El 11 de agosto de 2010, Rogelio Amaya y cuatro de sus amigos fueron detenidos de manera arbitraria en Ciudad Juárez, Chihuahua, por elementos de la Policía Federal (PF). En lugar de presentarlos de inmediato ante el Ministerio Público –eran señalados como integrantes del crimen organizado–, los condujeron a un cuartel donde los golpearon, intentaron asfixiar, les propinaron descargas eléctricas y a algunos los agredieron sexualmente.

La intención de los uniformados era que grabaran un video en el que se inculparan. Después del sufrimiento por la tortura sufrida aceptaron los cargos falsos y fueron enviados a la ciudad de México, donde las cosas se pusieron peor, nos llevaron a las instalaciones de la PF de Iztapalapa y la tortura siguió, recordó al relatar su experiencia durante la presentación del informe sobre tortura de Amnistía Internacional (AI).

Aun cuando fueron detenidos un miércoles, se les presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) hasta el sábado y además fueron arraigados 90 días. Luego de ese periodo, el ex jefe de división de la PF Luis Cárdenas Palomino los presentó ante los medios como los peores criminales de Juárez, y los acusó de ser los responsables del estallamiento de un coche bomba y de asesinar a policías federales.

Fueron recluidos en penales de máxima seguridad, pero por los delitos de portación de armas y drogas. Luego de tres años de prisión, su caso fue reabierto por el actual procurador, Jesús Murillo Karam, y tras la aplicación del Protocolo de Estambul se comprobó que la única prueba en su contra era una confesión obtenida mediante tortura, por lo que los cinco fueron liberados.

Algo similar ocurrió a Claudia Medina, detenida junto con su esposo en su casa en Veracruz por elementos de la Marina en 2012. Fue torturada sicológica, física y sexualmente. La tuvieron retenida ilegalmente 36 horas en una zona naval de esa entidad y posteriormente se le remitió al Ministerio Público.

Fui torturada para que me inculpara. También se le presentó como una criminal ante los medios de comunicación y fue recluida por narcotráfico. Tras un largo proceso logró obtener su libertad.

La mujer lanzó un enfático reclamo, pues aun cuando han pasado más de dos años de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aún no ha emitido una recomendación por su caso.

También dio su testimonio Yuly Baltazar, esposa de Ángel Amílcar, migrante hondureño que fue detenido en México, acusado de narcotráfico y sometido a tortura. Relató cómo su marido fue engañado por un coyote en Tijuana, quien lo entregó a un grupo de uniformados que lo torturaron y le fincaron cargos.

Lleva cinco años y medio en prisión injusta, por lo que en julio pasado AI lo declaró preso de conciencia.