as redes sociales o la red de contactos y relaciones que tienen los migrantes es un recurso fundamental que abarata costos, disminuye riesgos y permitía que pudieran echarse un volado para decidir su viaje al Norte, pero nunca dejaría que la suerte eligiera su lugar de destino. Migraba a donde tuviera parientes, amigos, paisanos, conocidos.

Al llegar a la casa de un familiar o compatriota se abaratan los costos del hospedaje y se facilitaba el ingreso al mercado de trabajo. Por otra parte, en ambiente conocido se sienten seguros y aconsejados durante las primeras semanas o meses de estadía.

A estos recursos de los que cada quien dispone también se les ha llamado capital social, ya que tienen la peculiaridad de transformarse en capital monetario o capital humano. Al tener contactos se puede acceder a recursos en forma de dinero a fondo perdido o como un préstamo. También las relaciones sociales permiten acceder a capital humano de manera directa o indirecta, proporcionan información valiosa, contactos e infraestructura para estudiar o simplemente permiten la capacitación y el entrenamiento. Cientos de cocineros y administradores aprendieron el oficio en el restaurante de un pariente o conocido.

Luego se cobran estas ayudas o apoyos de manera informal o se salda la deuda con un favor semejante, lo que se ha llamado técnicamente sistemas de reciprocidad o popularmente mano vuelta.

Por décadas, las redes sociales han facilitado notablemente las aventuras migratorias, pero en la actualidad las políticas y las leyes migratorias de Estados Unidos han afectado notablemente su efectividad.

Ese país definió su política migratoria de manera textual como prevención por medio de la disuasión (prevention through deterrence) y específicamente se ha enfocado en lograr la disuasión por medio del incremento de costos y riesgos. Esta fase de la política migratoria no afecta directamente a las redes sociales, pero la contrarresta en lo que se supondría eran sus beneficios.

De este modo, la primera acción puesta en práctica fue cerrar las vías de acceso tradicionales por donde pasaban la mayoría de los migrantes, en particular en las ciudades vecinas de Tijuana, Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez y otras más. Así, obligaron a los migrantes a dirigirse a rutas más largas y peligrosas.

El efecto fue inmediato. Si en 1990 el pago al coyote era de 200 a 300 dólares, en 2000 creció 10 veces y en la actualidad ronda 4 o 5 mil dólares. No sólo esto. El incremento del riesgo creció notablemente y se ha demostrado que en los últimos años fallecen cerca de 400 personas anualmente en el intento de cruzar la frontera.

Para contrarrestar esta política los migrantes recurrieron a sus redes sociales. Ya no era posible que desde México se financiaran el viaje y el pago del coyote, que se volvió indispensable. Era necesario solicitar la ayuda de parientes o conocidos que radicaran en Estados Unidos y ganaran en dólares. Luego, el migrante pagaría la deuda con sus ingresos, que prácticamente estaban asegurados por la demanda de mano de obra.

Sin embargo, lo que era un servicio garantizado que se pagaba cuando el coyote entregaba la mercancía en su domicilio (al migrante), se convirtió en un negocio azaroso e incierto. Ahora es necesario pagar adelantos y no hay garantía de que se pueda cruzar la frontera y llegar al destino previsto.

La crisis de 2008 complicó el panorama y los migrantes radicados en Estados Unidos dejaron de enviar dinero para ayudar a los nuevos migrantes. No sólo corrían el riesgo de perder su dinero, sino también era más complicado acoger a un nuevo migrante cuando ellos mismos estaban en dificultades para conseguir empleo o trabajar la jornada completa.

Por añadidura, se empezó a perseguir a los migrantes irregulares dentro de Estados Unidos, de modo que ahora son más los que detienen y deportan del interior que los que regresan desde la frontera. Esto también suponía un incremento de costos y riesgos porque el nuevo migrante está más expuesto a que lo deporten y a perder su inversión.

Por otra parte, se ha intentado afectar legalmente a las redes sociales por medio de leyes específicas, como penalizar a todo aquel que ayude a un migrante, proporcione hospedaje o lo traslade en un vehículo. Muchas de estas leyes no han pasado por ser específicamente persecutorias, pero el ambiente ya está viciado.

En algunos condados, por ejemplo, no se permite la renta de vivienda a los migrantes irregulares y se ponen condiciones para que no sobrepasen el número de ocupantes. La mayoría de los estados prohíbe obtener licencia de manejo a los migrantes irregulares y muchos tienen que arriesgarse a manejar, porque no hay otra manera de ir a trabajar, sobre todo en el horario nocturno. El acoso viene por muchos lados.

Por otra parte, el estigma hacia los migrantes irregulares ha afectado a la comunidad latina. En algunos casos ha reaccionado a favor de una reforma migratoria, pero otros se ha retraído; no quieren correr riesgos y se sienten amenazados al ayudar y apoyar a otros migrantes en condición irregular.

De manera directa o indirecta las redes sociales de los migrantes ya no pueden operar de la misma forma que hace un par de décadas. Las relaciones sociales de amistad y paisanaje, e incluso las familiares de segundo nivel se han monetarizado, ya no es posible devolver el favor, con otro favor. El sueño de ir a trabajar al Norte se puede convertir en pesadilla.