El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de incluir como requisito para formar parte del personal diplomático que los candidatos acrediten conocimiento en materia de derechos humanos.

A propuesta del partido Movimiento Ciudadano, la Comisión de Relaciones Exteriores planteó que la cancillería debe garantizar una debida defensa a los mexicanos detenidos en el extranjero.

En el dictamen, la instancia legislativa recordó que el Centro de Información de Pena Capital dio a conocer que de 57 mexicanos condenados a la pena de muerte en cárceles estadunidenses, al menos 47 sufrieron faltas o violaciones al debido proceso afectando gravemente sus derechos fundamentales.

Resaltó que, en 2003, México presentó una queja ante la Corte Interamericana de Justicia, la cual emitió una resolución el 31 de mayo de 2004, conocida como fallo Avena, en la que sentenciaba a Estados Unidos a revisar de fondo los casos de los sentenciados.

Sólo que cuatro de los mexicanos beneficiados por el fallo internacional han sido ejecutados en cárceles estadunidenses, sin que se haya cumplido la sentencia impuesta por la Corte Internacional, se apuntó en el dictamen.

La Comisión de Relaciones Exteriores admitió que ya se han aprobado reformas constitucionales en materias vinculadas con derechos humanos, incluidos los de naturaleza político-electoral, sistema de justicia, educación, transparencia y derecho a la información.

Asimismo, que los medios de selección y formación de quienes aspiran a incorporarse al servicio diplomático ya reciben de las instancias correspondientes, como el Instituto Matías Romero, formación en la materia.

Pero es necesario, apuntó, reforzar estas funciones y la formación del personal diplomático con un ordenamiento legal expreso.

El diputado Francisco Coronato Rodríguez, promotor de la iniciativa, retomó ayer ante el pleno las quejas que a propósito recibió de Édgar Tamayo, el mexicano que estuvo preso por más de 20 años en una cárcel texana, antes de su ejecución, el 22 de enero de este año.

Me compartió las peripecias y sufrimientos por los que pasó durante su juicio y encierro, resaltando el escaso apoyo que el consulado mexicano le brindó debido a que miembros del mismo, como él me lo manifestó, no le entendían y muy pocos sabían sobre su caso, lo que dificultó, sin duda, la defensa de sus derechos fundamentales, afirmó.