Acusa el TPP-México al Estado
por responsabilidad criminal

Lourdes Rudiño

Luego de tres años de actividades, el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) tiene preparada una acusación general de responsabilidad criminal en contra del Estado Mexicano, “por destrucción de todas las vertientes de la vida nacional”, la cual se hará pública internacionalmente en noviembre próximo, afirmó Andrés Barreda Marín uno de los garantes de este Tribunal.

Otra decisión de este Capítulo es pugnar para que el desvío del poder (económico, político, jurídico, de género, y demás que ejerce el Estado) sea caracterizado por el TPP en su conjunto como un crimen de lesa humanidad, y así presionar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a que asuma ese concepto, pues tal desvío de poder deriva en muertes de miles de personas en el mundo.

En entrevista, Barreda Marín comentó que el TPP-México busca inicialmente ser un espacio “para dar voz a las víctimas de todo tipo de tropelías: de actos violentos que están despojando a las comunidades de su tierras, que están despojando a las personas de sus derechos, a los trabajadores de sus empleos, a los ciudadanos de condiciones saludables de vida, o que están victimizando brutalmente a diferentes sectores; que están infringiendo castigos terribles –como son los feminicidios o los asesinatos de migrantes en una dinámica de genocidio; como son los asesinatos de periodistas que son sobre todo mujeres–; para documentar en todos sus grados la violencia laboral, incluidos los salarios miserables y los centros de trabajo esclavo; para que se hagan públicas las redadas y persecuciones (…)“

Pero no sólo eso. Un segundo objetivo ha sido armar un rompecabezas con testimonios y audiencias en una decena de vertientes, para entonces reflexionar y modificar los niveles de conciencia nacional sobre la problemática. “Ocurrida ya la reflexión, vemos que la violencia que vive México no es un resultado del azar, sino estructural, esencial de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de múltiples tratados más”.

Es cierto, “el TPP no es vinculante –precisó Barreda–. El Estado no va a obedecer nada, incluso la oficina del TPP en Roma ha invitado al gobierno mexicano a que participe en el Tribunal y se defienda, con la respuesta oficial de que no, que no reconoce a este Tribunal. Pero el filósofo Jean Paul Sartre escribió una serie de ensayos donde dijo que el principal objetivo del TPP es dirigirse a la conciencia de los pueblos”.

Cabe señalar que El TPP nació en 1979 por iniciativa del abogado italiano Lelio Basso, teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los Archivos del Proceso de Nüremberg, los Acuerdos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidos y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Y toma experiencia del Tribunal Russel, que juzgó los crímenes estadounidenses cometidos en Vietnam y que permitió crear una conciencia universal pública al respecto. El TPP está integrado por cerca de 130 miembros de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos. Los garantes del capítulo México frente al TPP son, además de Barreda, Magdalena Gómez Rivera, el obispo Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña y Gilberto López y Rivas.

El Capítulo México del TPP ha realizado audiencias, primero en siete vertientes en los que había grupos organizados que podían visibilizar los problemas, pero luego, la presencia y contundencia de nuevos asuntos ampliaron esta cifra y se generaron nuevas audiencias. Las vertientes iniciales son: 1.- guerra sucia, violencia estructural e impunidad; 2.- violencia contra los migrantes; 3.- violencia de género (incluidos los crímenes contra homosexuales, que son ignorados por los medios); 4.- violencia contra los trabajadores, tema que considera la grave situación del desempleo, donde se inscriben 30 millones de mexicanos que han debido migrar a Estados Unidos; 5.- destrucción del campo y de la soberanía alimentaria, donde se considera la agresión que sufre la producción indígena y de pequeña escala; 6.- devastación ambiental, “que en el caso de México raya en las peores del mundo rebasando a la de China ya”, y 7.- violencia estructural en el manejo de los medios de comunicación, lo que tiene que ver con el oligopolio y el comportamiento fraudulento en los procesos electorales, y también con el freno absoluto al desarrollo de medios civiles, como las radios comunitarias.

El TPP agregó a esas vertientes, una más relativa a la educación, dadas las luchas magisteriales de los tiempos recientes, y otra de jóvenes ante la emergencia nacional, “pues son los jóvenes mayoría en el número de víctimas de la guerra sucia de Calderón, en el número de migrantes, en los casos de feminicidio, en condiciones laborales precarias, en agraviados ambientales…” Y por último, se abrió una vertiente transversal, transtemática, denominada “represión social”. Las acusaciones que formula el TPP-México contra el Estado, no contra las empresas u otros actores, dijo, porque los crímenes son estructurales, permitidos por el Estado. “Si fuéramos contra las empresas, no acabaríamos nunca”, dijo Barreda.

