FOTO: Feriyoko

Víctor Suárez Carrera
Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Con la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) y la restauración priista en la Presidencia de la República se establece una nueva etapa de abierto dominio del capital trasnacional –un verdadero cambio de época– en la vida política y económica del país.

Este hecho, por supuesto, no fue una sorpresa. Fue advertido puntualmente por los partidos y movimientos de oposición. De hecho, las elecciones presidenciales de 2012 representaron abiertamente y como nunca antes una disputa por la Nación entre las fuerzas progresistas, nacionalistas y democráticas y las fuerzas del capital trasnacional y sus operadores políticos domésticos.

Se tuvo que recurrir de nueva cuenta al fraude electoral –esta vez por la vía de la compra masiva de votos– para derrotar la alternativa de un nuevo proyecto de Nación que representaban Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista.

Vivimos en la etapa del capitalismo global caracterizada, de acuerdo con William Robinson, por un sistema de producción, una clase y un Estado trasnacional en ciernes, que subsume los circuitos de acumulación nacionales a los circuitos globales, y subordina las clases y fracciones de clase capitalistas y a los Estados nacionales a la naciente clase capitalista trasnacional y al Estado trasnacional en formación, respectivamente.

Se imponen nuevos patrones de acumulación que impulsan una inédita movilidad global del capital por la vía de la expansión territorial y la intensificación de la mercantilización de bienes públicos antes bajo control del Estado y las colectividades sociales. Asimismo, se obliga a la precarización e informalización global del trabajo e, incluso, se recurre a formas de acumulación aparentemente ya superadas en lo que David Harvey llama acumulación por desposesión de territorios y recursos naturales, acompañada de un modelo extractivista rampante.

De esta forma, con la imposición de EPN en 2012 y después de tres décadas de neoliberalismo en México, se pone fin al Estado mexicano nacionalista, desarrollista y de bienestar surgido de la Revolución, de la posguerra mundial y de la guerra fría, abriendo paso a un nuevo Estado capturado por la agenda del capital trasnacional.

Ofensiva trasnacional contra la propiedad social de la tierra. En este contexto, el Congreso de la Unión aprobó en 2012 las llamadas reformas estructurales a iniciativa de EPN y con el respaldo del llamado Pacto por México (PRI, PAN, PRD). Las reformas aprobadas (laboral, educativa, telecomunicaciones, financiera, fiscal, política y energética) se inscriben claramente en el marco de una ofensiva del capital trasnacional en México (y el mundo entero) para el control de los recursos energéticos, minerales, hidráulicos y agroalimentarios, así como para la profundización de la movilidad del capital, la protección absoluta de las inversiones y de la propiedad intelectual de las corporaciones, la privatización de los servicios públicos y la precarización del trabajo asalariado e informal.

Entre todas estas contrarreformas, sobresale la reforma constitucional en materia de energía que, como es sabido, no solamente reduce la renta petrolera y entrega los hidrocarburos de la Nación al capital trasnacional sino que aprueba la llamada Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

En efecto, en el artículo 8 transitorio de la contrarreforma constitucional en materia de energía se establece que el suelo –propiedad de ejidos y comunidades en su mayoría– y el subsuelo tendrán una utilización prioritaria para la exploración y explotación de hidrocarburos, misma que es considerada como actividad estratégica, de orden público e interés social. Es decir, el suelo nacional que está en manos de ejidos y comunidades (y pequeñas propiedades) es considerado como tierra y territorios “baldíos”, en “manos muertas”, tal y como se pensaba desde 1856 con la Ley Lerdo de desamortización de bienes de corporaciones eclesiásticas y civiles y en1883 con la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos baldíos.

Nada es más importante en el uso del suelo y subsuelo que los hidrocarburos ahora en manos trasnacionales. Los derechos de los ejidos y las comunidades al uso y disfrute de su tierra y territorio pasan a segundo término y, en los hechos, son suprimidos a cambio de una renta por las buenas o por las malas.

Así, se establece en las leyes secundarias la figura de ocupación temporal o “servidumbre legal de hidrocarburos”, o sea, expropiación temporal (20-30-50-cien años) a cambio de una renta a pagar por las compañías petroleras y gaseras. Los ejidos y comunidades, los campesinos y pequeños propietarios no son sujetos productivos, son propietarios y poseedores de bienes en “manos muertas”. El mejor campesino es el campesino rentista: ¡que renten las tierras!, ¡que rente los derechos de agua!, ¡que renten los bosques!, ¡que renten los pastizales!, ¡que renten el suelo!, ¡que renten su fuerza de trabajo!

Esta es la verdadera reforma del campo anunciada por EPN: ¡transformar a los campesinos en rentistas y “volverlos ricos” como en Noruega!

