El Estado mexicano tiene la obligación de abrir los ojos y emprender medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar las prácticas de tortura en que incurren policías y elementos de las fuerzas armadas. Lo anterior, debido a que se trata de acciones persistentes y generalizadas en el país, consideró Amnistía Internacional (AI).

Al presentar el informe Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México, cuyo contenido adelantó ayer La Jornada, Rupert Knox, investigador para México de ese organismo internacional, señaló que el gobierno mexicano debe reconocer la gravedad y persistencia de esta práctica para poder resolverla.

El miércoles, en víspera de la presentación del informe, integrantes de AI se reunieron con varios funcionarios del gobierno federal, entre ellos el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y la subprocuradora para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, quienes si bien reconocieron la problemática, rechazaron que sea una práctica generalizada en el país. Incluso argumentaron que se estaban atendiendo las cuatro recomendaciones por tortura que este año emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Decepcionante la reacción de autoridades

Knox calificó esa posición como decepcionante, sobre todo después que el informe de AI acredita lo contrario. A ningún gobierno le gusta, eso es entendible. Pero el motivo para insistir es porque si no se reconoce que hay un problema persistente y generalizado, México no lo resolverá. También criticó que las autoridades sólo se aboquen a atender los cuatro casos remitidos por la CNDH.

Para el investigador de AI, los resultados del reporte son alarmantes, pues aun cuando la tortura es persistente, el grado de impunidad por esas violaciones a derechos humanos es muy alto, ya que de 2005 a la fecha sólo existen siete condenas contra torturadores.

Sobre la actuación de la CNDH ante casos de tortura, indicó que actualmente ese organismo no es parte de la solución sino del problema, debido a que ha dejado a muchas víctimas en la indefensión, pues no da seguimiento a decenas de casos de malos tratos y tarda en entregar información cuando aplica el Protocolo de Estambul, cuando se establece que sea inmediato. La CNDH está trabajando para la CNDH, no para las víctimas

En el informe se asienta que sólo una de cada 20 presuntas víctimas de este delito que presentan quejas ante la CNDH es sometida a un examen forense oficial por la PGR, y sólo uno de cada ocho exámenes forenses concluye en que existen indicios de tortura. Por ello, Knox recomendó que los peritajes independientes aplicados a las víctimas sean considerados en los procesos judiciales en su contra, a fin de evitar juicios y sentencias dudosas.

Reconoció los avances, sobre todo en materia de normas, que se han dado en el país contra la tortura y también agradeció que la PGR haya permitido que para la elaboración del informe, AI haya accedido a varios dictámenes, en los que la organización encontró deficiencias para aplicar el Protocolo de Estambul.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en el país, apuntó que México cuenta con un sistema institucional para atender este delito que de operar de manera efectiva podría transformar la actual situación. Por ello, llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a reconocer la magnitud del problema.

En una encuesta se reportó que 64 por ciento de los mexicanos tienen temor a que en caso de ser detenidos puedan ser torturados, pero 30 por ciento se manifestó en favor de la tortura, sobre todo los relacionados con seguridad.