on bombos y platillos celebran en Los Pinos y zonas conexas que, por primera vez en la historia, el número de empleos registrados en el IMSS superó la barrera de los 17 millones, lo que constituye, dicen, inequívoca prueba de que México va por el rumbo correcto y de que es exitosísimo el modelito económico que defienden a capa y espada.

Pues bien, es de festejar que 17 millones de trabajadores estén inscritos (así sea con menor salario del que en realidad obtienen, para que el patrón pague una cuota menor) en esa gran institución de seguridad social, pero la euforia del gobierno de la República (el de ahora y los precedentes) confirma que es muy bueno a la hora de sumar, pero pésimo a la hora de restar.

Lo anterior, porque esos 17 millones de mexicanos registrados en el IMSS sólo representan 33 por ciento de la población económicamente activa (cifras del Inegi), de tal suerte que otros 35 millones de paisanos se mantienen totalmente separados de los beneficios inherentes a dicha institución de seguridad social. Así, sólo uno de cada tres paisanos en edad y condición de laborar forma parte del inventario formal de la economía. El resto, en la informalidad o de plano en la desocupación.

En los 21 meses del sexenio peñanietista (hasta agosto de 2014) debieron generarse alrededor de 2 millones 100 mil empleos formales registrados en el IMSS, pero en los hechos a duras penas se crearon 756 mil (incluidos eventuales), a razón mensual promedio de 36 mil (contra 100 mil requeridos en igual lapso). Sólo en ese periodo un millón 344 mil mexicanos en edad y condición de laborar quedaron totalmente fuera de la jugada.

Nada que presumir, pues. Cierto es que el problema es de larga data, pero nadie parece interesado en resolverlo. La cifra histórica que festejan en Los Pinos languidece cuando las propias cifras oficiales demuestran que ha sido muy limitado el número de empleos generados en lo que va del sexenio.

Lo que, sin comillas, sí constituye una terrorífica cifra histórica es el déficit de empleos formales que registra el país, el cual se aproxima a los 8 millones de plazas sólo en lo que va del nuevo siglo, que involucra a tres gobiernos (Fox y su cambio; Calderón y su para vivir mejor, y Peña Nieto con su mover a México). Si se toma como base la estadística oficial, de agosto del año 2000 a igual mes de 2014, la población económicamente activa en el país se incrementó en 12 millones (números cerrados), mientras que en igual periodo la generación de empleos formales a duras penas rebasó 4 millones de plazas (eventuales un millón de ellas).

Si el modelito económico funcionara y esos tres inquilinos de Los Pinos hubieran cumplido su promesa laboral, a estas alturas la verdadera cifra histórica sería de cuando menos 25 millones de plazas registradas en el IMSS, lo que no sólo impactaría positivamente en el bienestar de los trabajadores sino en las finanzas de la propia institución de seguridad social. Pero sólo son 17 millones, porque en la acera de enfrente hay más de 30 millones en la informalidad y cerca de 3 millones en la desocupación abierta.

Lo ideal, desde luego, sería que el número de trabajadores inscritos en el IMSS correspondiera al de todos los mexicanos en edad y condición de laborar (52 millones y pico al cierre de agosto de 2014). Ese sí sería un motivo real de celebración, y no sólo en la residencia oficial. Entonces, en Los Pinos deben comprar una calculadora que sume, pero que también reste para que se ubiquen en la realidad, y no sólo la laboral.

Mientras eso eventualmente sucede, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, advierte que la presunta ligera recuperación de la economía mexicana no se ve reflejada en una mejora en la confianza de los consumidores y de los empresarios, lo que aunado a un deterioro en la inflación y tasas de variación poco significativas en materia de inversión fija bruta, permiten vislumbrar que la economía de nuestro país continuará moviéndose a un ritmo lento.

El Banco de México anticipó que la inflación presentaría niveles por encima de 4 por ciento, es decir, por arriba de su propia meta. Dichas expectativas fueron confirmadas por el Inegi, que reportó que en agosto la inflación a tasa anualizada fue de 4.1 por ciento, incremento generado en mayor medida por aumentos en el precio de los alimentos, sobre todo los de origen pecuario, tales como las carnes de cerdo (19.6 por ciento) y de res (14.7), lo que provocó que, en términos generales, el incremento en el precio de los alimentos fuera de 5.7 por ciento a tasa anualizada.

De igual forma, los precios del transporte continúan presentando tasas de crecimiento elevadas (6.2 por ciento) debido a que persiste el alza en el precio de los energéticos (7.8), en particular de las gasolinas tanto de bajo como de alto octanaje (10.1 y 11.3, respectivamente). Junto con el de los alimentos, estos incrementos significativos impactan considerablemente el bolsillo de los mexicanos, en específico de los trabajadores que obtienen las percepciones salariales más bajas. De esta forma, niveles altos de inflación se traducen en una agravante más para la difícil situación en la que se encuentra involucrado el mercado interno de nuestro país.

Las rebanadas del pastel

Lo de Grupo México es un cochinero ecológico, político y económico, pero también una excelente ocasión para que el gobierno peñanietista y coro que le acompaña cumpla con uno de los compromisos del llamado Pacto por México, específicamente el número 61, que a la letra dice: transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable. Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas donde ésta se establece. Para ello se acordará lo siguiente: se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector. ¿Dónde quedó la bolita?

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