eintidós de enero, más de una década atrás. Una mujer maya toma un cuchillo de cocina y penetra con él el abdomen de su esposo. Poco después el hombre yace muerto. Ese día, como todos los días, durante más de 20 años, el occiso insultó, amenazó de muerte y golpeó a su cónyuge. Ella lo había denunciado en diversas ocasiones. La respuesta de la autoridad solía ser la misma: Arréglese con él. Si lo llevamos preso, ¿quién la va a mantener? Cabizbaja regresaba a su casa, un hogar pequeño con techo de huano, donde siempre hubo cupo para más violencia.

Nueve de agosto desde 1995: Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Como cada año, en México recordamos que somos una nación multicultural compuesta por decenas de grupos étnicos y pluralidad de lenguas, a menudo mal llamadas dialectos. En esa fecha nos bombardean con noticias y cifras que normalmente no se nombran: la exclusión, la pobreza extrema y el racismo en su contra, que nos permite vislumbrar dos Méxicos, como lo sostiene el antropólogo Bonfil Batalla en su obra México profundo, una civilización negada: el México indígena en el que las raíces son remembranzas montadas en pirámides imponentes y un efímero orgullo de orígenes lejanos. Sin embargo, al aproximarnos a nuestra realidad indígena actual prevalece el desconocimiento, la indiferencia y hasta un franco rechazo.

Para el 10 de agosto, los pueblos indígenas vuelven a quedar en el olvido, pero resuena en nuestra conciencia la violencia en su contra, el despojo de sus territorios, los encarcelamientos injustos, los pisos de tierra, las casas sin luz ni agua, la infancia sin escuela.

Volvamos a nuestra historia…

Ella fue detenida y acusada de homicidio calificado, más tarde absuelta tras la aplicación de un artículo del Código Penal del Estado de Yucatán, que prevé que el delito se excluye cuando no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que efectuó. En palabras simples, la juez consideró que aquélla asesinó a su esposo, pero también valoró las circunstancias bajo las cuales aconteció el hecho, lo que la llevó a dejarla en libertad.

La sentencia comentada es un ejemplo de justicia con perspectiva de género y atención a la diversidad cultural, pues así se advierte de los argumentos jurídicos y de las pruebas valoradas, entre ellas dos peritajes, uno siquiátrico y otro antropológico, que muestran cómo la inculpada fue víctima de abusos reiterados y violencia de género durante más de 20 años, que vieron su fin con la muerte del agresor.

Esta sentencia, ¿es un caso aislado? ¿Fruto de la buena voluntad, de una defensa adecuada y/o de una juzgadora capaz y sensible? ¿Cómo incorporar en la práctica jurídica los enfoques multicultural y de género?

Este lamentable asunto, como muchos otros, puede resolverse desde diferentes aristas. Una de ellas consiste en incorporar buenas prácticas, como juzgar con perspectiva de género; otra, la aplicación del Protocolo para juzgar casos que involucren derechos de personas, pueblos o comunidades indígenas. Esta herramienta destaca los múltiples aspectos que atañen a los pueblos indígenas, así como las disposiciones nacionales e internacionales que garantizan el respeto e integralidad de sus derechos.

Sentencias de esta naturaleza responden al llamado de los protocolos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien no resuelven los diversos niveles de discriminación que sufren los pueblos indígenas, y todavía más las mujeres indígenas, sí permiten sensibilizarnos con las historias de vidas marcadas por el abandono, la violencia, la pobreza, la discriminación y todos los factores que convergen, por ejemplo, en mujeres como la que motiva este relato.

A pesar de los instrumentos normativos y de apoyo, todavía se requiere de un arduo trabajo para impartir justicia con perspectiva de género y multiculturalidad, ir más allá del dogma y los prejuicios, garantizar la presencia de intérpretes, acudir a fuentes de sociología y antropología, romper con nuestros atavismos e ignorancia. Los protocolos ayudan a cerrar la brecha entre los dos Méxicos. A la sociedad en general, a las autoridades en particular, y especialmente a las y los juzgadores, nos corresponde llevarlos a la práctica.

* Magistrada federal y académica universitaria