El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó a los diputados integrantes de la Comisión de Economía que existe fundamento legal para mantener la concesión a Grupo México para explotar la mina de Cananea.

Horas después de que la Cámara de Diputados aprobó demandar la suspensión de actividades de Buenavista del Cobre y gracias a la mediación del presidente de la comisión, Mario Sánchez Ruiz (PAN), el funcionario federal citó a los diputados en sus oficinas de Alfonso Reyes, la noche del miércoles.

Diputados que asistieron a la reunión revelaron que el funcionario quiso saber cuál sería el contenido y el tono de las preguntas que sobre el derrame de desechos tóxicos le harán en su comparecencia del día 26, pero ninguno de los legisladores le respondió.

“Fue muy insistente. Nos dijo que estaba seguro de que el tema del derrame de lixiviados de cobre saldría en la comparecencia. Y quería conocer las preguntas por anticipado. Nos querían chamaquear, pero no caímos”, dijo uno de los legisladores consultados por este diario.

Durante el encuentro con Guajardo Villarreal, señalaron otros legisladores, un grupo del PRI se quejó de la desatención de que son objeto por parte de la secretaría, a pesar de que Guajardo fue integrante de la anterior legislatura.

Sin embargo, ayer diputados del PVEM cuestionaron que desde el PRI se quiere modificar el acuerdo que ordena la participación de las bancadas, para que de las tres intervenciones pactadas por partido, se le quite una a los verdes para que el tricolor cuente con cuatro.

La última sería utilizada, según el acuerdo que negocian Patricia Retamoza y Salvador Romero, para que un priísta agradezca a Guajardo Villarreal las atenciones en la reunión.

Además, el secretario de Economía –quien se hizo acompañar de sus subsecretarios– pidió a los diputados escuchar la versión de la dirección general de minas sobre el fundamento legal para no retirar la concesión a Grupo México, pero entre los funcionarios que lo acompañaron no estaba el titular de esa área.

En contraste con la postura de Guajardo Villarreal, la comisión especial encargada de investigar el derrame acordó continuar con su indagatoria, con el propósito de obtener información adicional que permita exigir la cancelación de la concesión a Germán Larrea.

Los legisladores también informaron que Grupo México comenzó a integrar un padrón, y ha hecho firmar a los damnificados un documento en el que se exime a la empresa de demandas de salud e impacto ecológico a futuro, a cambio de una indemnización a la que se compromete la minera en un papel sin logotipo ni folio.

Consultada al respecto, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), integrante de la comisión especial, confirmó que en Aconchi –municipio afectado por el derrame además de Banámichi, Huépac, Arizpe, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, Grupo México instaló un módulo, con secretaria incluida, para tomar el nombre de los afectados, quienes deben comprobar el daño que se les causó a siembras, animales o productos.

El recibo que les extienden es en una hoja de cuaderno cortada por la mitad, describió.

La legisladora explicó además que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos anunciado por el gobierno federal no existe formalmente, además de que no se cuenta con cálculo de los daños económicos provocados a la región y sus habitantes, por lo que tampoco es posible identificar el monto de la indemnización que se les pagará.

No existe el fideicomiso, no hay fideicomisario ni fideicomitente. No hay objeto ni temporalidad, dijo.

Impacto incuantificable

Aguilar Gil explicó que la Secretaría del Medio Ambiente no ha presentado un informe sobre los daños, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no tiene idea del destino que Grupo México le da a los residuos de desechos tóxicos que ha extraído del lecho de los ríos Sonora y Bacanuchi.

“Se lo preguntamos al procurador (Guillermo Haro Bélchez) el viernes pasado. Necesitamos saber qué se hace con el agua y la arena extraída. Nos respondió: ‘no hemos tomado la precaución’. También está pendiente el informe sobre salud que debe realizar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, expresó.

El informe de la comisión especial, aprobado el miércoles, refiere que en la reunión sostenida con delegados federales en Cananea, éstos citaron un informe que presentó Grupo México sobre el volumen de metales pesados que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi.

Expusieron que al momento del derrame el material contaminante era de al menos 40 mil metros cúbicos, lo que equivaldría a aproximadamente 4 mil pipas, detalla. Esto es, conforme cálculos de los diputados, que si alinearan los transportes necesarios para extraer el líquido derramado, la fila de vehículos sería de 40 kilómetros.

Los delegados informaron que al 3 de septiembre existían al menos 5 mil 70 hectáreas siniestradas, 24 mil personas afectadas, 35 pozos de agua potable y 320 de uso agrícola y ganadero suspendidos.

El impacto es incuantificable y merecerá un monitoreo por lo menos de los próximos cinco años. Se constató que Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, actuó de manera inescrupulosa e irresponsable desde el primer momento, al no informar del derrame, e incluso al ser sorprendida, según lo declarado por los funcionarios federales, canalizando y bombeando sustancias contaminantes al río, dijo la comisión especial.