional, reconociéndoseles el grado o empleo que hubiesen alcanzado bajo las banderas villistas.

Francisco Villa

De ese modo, en el norte de Durango y el occidente de Chihuahua surgió casi una docena de colonias en donde los últimos villistas leales cambiaron el fusil por el arado. Villa estuvo en paz y alejado de la vida política nacional hasta bien entrado 1922, cuando los rumores de que el gobierno de Obregón se proponía devolver a los Terrazas las inmensas haciendas que Villa había expropiado en diciembre de 1913, sacaron al Centauro de su actitud de observador y lo llevaron, prácticamente, a amenazar al gobierno con una nueva revuelta agraria, amenaza que influyó en la decisión tomada por el caudillo sonorense, de repartir las haciendas terraceñas entre los campesinos de Chihuahua. Cuando en 1923 Pancho Villa pareció tomar partido por De la Huerta en la sucesión de Obregón, éste y su sucesor designado, Calles, decidieron eliminar definitivamente su siempre amenazante presencia, encargando al general Joaquín Amaro ajustar los detalles del asesinato.

Mientras eso pasaba con Pancho Villa y sus compañeros en el norte de Durango, a muchos kilómetros, en el oriente del estado, los antiguos soldados de Contreras y Ceniceros no se limitaban a demandar la restitución o dotación de tierras: el 4 de marzo se constituyó el Sindicato Agrario Confederado del Estado de Durango, que se integró con los comités particulares ejecutivos que, por ley, debían constituirse en todos los núcleos de población solicitantes de tierras. El objetivo de la organización era luchar por la restitución y dotación de tierras, enfrentando a las autoridades que obstaculizaban o impedían la aplicación de las nuevas leyes agrarias.

El Sindicato Agrario de Durango coqueteó con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), aliada de Plutarco Elías Calles, pero en octubre de 1920, cuando Antonio Díaz Soto y Gama, Aurelio Manrique y otros antiguos zapatistas recién aliados con el grupo en el poder y conocidos de Ceniceros de la época de la Convención de Aguascalientes, fundaron el Partido Nacional Agrario (PNA), Ceniceros y el líder formal del Sindicato, Alberto Terrones Benítez, decidieron unirse a él, y así lo hicieron, de manera que el general Severino Ceniceros, que acababa de ser electo, con el apoyo del Sindicato y la fuerza de su nombre, como senador de la República por el estado de Durango, se convirtió en un importante líder regional del PNA.

El Sindicato, por medio de la nueva presencia nacional de Ceniceros, se convirtió en un importante instrumento de presión a favor de las demandas campesinas: en el ya citado expediente de dotación de tierras a los pueblos ocuilas, hay varias cartas dirigidas por Ceniceros a Soto y Gama, pidiéndole que el PNA que presionara con toda su fuerza para que el gobierno resolviera favorablemente las demandas de dotación o restitución entabladas por los campesinos de Ocuila, de Pasaje y de otros pueblos de su región. Manrique y Soto y Gama atendieron siempre las demandas de su prestigioso socio durangueño.

Severino Ceniceros terminó su periodo como senador y regresó a Cuencamé. Vivió algunos años ahí con cierta medianía, hasta que la pobreza empezó a cernirse sobre él. Solicitó entonces ayuda del gobierno o ser reintegrado al ejército para gozar siquiera del medio sueldo de general de brigada que le correspondería por no estar en servicio activo, pero sus peticiones fueron rechazadas porque se le consideraba dado de baja desde 1920, cuando pidió permiso para desempeñar el cargo de senador. Así estaba cuando el Congreso de la Unión decretó, en diciembre de 1935, la desaparición de poderes en Durango, porque el gobernador Carlos Real apoyaba las conspiraciones del general Calles contra el presidente Cárdenas. Defenestrado Real, Cárdenas gestionó y obtuvo la designación de Severino Ceniceros como gobernador interino, quien no hizo otra cosa que organizar nuevas elecciones y entregar el cargo a su sucesor.

Ceniceros murió en la Ciudad de México en junio de 1937. El presidente Lázaro Cárdenas recibió un telegrama en el que el “pueblo revolucionario de Cuencamé” solicitaba se le permitiera trasladar el cuerpo a Cuencamé, “donde se la ha preparado una capilla ardiente, para que descanse en su tierra”. Firmaban Francisco Gómez, Margarito García, Nicolás Espinosa, José Dolores Espinosa, José Antonio Favela, Ignacio Machado, “por sí y cinco mil firmas más”. El general Cárdenas dispuso que una escolta militar especial llevara los restos del antiguo revolucionario a su tierra y le rindiera los honores correspondientes a su grado.

La lucha de los campesinos de la región en los años 20’s como continuación de su activa participación en la lucha armada y los actos positivos de los gobiernos de Obregón y Calles, le permitieron al ingeniero Pastor Rouaix escribir en 1929 que la transformación de la región era “la mejor justificación del movimiento revolucionario”, porque en claro contraste con lo que antes de la revolución pasaba, cuando todos los extensos valles del sur del antiguo partido de Cuencamé pertenecían a dos enormes haciendas, “en la actualidad toda la llanura está cubierta de poblados libres con tierras propias”.

Podríamos decir, pues, que la revolución agraria del oriente de Durango, derrotada en los campos de batalla, obtuvo una peculiar victoria en la derrota, al ver resueltos los agravios que los hicieron tomar las armas en 1910. Pero también podríamos preguntarnos ¿era esto lo único que pedían los cuencamenses rebeldes? ¿Su praxis revolucionaria no los llevó a posiciones que trascendían la mera demanda de tierras? ¿Les bastaba con eso, que a fin de cuentas, sólo aumentó el número de campesinos pobres en una zona antes semi deshabitada? Ellos mismos dieron importantes respuestas a estas preguntas cuando entre 1925 y 1929 (justo cuando Rouaix, revolucionario oficial, escribía que la situación de la región era “la mejor justificación del movimiento revolucionario”).

“un creciente número de campesinos agraristas de Durango se organizaron y desplegaron sus luchas enarbolando las banderas rojas con los emblemas de la hoz y el martillo”, escribió César Navarro en su historia del agrarismo rojo en Durango. “Los principales destacamentos de este renovado movimiento agrario brotaron entre los pueblos, rancherías y comunidades que, apenas unos años atrás, se habían alzado como bastiones del villismo (...) De esta manera, una década después, en los mismos valles y semiáridas regiones por donde se extendió la rebelión agraria encabezada por los revolucionarios villistas, ésta encontró una continuidad en la lucha de los jornaleros, peones y campesinos agraristas que reclamaban la destrucción del latifundio, el reparto de la tierra entre los pobres y que además ahora se proponían luchar para construir una sociedad sin propietarios y sin explotados”.

Nota: las fuentes de este artículo, en lo relativo a las cuestiones agrarias, son los expedientes de cada uno de los pueblos en el Archivo General Agrario de la extinta (por Enrique Peña Nieto) Secretaría de la Reforma Agraria. Las citas exactas pueden consultarse en mi artículo “Lucha agraria y revolución en el oriente de Durango, 1900-1929”, y en lo relativo al proyecto villista, el capítulo 9 de mi libro La División del Norte. La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo (Planeta, 2006).