Con casi 10 mil casos de personas desaparecidas en los primeros dos años del actual sexenio, uno de los grandes pendientes del actual gobierno es el impulso de medidas como la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, que ya funciona en estados como Coahuila y Querétaro, señalaron especialistas de la Universidad Iberoamericana (Uia).

Sandra Salcedo, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la esa casa de estudios, dijo que esa ley permitiría dotar de personalidad jurídica a la persona desaparecida, lo que facilitaría a sus familiares gestionar su patrimonio, proteger su empleo y no verse obligados a reconocer la presunción de muerte, pues esto detendría cualquier esfuerzo de búsqueda por las autoridades.

Por su parte, José Antonio Ibáñez, coordinador del programa, manifestó que el pasado 22 de agosto los titulares de la Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República (PGR) presentaron cifras depuradas de las personas desaparecidas en México, señalando la existencia de 52 mil 940 casos heredados de pasadas administraciones.

De esta cifra se ha localizado a 29 mil 95 personas, de las cuales, dijo Ibáñez, no se ha dado detalle sobre el lugar y condiciones en que fueron halladas. “De las personas encontradas, mil 520 fueron reportadas fallecidas, lo que arroja 22 mil 325 personas no localizadas, preocupante nuevo término utilizado en la presentación de Gobernación y la PGR”.

Señalaron que de 12 mil 532 personas no localizadas fueron señaladas como herencia de otros sexenios, lo que arroja la cantidad de 9 mil 790 personas desaparecidas durante este gobierno.

Ibáñez dijo que, según datos de la PGR, 40 por ciento de los casos denunciados de desaparición no cuentan con una sola acción de investigación.

Los investigadores coincidieron en la urgencia de que se deje de criminalizar o difamar a las personas desaparecidas, pues con ello “el gobierno intenta justificar, legitimar y invisibilizar las desapariciones o etiquetarlas como ‘daños colaterales’, justificando prácticas que ninguna autoridad debería permitir aun cuando los desaparecidos sean criminales”.