Barreda explicó que el TPP pide que los quejosos formulen sus acusaciones conforme a derecho, pero pueden argumentar con base en leyes nacionales o internacionales, y apelar a derechos colectivos –“pues el Tribunal no se mueve sólo en los derechos individuales, sino más bien en los colectivos, de los pueblos”–, aun cuando algunos de éstos, como los derechos de las mujeres, no estén reconocidos en la Constitución mexicana.

El diablo y los veneros del petróleo

Carlos Beas Torres

Para Fernando Chávez Magos, El Ronco, viejo luchador que hoy día libra su lucha personal contra la muerte

La maldición del petróleo. La reforma energética recientemente aprobada en nuestro país se impuso violentando los derechos históricos de los pueblos indígenas. El despojo legalizado en la figura de ocupación temporal de la tierra y la supremacía de los intereses trasnacionales propician el despojo legalizado.

Además nunca se ha reconocido en el caso de los hidrocarburos que muchos de los campos de extracción, refinerías e instalaciones petroquímicas, ductos y zonas de almacenamiento se localizan precisamente en territorios de los pueblos indios de los estados de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche.

Hasta ahora los beneficios de la renta petrolera han llegado a cuentagotas a los pueblos indios, los cuales siguen siendo los habitantes más pobres de este país, a pesar de que es precisamente de sus tierras donde se han obtenido en los cien años pasados los recursos energéticos que alimentan y mueven a México entero.

Han sido los pueblos indios que habitan desde antiguo las costas del Golfo de México los que han sufrido los más graves impactos, producto de la explotación petrolera. Primero persecución y asesinatos para el despojo de sus tierras, y después los daños ambientales generados por la operación de la industria. En julio de 1908 en la región Huasteca ocurrió uno de los más graves siniestros industriales de la historia de nuestro país, cuando se salió de control la perforación del pozo 3 del campo Potrero del Llano, que ocasionó un incendio que duró más de tres años y el derrame de más de cinco millones de galones de crudo que contaminaron tierras, ríos y la laguna de Tamiahua.

Los pueblos chontales de Tabasco, los pescadores binnizá, chontales e ikojts de Oaxaca; los nahua, popolucas y totonacas de Veracruz y los teenek de la Huasteca han sufrido durante los 50 años recientes graves afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos y por la lluvia ácida; otro efecto negativo ha sido la destrucción de sistemas económicos regionales y de formas de vida tradicional y de cosmovisiones. Las construcciones del complejo petrolero Pajaritos, próximo a Coatzacoalcos, o de la Refinería de Salina Cruz atrajeron a miles de campesinos que se ocuparon como peones de obra por dos o tres años, lo cual generó una grave crisis por el abandono del campo. La destrucción de economías locales trajo como consecuencias la pérdida de valores culturales, la migración y la desintegración de comunidades y familias enteras, dejando como secuela entre muchas otras que la tasa de suicidios en Tabasco se elevara en diez años a más de 300 por ciento.

Pemex: irresponsabilidad social y ambiental. Desde principios de los 70’s del siglo pasado, a raíz de la creación de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, Pemex creó un sistema de ductos de unos 300 kilómetros de largo entre ese puerto y los enclaves petroleros del sur de Veracruz. Las tierras que atraviesa este sistema son en su mayoría propiedad de núcleos ejidales en Veracruz y comunales en el estado de Oaxaca y sus impactos socio-ambientales han sido negativos para la población local. Si bien un pequeño sector de la mano de obra regional ha sido ocupada, la mayoría ha sido excluida y afectada por los constantes siniestros.

En la llamada región Zona Norte del Istmo hemos documentado en los 25 años recientes por lo menos 23 siniestros, de los cuales los ocurridos en 1988 en Tolosita y la fuga de amoniaco de agosto de 2013 que afectó la zona de Chivaniza, y que dejaron un saldo de 19 muertos y unos 600 heridos e intoxicados, son considerados los más graves. El más reciente ocurrió apenas el viernes 22 de agosto pasado en la pequeña comunidad barreña de Reforma, barrio de La Soledad, consistente en una fuga de amoniaco, que provocó la precipitada huida de los habitantes. Hemos señalado reiteradamente que la falta de mantenimiento y de vigilancia en las instalaciones petroleras y el peligro que representa el abandono de tres ductos «fuera de uso» y que contienen aún material, son una bomba de tiempo para los habitantes de la región.

