A pesar de que México se ubica entre los países con altos índices de corrupción, pues de acuerdo con los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial 2010 la nación cayó cinco puntos en el control de ese flagelo según un análisis en 212 países, las instituciones públicas mexicanas encargadas de su erradicación se encuentran debilitadas, sin dientes para atacar los sectores más opacos, como las licitaciones de obras públicas y la adquisición de insumos, señalaron especialistas en transparencia y rendición de cuentas.

Aseguraron que tal como está el marco normativo actual en materia de combate a la corrupción, la creación de la nueva figura de fiscal anticorrupción, adscrito a la Procuraduría General de la República, alcanzaría su autonomía plena del Poder Ejecutivo hasta 2018, es decir, se perdería prácticamente este gobierno para garantizar un mejor combate a ese fenómeno.

En entrevista por separado, Haydee Pérez Garrido, de Fundar, y Edna Jaime, de México Evalúa, destacaron que el país enfrenta un impasse muy arriesgado en materia de transparencia, pues ni tenemos un órgano anticorrupción como aprobó el Senado en diciembre pasado, con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y la figura del fiscal, ni hay indicios de voluntad política que permitan concretarlo con apoyo de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que desde hace más de 18 meses carece de titular y sólo cuenta con un encargado de despacho, enfrenta una desaparición anticipada a la prevista, una vez que entre en funciones la CNA, pues se ha debilitado de manera significativa, afirmó Pérez Garrido.

Subrayó: Estamos ante el peor de los mundos, porque la SFP sigue sin funcionar con los resultados que entregaba, y no trascendemos a un nuevo sistema de contraloría más robusto y fuerte.

Al respecto, cifras de la SFP señalan que en lo que va del actual sexenio ha emitido 29 mil 710 sanciones contra 24 mil 728 funcionarios. Sin embargo, el número de penas económicas y destituciones a quienes confirmó que incurrieron en malos manejos del patrimonio público alcanzó sólo 11 por ciento en el primer año de gobierno de Enrique Peña.

Del primero de diciembre de 2012 a finales de 2013 aplicó sanciones económicas a 841 funcionarios, lo cual representa 7.2 por ciento de todos los que recibieron alguna penalidad. A ellos se suman 475 (4 por ciento) que fueron destituidos, mientras 2 mil 149 (18.4 por ciento) fueron inhabilitados.

Sin embargo, 69.6 por ciento sólo recibieron suspensión o amonestación pública o privada. En ese periodo, la dependencia federal informó que se realizaron compras y licitaciones mediante el sistema Compranet por 430 mil 278 millones de pesos.

Para el primer semestre de 2014, la SFP reportó 18 mil 93 sanciones a 15 mil 323 servidores públicos, aunque no especificó a cuántos ha destituido o aplicado sanciones económicas.

Edna Jaime aseveró que México enfrenta un problema legendario de corrupción. Venimos de un sistema político que la usó como moneda de cambio, y si bien en años recientes se avanzó en la construcción normativa de un mejor andamiaje para su control es evidente que no ha funcionado.

Se aprobaron reformas constitucionales, dijo, como en marteria de transparencia y rendición de cuentas, que permitieron convertir el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en un organismo autónomo y ampliar la lista de sujetos obligados, pero advirtió que para plantear un cambio de fondo necesitamos un diagnóstico y una revisión puntual de los nuevos órganos anticorrupción. No basta con decretar su creación para que las cosas mejoren.

A la SFP, apuntó, se le ha debilitado mucho. Le quitaron facultades y atribuciones. La dependencia, encargada de vigilar la buena gestión de los recursos, es más débil que la que teníamos hace años, frente a un organismo que aún no hemos construido.

Agregó que los focos rojos en materia de corrupción son los procesos de licitación y compra de insumos, proceso en el que se concentran cantidades importantes del gasto público, que cuentan con leyes, como la de Obras Públicas, que dejan muchos hoyos por donde se cuela la corrupción.