Y ahora, para completar y favorecer el despojo del petróleo de la Nación y debilitar las resistencias campesindias, van por más. Ahora van por la privatización de la propiedad social de la tierra.

Esta ha sido una vieja demanda histórica del bloque conservador-neoliberal a lo largo de un siglo: primero con la oposición maderista-carrancista al Plan de Ayala, la guerra contra los ejércitos campesinos del sur y norte, y el asesinato de Zapata y Villa; después con el congelamiento del reparto agrario por los gobiernos “revolucionarios” norteños (de 1920 a 1934); en el Cardenismo, con la oposición violenta de hacendados a la aceleración y masificación del reparto agrario; con la primera contrarreforma agraria de Ávila Camacho y Miguel Alemán y sus certificados de inaceptabilidad agrícola y ganadera (1940-1952), y con la imposición del modelo neoliberal en 1982 y su profundización con el salinato y la contrarreforma al artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el abandono del campo.

Y no han podido. Ni siquiera con la contrarreforma constitucional salinista que impulsaba la privatización masiva del ejido y la comunidad.

En efecto, de acuerdo con Héctor Robles, de 1992 a 2012 únicamente pasaron a dominio pleno tres millones de hectáreas ejidales y comunales de un total de 105 millones de hectáreas; es decir, el 2.8 por ciento, y sólo se han constituido sociedades mercantiles con propiedad rústica en no más de 200 mil hectáreas.

Y no han pasado por la resistencia heroica, histórica y presente, de los campesinos y pueblos originarios de este país.

Como Arturo Warman lo sintetizó en su libro …Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el Estado nacional, los campesinos han contradicho una y otra vez desde tiempos de la Colonia las recurrentes e ininterrumpidas ofensivas desde el poder para despojarlos de sus tierras y privatizar el ejido y la comunidad. Y ahora, frente a la ofensiva trasnacional en curso, susurran o gritan “…Y venimos a contradecir… ooootra vez: no queremos vender la tierra, queremos vivir de ella y en ella, de nuestro trabajo, con dignidad y derechos; con nuestros modos de producción, vida y cultura, con nuestra formas de autogobierno”.

Y es que la más reciente ofensiva –la ofensiva transnacional– inició en las postrimerías del calderonato y su iniciativa de modificación de la Ley Agraria del 27 de noviembre de 2012 para quitar los candados a la privatización acelerada del ejido y la comunidad y continuó con la llegada de EPN a la Presidencia de la República. De entrada, como un primer aviso, desapareció la Secretaría de la Reforma Agraria y creó en su lugar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para promover la “desamortización” del ejido y la comunidad y “ordenar” el cambio de uso agrario del suelo. Enseguida, continuó con la misma política neoliberal de abandono del campo y privilegió a la minoría de agricultores rentistas de riego y a los monopolios agroalimentarios. Después vino la Ley Peña de desamortización de tierras campesindias antes referida. Y ahora intentan de nueva cuenta reformar la Ley Agraria para “desburocratizarla” y “simplificarla” y culminar la contrarreforma agraria salinista.

Resistencia campesindia en defensa de la tierra, el agua y la vida. Hoy como ayer, las comunidades campesinas e indígenas resisten de nueva cuenta ante los intentos de despojo y privatización impulsados por una coalición de fuerzas nunca antes vista en la historia de lucha por la tierra: las fuerzas del capital trasnacional aliadas con la oligarquía mexicana y sus operadores políticos: EPN, partidos del Pacto por México, Congreso de la Unión y congresos locales, gobernadores, centrales campesinas, etcétera.

Algunas centrales campesinas han confiado en la palabra de EPN en el sentido de “que no se modificarán las formas de propiedad de la tierra que establece la Constitución” y apoyan las reformas estructurales en curso. Afirman, que “vamos por el camino correcto”.

La Ley Peña desmiente esta demagógica afirmación e ingenua creencia. La ofensiva privatizadora está en marcha y está siendo enfrentada por decenas de luchas campesindias locales y regionales contra expropiaciones ilegales, asambleas espurias para “acordar” el dominio pleno, concesiones mineras, permisos espurios para hidroeléctricas y mega parques eólicos, y pronto veremos llover en el campo mexicano decenas de asignaciones y contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas y para el tendido de poliductos y líneas de transmisión eléctrica. El caso de Atenco y el anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México son emblemáticos de lo que nos espera si no acumulan y se organizan de mejor manera las fuerzas locales, regionales y nacionales, tanto del campo como de la ciudad.

