Un tribunal federal rechazó este martes entregar a Elba Esther Gordillo el escrito en el cual la Procuraduría General de la República (PGR) pactó los términos para convertir en testigo protegido a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, con el argumento de que se trata de información ‘‘confidencial y de seguridad nacional’’ que de ser revelada pondría en riesgo al Programa Federal de Protección a Personas.

Según consta en la resolución del primer tribunal unitario penal del Distrito Federal, a la que tuvo acceso La Jornada, la petición hecha por los abogados de la maestra es ‘‘improcedente’’, por lo que rechazó darles acceso al denominado ‘‘convenio de entendimiento’’ mediante el cual Ugarte recibió los beneficios de colaboradora de la PGR.

Dicho ‘‘convenio’’ fue solicitado por Gordillo y por José Manuel Díaz Flores, coprocesado de la ex lideresa magisterial, acusados ambos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Contra esta negativa procede un juicio de amparo indirecto.

La resolución del tribunal unitario refiere que ‘‘el contenido de ese instrumento únicamente le incumbe a la procesada Nora Guadalupe Ugarte y, por ser ajeno al proceso penal, en nada le agravia (a Gordillo Morales y a José Manuel Díaz Flores) el que no se otorgue copia simple’’.

Añade que ‘‘de dar a conocer a personas distintas de su titular lo que se estableció en el convenio de colaboración entre la coprocesada y la PGR, sin prejuzgar, se podría poner en riesgo la finalidad del Programa Federal de Protección a Personas’’.

Ex cajera del SNTE

Nora Guadalupe Ugarte Ramírez se desempeñó como cajera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la PGR la admitió como testigo colaboradora en el caso Gordillo.

Desde noviembre pasado, Ugarte ha rechazado ampliar su declaración y ser sometida a interrogatorio por la ex lideresa sindical, en el juicio a que ambas están sujetas por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos.

Ugarte argumentó que si declaraba en el proceso violarían su derecho a la no autoincriminación y por ello pidió a los tribunales una ponderación entre su derecho a no inculparse y la obligación de declarar, pues tiene dos calidades jurídicas: procesada y testigo colaboradora.

La ex cajera del SNTE fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Distrito Federal.