En los siniestros ocurridos en relación con la operación de Pemex se ha demostrado el nulo interés de la empresa en asumir su responsabilidad social y ambiental y la inexistencia de la más mínima infraestructura y de protocolos de seguridad que le permitan a la población local contar con los medios adecuados para prevenirlos, enfrentarlos y remediar sus impactos. Ha sido recurrente la respuesta lenta, limitada e indolente de Pemex en la mayoría de las emergencias: ha llegado a actuar por ejemplo en ocasiones con más de diez horas de retraso ante fugas comprobadas de gasolina, algunas tan graves como la de julio pasado, que obligó a decenas de habitantes zapotecas de El Polvorin, Petapa, a evacuar su comunidad; además, a pesar de que Pemex tenía conocimiento de la gravedad de los acontecimientos, no comunicó los riesgos a los vecinos.

La inversión social de Pemex ha sido mínima en la región y se reduce a financiar algunas pequeñas obras de infraestructura urbana, y brindar combustibles y material de pavimentación que en general es desviado por los ayuntamientos.

La ausencia de responsabilidad ambiental y social por parte de Pemex, los continuos siniestros y la falta de atención a los mismos, así como la creciente inseguridad, han creado un clima de tensión y malestar fundados entre la población regional y en particular entre los pueblos indígenas dueños históricos de estas tierras.

Las resistencias en tiempos de contrarreforma. El 7 de junio pasado el titular de Pemex, Emilio Lozoya, anunció el inicio del megaproyecto Corredor Transístmico, el cual en su primera etapa tiene programada la reconstrucción de un gasoducto entre Jaltipan, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para suministrar gas natural a la refinería ubicada en el puerto oaxaqueño y para su exportación en un segundo momento a países asiáticos.

Esta obra es de remiendo, pues busca reciclar un ducto con años de abandono y entre otras acciones incluye el cambio de tramos de tubos en tres zonas (Zona Urbana Matías Romero, Santa Rosa Ixtaltepec y 14 kilómetros en la zona de Juchitán-Tehuantepec), además de la ampliación de las plantas de bombeo y las instalaciones contraincendio ubicadas en Medias Aguas y Jaltipan, Veracruz, y Donají, Oaxaca. La realización subrepticia de estas obras y la falta de información han provocado malestar y acrecentado la inseguridad entre los habitantes, los cuales se han movilizado para impedir los trabajos; ello ha generado situaciones violentas y divisionismo en las comunidades.

Ante esta situación, habitantes de 27 poblaciones de cinco municipios de la región se han unido y han realizado durante los dos meses recientes constantes acciones de resistencia, exigiéndole a Pemex que brinde información sobre el proyecto y sus impactos sociales y ambientales, establezca medidas de seguridad para la población y atienda los reclamos y las afectaciones que le ha provocado a campesinos y al medio ambiente de la Cuenca Alta del rio Coatzacoalcos.

A raíz de las protestas y por intervención del gobierno estatal de Oaxaca, se establecieron cuatro mesas de trabajo y se han realizado tres reuniones. Sin embargo, hasta ahora la respuesta de Pemex ha sido muy limitada y sin establecer compromisos con las poblaciones impactadas. El diálogo incluso se llegó a suspender por parte de las comunidades, ya que trabajadores de Pemex y la empresa constructora FYRESA han tratado de ingresar a los terrenos de manera violenta y subrepticia, siendo expulsados por los campesinos en diferentes ocasiones.

En el Istmo de Tehuantepec y ya desde hace muchos años, los pueblos indios han sido actores de una guerra callada, sorda y desigual en defensa de su tierra, de sus formas de vida y su cultura; enfrentan la voracidad de las trasnacionales y de sus empleados gubernamentales mexicanos, las nuevas Malinches. En la parte sur del Istmo los pueblos se resisten frente al megaproyecto eólico trasnacional, y en las porciones central y norte los pueblos luchan contra los impactos de una industria que les ha traído despojos, daño y sufrimiento. Esta es la guerra de todos los días que se libra en el otro sureste mexicano. Esta es nuestra guerra y ahí estamos. Salud.

El campo mexicano resistencia
de largo aliento

Héctor M. Robles Berlanga Coordinador de la página Subsidios al Campo en México

FOTO: Dorian Martínez

En los años recientes se han expresado nuevamente dos posturas que vaticinan para el campo la abundancia o su desaparición. La primera postura expresa que los cambios a la normatividad agraria o los acuerdos comerciales o las reformas estructurales significan la posibilidad para que el sector rural se modernice y se beneficie del “desarrollo”. La segunda postura expresa que todos estos cambios significan la desaparición o el tiro de gracia para los campesinos. La cuestión es que ambos vaticinios no se han cumplido y los campesinos mexicanos siguen ahí, produciendo alimentos, cuidando los recursos naturales, enfrentando la delincuencia y proponiendo cambios o reformas que realmente los impacten favorablemente. Permítanme presentar algunos datos que hablan al respecto.

