n su solicitud para la ronda cero, Petróleos Mexicanos (Pemex) estimó el total de recursos de hidrocarburos del país –calculado al primero de enero de 2014 e integrado por la suma de reservas y recursos prospectivos– en 156 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mbpce). Desde que se definió el resultado de la ronda cero, el pasado 13 de agosto, ese total se segmenta en dos partes: a) la ya asignada a Pemex, que suma 28 mil 672 mbpce (18.3 por ciento), y b) la que queda abierta para futuras adjudicaciones a particulares, mediante contratos de exploración y extracción, o asignaciones a empresas productivas del Estado, que se eleva a 127 mil 928 mbpce (81.7 por ciento). Es claro que el total estimado es fantasioso, ya que casi dos terceras partes del mismo (72 por ciento) se integran por recursos aún por descubrirse. Si se trabaja sólo con los recursos ya ubicados (reservas 3P y prospectivos localizados), que llegan a 112 mil 800 mbpce, el primer segmento, ya asignado a Pemex, representa un cuarto (25.4 por ciento) del total, mientras que lo destinado a futuros contratos, en su mayor parte con particulares, y eventuales nuevas asignaciones, se eleva a los restantes tres cuartos (74.6 por ciento). Con cualquiera de estos enfoques –el claramente fantasioso y el otro, algo más realista–, la asignación a Pemex fue mínima, para dejar abiertas las mayores oportunidades a los participantes privados y a las asociaciones de Pemex con particulares, nacionales y foráneos. El acceso a estos recursos se definirá en sucesivas rondas de licitaciones, a partir de la ronda uno, que se espera culminar en 2015.

En una muestra evidente del abusivo apresuramiento con que la autoridad ha manejado las primeras acciones y decisiones relativas a la reforma petrolera, el mismo día del anuncio del resultado de la ronda cero se anunciaron también los lineamientos de la primera serie de licitaciones a empresas privadas: la ronda uno. Se trata de acumular el mayor número de hechos consumados para dificultar la realización de una consulta popular orientada a revertir el conjunto de la reforma energética y, llegado el caso, alegar que la reversión sería imposible o excesivamente costosa.

La página web de la Secretaría de Energía (Sener) contiene la información hasta ahora disponible sobre la ronda uno. Es importante destacar, de entrada, el alcance que se prevé para la misma: licitar 169 bloques, 109 para exploración y 60 para extracción, con superficie total de 28 mil 500 kilómetros cuadrados. El 91 por ciento del área total corresponde a bloques para exploración: 25 mil 935 kilómetros cuadrados y superficie media de 237.9 kilómetros cuadrados, y el restante 9 por ciento a campos en extracción: 2 mil 565 kilómetros cuadrados y área promedio de 42.75 kilómetros cuadrados. Los recursos contenidos en los bloques a licitar se estiman en 18 mil 388 mbpce. De este total, 3 mil 782 mbpce (28.2 por ciento) corresponden a reservas 2P (con probabilidad de extracción de por lo menos 50 por ciento) y los restantes 14 mil 606 mbpce (77.8 por ciento) a recursos prospectivos. Se comprueba así que la subsecretaria de Hidrocarburos estaba en lo cierto cuando se equivocó al declarar, en marzo último, al Financial Times, que la mayoría de los países no incluyen sus reservas en rondas de licitación. Esto hará muy atractivas las rondas mexicanas. A menudo, los funcionarios yerran al decir la verdad.

Los croquis geográficos del documento sobre la ronda uno divulgado en el portal de la Sener permiten identificar 12 campos petroleros en los que existen reservas probadas o en los que Pemex ha realizado gastos de capital en los últimos años. No obstante, estos campos van a licitarse en la ronda uno, para que empresas privadas los exploten, por sí mismas o asociadas con Pemex. Ejemplos: los campos Ek-Balam, en aguas someras del Golfo –según los informes de Pemex a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos–, contienen reservas por 231.9 mbp, y en ellos Pemex ha efectuado gastos de capital por 11 mil 206 millones de pesos entre 2009 y 2013 y presupuestó 4 mil 752 millones para el año en curso. Como se ha señalado en estos artículos, la información oficial –tanto al mencionar los campos que no le fueron asignados a Pemex en la ronda cero como al aludir a los que serán incluidos en la ronda uno– no alude en lo absoluto a la necesidad de que Pemex sea compensada por las inversiones realizadas en el desarrollo de tales campos. Se refuerza así la sospecha de que se busca olvidar tal obligación constitucional, para que las licitaciones sean todavía más atractivas.

Para incrementar la catarata de anuncios que se desea convertir lo antes posible en hechos consumados, también el 13 de agosto se realizaron dos adicionales. Primero, la licitación, a concluir en 2015, de las 22 áreas en producción (aceite: 46 mbd y gas: 448 mp3d) en las que Pemex ya tiene celebrados con particulares contratos integrales de exploración y producción (CIEP) y de obra pública financiada (COPF). Segundo, 10 proyectos en campos que fueron asignados a Pemex y en los que la empresa busca asociarse con terceros. Estos últimos, informa la Sener, contienen reservas 2P por mil 557 mbpce y 3P por 2 mil 664 mbpce. De forma por demás curiosa, la Sener muestra como ND-no disponible la superficie que cubren estos proyectos (Pemex, por su parte, informa que dicha superficie es de 611.7 kilómetros cuadrados). ¿Es concebible que la Sener ignore un dato tan elemental? Se trata de una muestra más del descuido y la ligereza con la que se ha manejado la información oficial sobre aspectos importantes de la reforma energética.

Pemex desea asociarse en estos 10 proyectos en campos que le fueron asignados porque demostró que dispone de capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para desarrollarlos y explotarlos de manera eficiente y competitiva. Si no lo hubiese demostrado, se le habrían negado, como tantos otros que no le fueron otorgados. Es difícil considerar razonable que el mismo día en que la autoridad le adjudica estos 10 campos –con reservas que el propio Pemex estima en más de dos y medio millones de barriles–, la empresa manifieste, con el beneplácito del regulador y de la cabeza del sector, que en realidad prefiere asociarse con terceros, muy probablemente extranjeros, para explotar campos que pueden tener un impacto significativo en la producción del país y que, además, se espera despierten fuerte interés de posibles socios [véase Pemex, “Migración de asignaciones a contratos y esquema de asociaciones (farm outs)”, 13 de agosto de 2014].

Cómo no concluir, tras lo expuesto, que al despojo que significó la ronda cero se suma la entrega desembozada de los recursos de la nación. Revertir esta atroz reforma mediante la consulta popular es la única vía digna aún abierta.