En este sentido, destaca la iniciativa de la Campaña Sin Maíz No hay País y decenas de organizaciones y movimientos del campo y de la ciudad para impulsar jornadas nacionales, estatales y regionales en defensa de la tierra, la vida y el agua, como parte de una estrategia de mediano y largo plazo para impulsar una mayor y mejor articulación de fuerzas y aumentar la capacidad de los movimientos sociales para resistir la privatización de la tierra, enfrentar el despojo de nuestros recursos naturales, revertir las contrarreformas estructurales, cambiar el régimen autoritario y neoliberal, y avanzar hacia la construcción de un nuevo proyecto alternativo de nación.

La ofensiva transaccional no debe pasar. Encontrará al pueblo mexicano en defensa de la tierra, el agua y la vida, y diciendo una vez más: “…Y venimos a contradecir”.

*Neologismo acuñado por Armando Bartra.

Reforma para el campo y organizaciones campesinas FOTO: Ranyuz Sleman Fernando Celis Callejas Asesor de la CNOC En los años recientes en el campo ha crecido el descontento por el fuerte aumento de los precios de los alimentos al consumidor, los precios castigados que paga la agroindustria alimentaria, la insuficiente inversión pública, el mayor desempleo, las dificultades para obtener ingresos en las ciudades o de la migración a Estados Unidos, afectaciones climatológicas y mayor presión de proyectos de grandes empresas. Entre los campesinos inconformes se destacan algunas tendencias: En primer lugar están las familias campesinas en condiciones precarias de vida, las cuales buscan distintas vías para obtener recursos y son muy dependientes de los apoyos públicos, además de que se mantienen en una desmovilización política y social. Por otro lado, han surgido muchos grupos a nivel local o regional con demandas de apoyos a la producción, para cuestiones como caminos, escuelas, vivienda y más. En muchos casos son de oposición a proyectos mineros, hidroeléctricas, presas, gasoductos, eólicos, turísticos, forestales, carreteros, inmobiliarios, etcétera, además de grupos de autodefensa y de policías comunitarios. Estos grupos tienen un nivel importante de movilización. Además existen decenas y decenas de organizaciones campesinas nacionales que en buena parte se autodenominan independientes, de corte progresista e incluso de izquierda, que realizan gestiones ante el gobierno federal para atender las demandas de sus afiliados. Por último, están organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y otras ligadas al gobierno federal, que se han desmovilizado totalmente y sus dirigentes manejan de forma discrecional los recursos de programas y apoyos y se subordinan a las indicaciones gubernamentales. Lo que se ve en conjunto es una gran dispersión de los campesinos, y en buena parte de los movimientos locales y regionales hay desconfianza respecto de las organizaciones nacionales. Durante 2013 aumentaron las manifestaciones de grupos campesinos a nivel regional o nacional. Varias organizaciones nacionales demandaron cambios en las políticas para el campo y se movilizaron principalmente en las secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Gobernación (Segob). Algunas demandaron un “pacto rural” a partir del Pacto por México. El gobierno federal reaccionó diciendo que dialogaría con las organizaciones sobre las políticas para el campo y propuso hacerlo con lo que denominó bloques campesinos, los cuales integran 36 organizaciones: la CNC, el Congreso Agrario Permanente (CAP), el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros Conorp, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y el Frente Amplio Campesino (FAC). Durante varios meses se pospuso el diálogo formal debido a que, según Segob, el Ejecutivo estaba ocupado con la reforma educativa, después con la fiscal, luego la financiera, la energética y otras. A fines del año el gobierno federal cambió su discurso y, después de tener acuerdos con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que agrupa a las principales empresas agroalimentarias, afirmó que el problema del campo era la falta de competitividad de los campesinos, que deberían producir más y a menor costo y que era necesario que tuvieran mayor certeza jurídica en la posesión de sus tierras. El 6 de enero en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que trabajaría en una reforma para el campo y que el gobierno dialogaría con las organizaciones campesinas. Posteriormente se formó un bloque integrado por las secretarías de Hacienda y Agricultura, CNA, y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) –esta última cuyas decisiones provienen de la dirigencia de la CNC–, para impulsar una reforma del campo conforme a los intereses empresariales. En la Sagarpa se estableció una Comisión para la reforma del campo integrada principalmente por funcionarios del gobierno federal, representantes de las cámaras legislativas, CNA, Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y otros. Fueron minoría los llamados bloques campesinos de la CNC, CAP, Conorp, Conoc y FAC participantes. Esta Comisión no aceptó las propuestas de funcionamiento y de temas que plantearon algunas