Morelia, Mich., 14 de septiembre.

Las comunidades purépechas de Capácuaro, San Lorenzo, Caltzontzin, Angahuan, Corupo, del municipio de Uruapan, exigen la salida de la policía Fuerza Rural, porque no toleran que instalen retenes en los accesos a sus poblaciones y cometan una serie de abusos, como ocurrió el pasado 11 de septiembre en San Lorenzo, donde hubo un conato de violencia porque los rurales pretendían revisar a todo taxista que entraba a la población, lo que violentaba el derecho al libre tránsito.

Los comuneros se organizaron y pidieron la salida de la Fuerza Rural, que ellos identifican como autodefensas, de lo contrario amenazaron con tomar las armas. Más tarde, en una mesa de negociación, los mandos de la Fuerza Rural se comprometieron a dejar el paso libre. Sin embargo, las cinco comunidades acordaron regirse bajo usos y costumbres en materia de seguridad.

El alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, dijo que son más de 40 mil indígenas en este municipio y se niegan a que se les detenga y se les revise en su propio territorio, por lo que amenazaron que si los rurales continuaban en este lugar los propios habitantes de San Lorenzo los echarían de esta región, ubicada a unos 30 kilómetros de Uruapan”.

De la misma manera que Cherán y alguna comunidad de Paracho, los comuneros de la región de Uruapan insisten en que los dejen defenderse de acuerdo con sus usos y costumbres. Ellos tienen que saber que cuando vayan a la cabecera municipal deben entender que hay reglas que se tienen que respetar, e incluso que no es posible que las comunidades extraigan madera de tierras que no son suyas, y que no basta con bloquear carreteras o manifestarse en las alcaldías para presionar a las autoridades y conseguir la liberación de quienes cometen delitos”, dijo Macías Alejandres, coordinador de los ediles priístas de Michoacán.

Agregó que está de acuerdo en que las comunidades indígenas se organicen para brindar seguridad a sus habitantes, de acuerdo con sus usos y costumbres, pero tampoco se pueden mantener ajenos ante un mandato nacional o estatal.

Es común que las comunidades indígenas estén divididas, afirmó el alcalde, porque así como hay gente que quiere designar a sus propios elementos de seguridad, hay quienes prefieren que sea el estado y la Federación los que se encarguen de esta labor, pero es algo que se tiene que resolver, porque lo mismo ocurre en comunidades de otras regiones purépechas donde no admiten la intromisión de gente extraña en sus pueblos, y que desde hace más de una década las regiones purépechas de La Meseta, La Cañada de los Once Pueblos, La zona Lacustre y la Ciénega de Zacapu fueron afectadas por las actividades de la delincuencia organizada.