arias comunidades del municipio de Uruapan –Capácuaro, San Lorenzo, Caltzontzin, Angahuan y Corupo– exigieron ayer la salida de sus tierras de la Fuerza Rural, corporación integrada por el comisionado presidencial para Michoacán, Alfredo Castillo, con antiguos integrantes de grupos de autodefensa. Los pobladores señalaron que miembros de ese cuerpo han cometido diversos abusos, exigieron que se les permita defenderse de acuerdo con sus usos y costumbres y amenazaron con expulsar a los rurales con las armas si no se retiran.

No es ésta la primera acusación ni la primera inconformidad con la Fuerza Rural. Ya el pasado 6 de junio habitantes de los municipios de Apatzingán y La Huacana presentaron ante la comisión Estatal de Derechos Humanos quejas contra ese grupo por uso indebido de la fuerza pública, detención ilegal y robo. El 23 de julio, pobladores de Villa Madero se manifestaron contra las extorsiones y abusos de autoridad que atribuyeron a integrantes de la Fuerza Rural; hace apenas cuatro días, en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, comerciantes y productores de limón denunciaron que eran víctimas de cobro de cuotas por elementos de la corporación encabezados por Luis Antonio Torres González, Simón, El Americano, investigado hace unas semanas por su presunta aparición en un video al lado de Servando Gómez, La Tuta, imputación que fue después negada por las autoridades. En otras localidades de Tierra Caliente se ha señalado que entre los rurales se encuentran antiguos caballeros templarios infiltrados. Es significativo y preocupante que ahora esos señalamientos e inconformidades se extiendan a la Meseta Tarasca, por cuanto diversos pueblos de esa segunda zona se han organizado, de acuerdo con sus usos y costumbres, en policías comunitarias –incluso desde antes de que surgieran las autodefensas calentanas–, y la presencia de la Fuerza Rural allí es, en consecuencia, innecesaria, arbitraria, injustificable y peligrosa, por cuanto podría dar lugar a un clima propicio para enfrentamientos armados con los pobladores.

En términos generales, las protestas contra la corporación creada por Castillo refuerzan la percepción de que el conflicto michoacano se ha disimulado, mas no solucionado, y de que la Fuerza Rural, lejos de convertirse en factor de paz, estabilidad y legalidad, puede estar en vías de constituirse en un bando armado más, de entre los muchos que ya operan en la entidad: policías estatal y federal, Ejército, autodefensas, policías comunitarias y también, desde luego, las organizaciones criminales que distan de haber sido suprimidas.

Asimismo, los hechos referidos reafirman lo dicho en su momento, en el sentido de que a la omisión gubernamental en materia de seguridad pública se sumó un conjunto de acciones oficiales precipitadas o improvisadas: el reconocimiento a las autodefensas –hasta el grado de que se firmó con algunos de sus líderes un acuerdo de legalidad dudosa–, luego una injustificable persecución contra varios de sus dirigentes y grupos, y la conformación de esa Fuerza Rural hoy repudiada por muchas comunidades. En medio de ese accionar contradictorio, el gobierno dejó de realizar, sin embargo, la que habría debido ser su tarea principal: la plena neutralización de las facciones delictivas mediante la combinación de medidas policiales, económicas, sociales y políticas, en el contexto del respeto a los derechos humanos, y la restitución del estado de derecho en Michoacán.