El acceso efectivo a los servicios de salud es uno de los principales retos del Seguro Popular y, como parte de ello, garantizar que las mujeres reciban la atención que requieren durante el embarazo, el parto y el puerperio. Por primera vez, en un informe de gobierno se aborda de manera exhaustiva el tema de la mortalidad materna, uno de los principales rezagos del sistema nacional de salud.

El documento señala que apenas en este año se están tomando las medidas para mejorar las condiciones de clínicas y hospitales, principalmente en las zonas de alta marginación, donde ocurren la mayoría de los fallecimientos por esta causa.

Aunque desde hace varios años se reconoció en programas y documentos la labor de las parteras rurales como coadyuvantes de los servicios de salud, no se ha logrado su plena incorporación a las instituciones y, de hecho, existen resistencias en los hospitales para aceptarlas.

Sin embargo, el documento da cuenta de la contribución de este sector para abatir la mortalidad materna. En el programa IMSS-Oportunidades que opera en zonas rurales, la tasa de defunción por causas relacionadas con la maternidad pasó de 37.3 por 100 mil nacidos vivos en 2012, a 23 en 2013.

Tal vez por eso los hospitales de este programa se sumaron en este año a la red de atención de emergencias obstétricas que funciona desde 2009.

En cuanto al sistema universal de salud, el documento hace un recuento de datos con los avances de cada institución para aumentar y mejorar su capacidad de atención con nuevas clínicas y hospitales, aunque no precisa si eso será suficiente o lo que falta para asegurar el acceso de las personas a la atención médica. También señala la importancia de que los recursos disponibles se usen de manera eficiente y se reduzcan las brechas en materia de calidad, para lo cual se trabaja en la homologación de las capacidades, procesos y recursos, y esto a su vez permite la operación del acuerdo de colaboración para el intercambio de servicios.

El Informe no precisa los plazos para formalizar la nueva reforma del sector, pero plantea que todas las unidades administrativas del ramo trabajan en forma coordinada en los aspectos técnicos, económicos y financieros para la medición de los alcances de corto y mediano plazos en el proceso de construcción del sistema nacional de salud universal.

Además, se refiere a otro de los aspectos que involucra, como las tarifas máximas de referencia de los servicios médicos que se ofrecerán a los pacientes cuando exista un sistema universal y las personas puedan acudir a alguna clínica u hospital, independientemente de si son derechohabientes.

Este esquema ya funciona como programa piloto en algunas entidades. Sobre los costos, señala que en el último año las instituciones acordaron las tarifas de 26 nuevas enfermedades, con lo que ya suman 846 las que integran el Catálogo Nacional de Servicios, Intervenciones, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.

Respecto a la mortalidad materna, el segundo Informe de gobierno reconoce que un elemento fundamental para disminuir el número de decesos es la eliminación de barreras de acceso a una atención oportuna y de calidad.