a demanda total de la economía no se recupera a un ritmo consistente con las estimaciones del crecimiento que ha propuesto el gobierno, incluyendo las sucesivas correcciones realizadas hasta ahora. Ni el consumo ni la inversión aumentan de manera suficiente, y las exportaciones junto con el gasto público no alcanzan para compensar el apocado nivel de la actividad productiva.

El dinamismo del gasto se ha afectado de modo negativo por las medidas fiscales que elevaron los impuestos, así como aquellas emprendidas para la incorporación del sector informal. Los ingresos de las familias no aumentan, las empresas no invierten lo necesario y el gasto total se contrae.

A ello hay que sumar el efecto de la inflación. En ella tiene un peso relevante la incidencia de los precios fijados por el gobierno (como los combustibles y la electricidad). Tienen una repercusión en cadena pues son insumos básicos. Esto va minando constantemente el poder de compra y la capacidad de consumo.

Cuando las familias gastan menos suele haber un efecto paralelo sobre el deterioro de las deudas y tiende a aumentar la morosidad o, de plano, el no pago. Los datos acerca de las carteras morosas y vencidas ya están indicando este proceso.

El problema se agranda con la escasa generación de empleos. El monto de puestos de trabajo formales registrados en el IMSS está muy por debajo de las oferta que cada año existe en el mercado laboral. En este caso hay que considerar tanto a los nuevos entrantes como a aquellos que no hallan trabajo luego de perderlo. Así, las condiciones generales en materia de ocupación, para usar la terminología oficial, son cada vez más precarias. Salarios bajos y menos oportunidades de empleo son una combinación muy perversa.

Las medidas fiscales en materia de impuestos y de las deducciones sobre las inversiones y mediante el Ietu ya han provocado una dismunición de las utilidades netas, tanto en los negocios industriales como en los de servicios. Las consecuencias contractivas han sido claras por su efecto adverso en este renglón de la demanda agregada. Esta condición va a persistir. Las expectativas que se han generado con el nuevo presupuesto público para 2015 no ofrecen un cambio en el panorama.

Según la información oficial, la recaudación mediante los impuestos ha aumentado, pero el año entrante se acumularán los efectos negativos de las medidas fiscales y están presupuestados menores ingresos petroleros. Esta situación, aunada a la expansión del gasto, hará crecer el déficit público. Esto ya está previsto en el mercado financiero y su impacto se van a validar de manera rápida. Veremos cómo es que se acomoda la política monetaria para contener el costo de la deuda pública. No debe olvidarse que el arreglo político de las pensiones que se hizo en Pemex recargan esa deuda.

Este escenario puede generar cada vez mayores distorsiones productivas y de financiamiento, sobre todo en un entorno en el que las reformas están aún en un proceso de aplicación, que no exhibe todavía sus efectos completos.

En el caso de la reforma fiscal ya se han dejado sentir tales efectos y con fuerza. Por su naturaleza es, de todas las que se aprobaron en el Congreso, la que tiene impacto más directo y rápido. Esto contrasta con la reforma hacendaria, en la que el doble objetivo de elevar el nivel de la colocación de los créditos y reducir su costo aún no se cumple.

En cuanto a las exportaciones no puede esperarse un cambio sensible que favorezca el nivel de la demanda agregada. En Estados Unidos la recuperación económica sigue siendo lenta e insuficiente, y los indicadores relevantes, como en el caso del empleo, son aún inciertos. La Reserva Federal está contrayendo al oferta de dinero, las tasas de interés tenderán al alza y falta ver cuál será la reacción del mercado en términos de la inversión y la generación de ingresos de los trabajadores. En México habrá que adaptarse para no crear un desfase y la fragilidad del mercado interno.

El plan del gobierno para recuperar el crecimiento de la economía por encima de la tendencia apocada de las últimas tres décadas no tiene dirección clara.

Las medidas de la gestión de las finanzas públicas que se han aplicado hasta ahora y las que se perfilan en el presupuesto de 2015 marcan un camino utilizado muchas veces antes en el país.

No se trata aquí de crear o recrear espantos. El gasto público es, sin duda, una forma de expandir la demanda agregada y, también, de alterar su composición. Pero su efectividad depende de una adecuada planeación de la oferta que se puede generar y de los eslabones que provoca en materia del gasto de los otros agentes económicos, así como del financiamiento de la banca y el mercado de capitales.

Esa planeación del gasto, que supone un proceso de definición y ejecución de los proyectos, tiene que estar en cierta armonía con la recomposición de las fuentes y los usos de los recursos. Además ésta debe ser sostenible en el tiempo, en un sentido presupuestal. Ese es el meollo del asunto.

Otro asunto es evitar las tentaciones políticas en una u otra dirección, sea a favor de unos o de otros. Esto está siempre presente en las decisiones fiscales. Un presupuesto expansivo requiere también un mayor control de las posibles desviaciones originadas por la corrupción.