1.- Nunca antes en la historia del país habían existido tantas personas que vivieran en localidades rurales menores a dos mil 500 habitantes. En 1910 habitaban en este tipo de localidades diez millones de personas, mientras que en 2010 son poco más de 24 millones. Este crecimiento de la población explica en gran medida el aumento en el número de localidades, que pasó de 70 mil 300 a 184 mil 751. En síntesis, crecimiento y dispersión poblacional.

2.- Así como creció la población, aumentó el número de propietarios de la tierra. En 1910 existía una gran concentración de la tierra, pues se registraban sólo 316 mil 442 titulares; para 1990, producto del reparto de tierras, aumentó a cerca de 5.3 millones de personas con derechos. Paradójicamente esta cifra se incrementó sustancialmente después de las reformas al artículo 27 constitucional, donde se estableció la cancelación del reparto de tierras por parte del Estado mexicano, y actualmente suman 7.4 millones los ejidatarios, comuneros, propietarios privados y posesionarios.

3.- Igualmente creció el número de Unidades de Producción (UP) agropecuarias menores a cinco hectáreas. Estas UP, en lugar de disminuir en el transcurso del tiempo como se pretendió con muchas políticas agrarias, se han multiplicado; su crecimiento en 80 años fue del 708.7 por ciento, al pasar de 332 mil que existían en 1930, a 2.6 millones de unidades en el 2007. Este tipo de UP es la característica que distingue a los productores de nuestro país, y a pesar de sus condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos gubernamentales, genera el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional, y siete de cada diez productores de maíz (blanco y amarillo) y seis de cada diez de frijol tienen menos de cinco hectáreas. Además, generan el 56.8 por ciento del empleo agropecuario, tanto el familiar como contratado; son importantes abastecedores de la agroindustria. La mayoría de los productores ligados a la agroindustria son minifundistas. Los productores de maíz tienen 2.7 hectáreas en promedio por productor; caña de azúcar, cinco hectáreas; hortalizas, seis; frutas, cinco o menos; café, 1.9 hectáreas; cebada, seis, y tabaco dos hectáreas. Todo lo anterior lo realizan en sólo el 16.9 por ciento de la superficie laborable de nuestro país, muchos de ellos bajo condiciones de temporal, en terrenos con pendientes y sin los apoyos productivos que se concentran en los grandes productores.

4.- Nuca antes se había sembrado tanta superficie agrícola en México. En 1910 se reportaba que la superficie cosechada ascendía a cinco millones de hectáreas y para 2010 son 20 millones 167 mil hectáreas, tres veces más que lo cultivado a principios del siglo pasado. No sólo eso, el patrón de cultivos se ha diversificado muy poco en términos de superficie; se cultivan aproximadamente 308 cultivos cíclicos y perennes y el maíz representa el 35.4 por ciento de la superficie cosechada y los cuatro cultivos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) poco menos de la mitad. El cambio más significativo se dio en la ganadería, donde la superficie de pastos ocupa el segundo lugar en el patrón de cultivos, lo que se reflejó en el número de cabezas de ganado bovino que en cien años pasó de 10.2 millones a 23.3 millones.

5. En el único rubro que no cambió significativamente el campo mexicano es en sus condiciones de vida. Actualmente los ingresos de la población rural son los más bajos, especialmente los de aquellas personas que se ocupan en actividades primarias: tres de cuatro personas que laboran en el sector agropecuario o no reciben ingresos o ganan hasta dos salarios mínimos; 80 por ciento de las personas que viven en los municipios más marginales son población rural; el PIB per cápita en el medio rural es seis veces menor que en las áreas urbanas; prácticamente todos los municipios considerados con riesgo nutricional extremo pertenecen a estas zonas, y se requieren en promedio nueve años más en municipios rurales que en los urbanos para satisfacer las necesidades básicas. En síntesis, lo rural se mantiene como sinónimo de pobreza.

Que en 2014 exista una mayor población rural y propietaria de tierra es producto de la férrea resistencia para que se les reconozcan sus tierras y el derecho que tienen de beneficiarse de sus territorios. Lo que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos es el derecho que tienen a decidir sobre cómo aprovechar y beneficiarse de los recursos naturales que disponen, que sea reconocido su aporte social, económico, ambiental y político a la vida nacional y que sea respetada su cultura y formas de vida. Por eso, seguirán contradiciendo a aquellos que les hablan de modernidad sin contemplarlos o de aquellos que los desaparecen por decreto.

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