La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi propondrá ‘‘analizar los términos de la concesión’’ otorgada al Grupo México, que maneja la mina de Cananea, en tanto la empresa de Germán Larrea no cumpla con los damnificados, la regulación ambiental y garantice condiciones de seguridad en su operación.

La instancia legislativa también solicitará al gobierno federal ‘‘una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México’’, una vez que los diputados de todos los partidos corroboraron la semana pasada que la subsidiaria Buenavista del Cobre mintió sobre el origen del derrame y escondió el hecho al menos dos días.

La comisión especial de San Lázaro revela, en un documento de trabajo que servirá para elaborar el informe final que será entregado el 17 de septiembre a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que el tubo del cual se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ‘‘no ha sido arreglado’’, esto es, la fuga continúa.

Entre las propuestas incluidas en el documento que servirá de base del informe final, del que La Jornada tiene copia, se plantea constituir un fideicomiso tripartito entre el gobierno federal y estatal, así como Grupo México, para que puedan pagarse las indemnizaciones a 24 mil 48 habitantes afectados de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.

Para la comisión, Grupo México, a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre, ‘‘mintió desde un primer momento, ya que pasaron varios días en que tuvo conocimiento del derrame y no avisó a las autoridades correspondientes, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después señaló que el derrame fue a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagia) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)’’.

El informe concluye que Grupo México y su subsidiaria Buenavista del Cobre ‘‘mostraron indolencia ante la magnitud del problema, por lo que pusieron y siguen poniendo en peligro a las poblaciones afectadas y no cabe la menor duda de que han incurrido en delitos en materia ambiental’’.

Los diputados de la comisión especial realizaron, la semana pasada, un sobrevuelo en helicóptero por la zona afectada: ‘‘Esta comisión especial detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México, ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre, los cuales ocasionaron el derrame de sustancias tóxicas’’.

El texto recuerda que el pasado 6 de agosto, debido a una falla en la tubería de salida de un represo de la mina, se provocó un derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre (CuSO4), arsénico, cadmio, cromo, mercurio y ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

Al día siguiente, habitantes de la zona informaron a la Unidad de Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora de la coloración inusual del cauce, pero la empresa notificó el 8 de agosto vía telefónica y formalmente apenas el 12 de agosto.

‘‘Se constató que la empresa mintió al no informar del derrame e incluso fue sorprendida días después, de acuerdo con lo señalado por funcionarios federales, canalizando y bombeando las sustancias contaminantes al río’’, resalta el reporte.

La primera justificación de la minera fue que el derrame se ocasionó por lluvias atípicas, lo cual no ocurrió, como demostraron el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Entonces, la compañía atribuyó el incidente a la ruptura de un tubo del represo construido por Terracería, Construcciones y Vías Férreas (Tecovifesa), compañía que participó en la obra del Acueducto Independencia, promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías.

La comisión refiere que en la reunión de trabajo con directivos de la empresa, éstos hicieron un diagnóstico preliminar del origen del derrame. ‘‘Lo atribuyen al contratista Tecovifesa, indicando que la empresa no soslayará su compromiso de reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame’’.

Tecovifesa es propiedad de Miguel Ángel Ayala Guerrero, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.

La comisión comprobó ‘‘que para la magnitud del problema, en el lecho del río Sonora se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que retiran del afluente la están llevando a una presa a cielo abierto junto a la minera Buenavista del Cobre, de Cananea’’.

Incluso, la comisión recomienda que ‘‘ante tales circunstancias la mina no debiera estar en operación, porque no sabemos dónde se están depositando los desechos tóxicos’’.

Como expresó hace unos días el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal (PRI), el reporte asegura que en el castigo ejemplar para Grupo México ‘‘lo que está en juego son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta y, en su caso, ante la precariedad o ausencia de ellas, dotar al Estado del fundamento legal que se requiera para hacer efectivas sus capacidades reguladoras y sancionadoras’’.

Los diputados también se reunieron con funcionarios federales que fueron expulsados por Padrés Elías, luego de que éstos confirmaron que el gobernador construyó una represa para su uso personal.

En el encuentro participaron el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Andrés Suilo Orozco; el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jorge Carlos Flores Monge; el delegado de la Secretaría de Agricultura, Horacio Huerta Ceballos, y el director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, César Alfonso Lagarda Lagarda.

‘‘De la reunión con los delegados federales pudimos constatar que al momento del derrame, el material contaminante era de al menos 40 mil metros cúbicos, equivalente a 4 mil pipas; 5 mil hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua potable cerrados y 320 de uso agrícola y ganadero. El impacto económico es aún incuantificable y merecerá un monitoreo por lo menos los próximos cinco años’’, describe la comisión.

Los diputados solicitaron a la Comisión Estatal de Protección Civil las actas del comité de emergencia; también lo hicieron al gobierno de Padrés Elías. ‘‘Al día de hoy no han sido entregadas’’, lamenta.

Señala que los funcionarios federales revelaron que el gobierno del estado ‘‘no ha explicado en función de qué se está indemnizando ni cómo se han cuantificado los daños, ni tampoco con qué recursos se está pagando a los pobladores afectados. Hacen falta acciones urgentes y estructurales, como el retiro de la arena contaminada que la empresa no ha realizado; solamente y por un día la empresa mandó a una cuadrilla en un kilómetro del cauce a echar cal; afirmaron que no han visto a nadie trabajando, por lo que la tarea estructural, que es la restauración ambiental, llevará años’’.