El vacío legal que provocaron las instituciones agrarias al desconocer a las autoridades comunales de la selva Lacandona –elegidas por 80 por ciento de los mil 678 comuneros– deja abierta la puerta a diversos grupos que pretenden apropiarse de la riqueza natural de Montes Azules, expusieron Emilio Bolom Gómez y Marcelino Chambor, presidente y tesorero de bienes comunales, y Vicente Jiménez Toledo, presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UUID), quienes acompañados por otros comisionados de la región se reunieron ayer con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar que intervenga en la solución de la problemática de la región.

Los comisionados de la comunidad zona lacandona y de la ARIC UUID explicaron que tras el secuestro de Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales –el pasado 28 de abril–, se trató de detener el cambio de autoridades comunales y que finalmente se llevó a cabo en mayo, pero el ex delegado de la Procuraduría Agraria y autoridades del Registro Agrario Nacional negaron reconocerlas legalmente con el argumento de que Chambor –hijo del líder indígena Carmelo Chambor, quien falleció hace dos años– no es lacandón y que Bolom Gómez es tzeltal, aunque está en el padrón comunal.

Dicha situación impide culminar la regularización de las 430 mil hectáreas de la comunidad lacandona, superficie que quedó de las 614 mil que el ex presidente Luis Echeverría les entregó por decreto, tras la regularización de 28 poblados y diversas ampliaciones de ejidos. Sólo faltan 50 kilómetros para cerrar el polígono mayor y lograr la regularización que ha tardado cuatro décadas. Además de esa superficie, el 80 por ciento es la reserva de la biosfera de Montes Azules y únicamente entre 70 a 80 mil hectáreas son de aprovechamiento agrícola para la comunidad, puntualizó Bolom Gómez.

También paralizó la exigencia de la mayoría de la comunidad lacandona de dar por terminado el contrato de arrendamiento de las estaciones de Chajul y Tzendales, ubicadas en la zona ribereña de las tierras comunales, acordado con la asociación Natura y Ecosistemas Mexicanos, de la cual son integrantes Julia Carabias y Javier de la Maza. La vigencia del contrato es de 10 años y vence en 2019, pero los lacandones quieren cancelarlo porque a nosotros nos acusan de daños ambientales y ecocidio sólo por exigir información de las actividades que se llevan a cabo, pues funciona más como un desarrollo turístico de lujo y comercio de mariposas que como centro de investigación de la biodiversidad y espacio educativo.