La crisis en el Tribunal Superior Agrario (TSA) que se inició hace un año por las seis vacantes no cubiertas de magistrados unitarios alcanzó la cima ante el vacío de la presidencia del organismo autónomo, pues el pasado 30 de agosto el magistrado presidente Marco Vinicio Martínez Guerrero cumplió 75 años, edad límite para su retiro.

Martínez Guerrero asumió la presidencia del TSA en 2009, cumplió el periodo establecido de tres años, y fue relegido, pero no por otro periodo similar –como lo establece el reglamento interior de la institución–, sino por un año y ocho meses, para que llegara a la edad límite como presidente del tribunal. Hace cuatro meses interpuso el amparo 1614/2014 en un juzgado del DF pero le fue negado y por ello recurrió al juzgado primero de distrito en Cuernavaca, que le concedió una suspensión, pero no ha ratificado el amparo. Ayer dicho tribunal suspendió la audiencia programada y se ignora cuándo se llevará a cabo; tampoco acudió a la sesión del pleno del TSA, informaron fuentes del sector consultadas.

En dicha instancia autónoma, creada en 1992 tras la modificación al artículo 27 constitucional, hay incertidumbre en torno al futuro inmediato, pues ha sido objeto de críticas por su alto costo administrativo, ya que se queda con la mitad del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, poco más de mil millones de pesos para este año, y porque resuelve en promedio poco más de 300 asuntos anuales mientras los 56 tribunales unitarios agrarios (TAU) llevan 49 mil casos.

El pleno del TSA sólo discute los casos que involucran los temas: recursos de revisión por conflictos de tierras; restitución de tierras a los núcleos agrarios, y nulidad de las actas de las autoridades que afecten a los núcleos agrarios. Toca a los TUA proceder con los amparos.