La ex dirigente del PAN Cecilia Romero lamentó ayer que en el sexenio de Felipe Calderón se hayan registrado muertes y desapariciones forzadas, pero señaló que éstas no fueron responsabilidad del gobierno federal.

Luego que organizaciones de derechos humanos pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue los hechos de violencia que se registraron en el periodo 2006-2012, ya que consideraron que se cometieron crimenes de lesa humanidad por parte de autoridades responsables de la lucha en contra del crimen organizado, insistió en que no se le puede imputar responsabilidad al ex presidente por lo que sucedió.

Consideró que estas agrupaciones actúan de manera estridente, aunque reconoció que a partir de la guerra contra el crimen organizado se registraron una serie de actos lamentables.

Héctor Larios, senador por Sonora, dijo que pretender enjuciar al ex presidente Felipe Calderón por las desapariciones forzadas, las muertes y secuestros que se registraron en su sexenio es tanto como decir que habría que llevar a Enrique Peña Nieto ante organismos internacionales de protección a los derechos humanos porque cuando fue gobernador del estado de México, la entidad registro un alto índice de homicidios.

El ex gobernador mexiquense no es responsable necesariamente de las desparaciones ni de los muertos, como tampoco lo es ningún alcalde o el presidente de la República, enfatizó.

No se puede imputar a alguien de lo que no hizo, subrayó Larios, y consideró que no existe ningún elemento que pueda hacer que la Corte Penal Internacional condene a una persona porque mataron a alguien en Tamaulipas, en Chihuahua o en Sinaloa.

Rodrigo Ivan Cortés, ex director de relaciones internacionales del PAN, resaltó que la confrontación entre los grupos criminales fue lo que generó muchas muertes y desaparecidos. Sostener que esto es atribuible al gobierno federal, porque retomó la seguridad en territorios que estaban controlados por el crimen organizado, es tener un enfoque errado de las cosas y una apreciación injusta que no se apega a los hechos.

No decartó que alguna instancia federal pudiera haber cometido actos injustos, pero de ahí a atribuir a todo un gobierno dicha actitud, es improcedente y no es serio.

Estimó que calificar los crimenes registrados en el sexenio calderonista como de lesa humanidad es no conocer la dinámica de la delincuencia organizada.