En el capítulo de derechos humanos del segundo Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto enumera una serie de acciones, la mayoría relativas a la aprobación de normas y la instalación de organismos, pero no menciona que las violaciones a las garantías fundamentales continúan presentándose en el país, como las agresiones a periodistas y activistas, los casos de tortura y desaparición forzada, o los abusos contra migrantes, señalaron integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el contenido del Informe en esta materia es pobre, porque sólo se presentan como logros una serie de leyes y programas, que no se traducen en acciones o resultados concretos para la observancia de esas garantías.

Apuntó que el documento del Ejecutivo federal hace mención a ordenamientos como la Ley General de Víctimas, el Programa Nacional de Derechos Humanos, la nueva Ley de Amparo y otras modificaciones legales, pero no cita acciones y tampoco dice nada de un gran tema que está ahí desde el origen: la impunidad, ni qué se está haciendo para combatirla.

Cortez enfatizó que el segundo Informe de Peña Nieto tampoco aborda serios problemas que continúan presentándose en el país, como la práctica de la tortura como método de investigación y/o castigo, o los sistemáticos abusos contra defensores de derechos humanos y periodistas.

En el Informe se presume, agregó, el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, sólo fue un anuncio, pero no hay pruebas de que sea una herramienta para lograr la ubicación de los desaparecidos. En varios estados el reclamo de los familiares sigue siendo el mismo: presentación, acceso a la verdad, investigación y sanción a los responsables.

Dijo que aún no hay muestras de que el gobierno cuente con una política efectiva de Estado en materia de derechos humanos.

Por su parte, José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, lamentó que en el Informe no se aborden temas como las constantes agresiones a periodistas y activistas, y que, a pesar del anuncio de Peña Nieto de que se modificará la estrategia contra el narcotráfico, siga aplicando la misma que emprendió su antecesor Felipe Calderón.

“Hay un importante sector de organizaciones civiles que consideramos la situación de derechos humanos en México más que deplorable, pues se está convirtiendo en una situación de crisis.

Señaló que al no modificar la estrategia contra el crimen organizado se siguen presentando casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

Lara Duque apuntó que a esto debe agregarse que tras la aprobación de la reforma energética se aplicará una política para la imposición de megaproyectos que vulnerarán derechos de ejidatarios e indígenas.

Indicó que hay una política gubernamental de presentar una imagen al exterior de cumplimiento y observancia de los derechos humanos, pero está muy por debajo de las expectativas que la sociedad exige, por lo cual consideró necesario que en breve visite México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que conozca y documente la situación del país en esta materia.