organizaciones campesinas y posteriormente se retiraron la Conoc y el FAC. Los foros de consulta que se convocaron en los estados estuvieron controlados por la Sagarpa y por los gobiernos estatales; estuvieron sesgados hacia los planteamientos que ya tenía definidos el gobierno federal. Por otra parte, en las cámaras de Senadores y Diputados avanzó rápido, por presión de intereses empresariales nacionales y extranjeros, lo relacionado con las leyes secundarias de la reforma energética; sin mucha oposición fueron aprobadas, al considerar prioritarios y de interés nacional los proyectos de empresas petroleras y gaseras. Se incluyó la figura de ocupación temporal de terrenos ejidales, comunales o privados. Esta situación dejó en el aire los supuestos diálogos que se tenían en la Sagarpa para la reforma del campo y otros que se habían iniciado en Segob. Un conjunto de organizaciones campesinas encabezadas por los representantes del CAP y Conorp impulsaron una manifestación campesina, según dijeron, para cambiar la correlación de fuerzas y tener mayor capacidad de incidir en las políticas para el campo; le reconocían a la Segob “voluntad política” para un diálogo sobre la reforma del campo. Eran críticos de los acuerdos en las cámaras legislativas y de la Comisión en Sagarpa y gestionaban entrevistas con Peña Nieto para establecer un pacto y que éste impulsara sus demandas de políticas para el campo. Esta situación recuerda las gestiones que hacia el CAP en la época de Salinas de Gortari, cuando los dirigentes demandaban un trato directo con el Presidente y éste los reconocía otorgando apoyos de programas y recursos directos a las organizaciones y dirigentes. El día que se aprobó en la Cámara de Diputados la ocupación temporal de terrenos, la Segob tenía reunión con el frente mencionado de organizaciones campesinas, para explicarles los alcances de la reforma energética en el campo. Pero la única oferta hecha fue ¡que podrían participar en la elaboración de la norma mexicana del fracking! Este conjunto de organizaciones siguió insistiendo en reunirse con Peña Nieto y que atendiera sus demandas. Lo que se perfilaba eran acuerdos que funcionaran de hecho como un intercambio de favores: fortalecimiento del poder presidencial a cambio de trato directo y de programas con recursos etiquetados a las organizaciones. Se abrió la interlocución a varios dirigentes, lo cual permitió atraer a otros grupos. Sin embargo la relación con el gobierno generó desconfianza en varias organizaciones. A fines de julio y durante agosto creció el descontento en el campo por la intención manifiesta del gobierno de apoyar los proyectos de grandes empresas, y por las mayores facilidades otorgadas para acceder a terrenos en posesión de los campesinos. Además se generó inconformidad porque se vio la entrega de buena parte de los recursos petroleros a empresas privadas nacionales y extranjeras. El 16 y 17 de agosto, en San Salvador Atenco, se realizó el Encuentro en Defensa y por la Apropiación Social de la Tierra, el Territorio, el Agua y la Vida, en el que participaron grupos como los de Cherán, La Parota, Huexca, Zautla, del Istmo de Oaxaca y de Olintla; de organizaciones nacionales como El Barzón, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y de Asociaciones civiles como la Alianza contra el Fracking, la Campaña Sin Maíz No hay País y otras. Se expusieron allí varias experiencias y su visión sobre la situación del campo. Aun cuando se presentó una gran diversidad de demandas y de acciones, en lo general se coincidió en algunos planteamientos que podrían generar acciones más unitarias: la defensa de las tierras y los territorios, el fomento a la producción campesina, precios justos y soberanía alimentaria y que se detenga la represión y el acoso contra los movimientos que enfrentan principalmente los proyectos de empresas. Ante la generalización del descontento, el gobierno federal empezó a difundir que “no hay condiciones” para promover la reforma del campo que pretendía. Se entiende que se frenó por ahora la intención de que las cámaras legislativas aprueben limitar las atribuciones que todavía tienen las asambleas y autoridades ejidales y comunales en relación con un manejo colectivo de la posesión de tierras, y propicien la individualización. Tal vez pospongan esto para después de las elecciones de julio del 2015. Puede concluirse que hay un rechazo muy amplio en el campo a las medidas que está impulsando el gobierno federal, las cuales tienen que ver con la posesión de tierras y territorios por parte de los campesinos e indígenas. Ahora es más evidente que hay un sesgo anticampesino y el interés de facilitar los intereses de las grandes empresas, lo cual es un ataque directo al corazón y a la esencia del mundo campesino que es la posesión de las tierras. Habrá que ver si el descontento se convierte en un movimiento mayor, en una coalición campesina con la suficiente fortaleza y unidad para detener los intereses de la alianza actual de empresas y gobierno. Existen las condiciones y es posible, pero habrá que trabajar mucho para lograrlo.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo