El consejero jurídico y de servicios legales José Ramón Amieva Gálvez asegura que en la construcción del andamiaje jurídico de la ciudad de México esta administración toma en cuenta la opinión de sus habitantes, y deslinda al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la propuesta de las normas 30 y 31 para la construcción de vivienda de interés social, cuya responsabilidad atribuye a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), encabezada por Simón Neumann.

Él (Mancera) nunca la propuso ni la envió a la Asamblea Legislativa, fue simplemente la emisión de una norma por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, precisa.

El funcionario explica que después de hacer una valoración de la propuesta los y las diputadas, la propia Seduvi, y las asociaciones interesadas en un crecimiento ordenado de la ciudad decidieron hacer un nuevo análisis para buscar cuál es el principio de atención a la ciudadanía.

A unos días de que el mandatario capitalino presente su segundo informe de labores, Amieva Gálvez asegura que la principal virtud que ha tenido Mancera Espinosa, como representante de un gobierno de izquierda es convertir los programas sociales, que antes sólo eran considerados disposiciones administrativas, en leyes, ya que con ello se garantiza su continuidad y la asignación de un presupuesto.

Se ha cubierto jurídicamente todos los aspectos de la vida institucional y social de los habitantes de esta ciudad, de niños a adultos mayores, para cada etapa de su vida hay normas que los van acompañando, protegiendo y que les permiten tener una actuación integral de la sociedad, abunda.

Amieva Gálvez se autodefine como un servidor público que acompaña a Mancera Espinosa –con quien colabora desde 2006– en un proyecto de gobierno con una perspectiva social.

Comparto su visión, su forma de pensar, lo respeto como jefe, lo aprecio como amigo, lo admiro como persona y padre, apunta.

Responsable de elaborar la propuesta que se entregará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para desvincular las leyes del salario mínimo, detalla que se tiene que determinar que ordenamientos deberá modificar el órgano legislativo y las disposiciones administrativas y reglamentos que tendría que cambiar el Gobierno del Distrito Federal.

Dividimos este segmento en dos grandes apartados: el primero va con una iniciativa en donde se propone modificar las leyes a escala local y se señala que las de nivel federal corresponderían a una iniciativa que enviaría la asamblea; y por otra, es para el efecto de los programas sociales y otros que se valoran también con el salario mínimo, lo que pretendemos es establecer una fórmula como una unidad valor.

El consejero, quien se declara apartista, concluye: Estamos colaborando con esta propuesta, pequeñita, para que el salario mínimo pueda convertirse en esa unidad de retribución justa por un trabajo que realizamos todas y todos los mexicanos.