Hermosillo, Son., 29 de agosto.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) instalaron sellos de clausura en al menos siete oficinas en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en Cananea.

Lo anterior lo informó Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) con sede en Cananea, donde opera la mina productora de cobre.

Desde temprano entraron en varias camionetas, empezaron desde la mañana a colocar sellos de clausura en la mina, dijo el dirigente de la sección sindical, que mantiene bloqueados los tres principales accesos del socavón.

Señaló que aunque desconocía si se había detenido por completo la producción de la empresa, es muy probable que con el bloqueo de los mineros –que reclaman la titularidad del contrato colectivo de trabajo–, así como con los aseguramientos de oficinas e instalaciones realizados por la PGR este viernes, en breve caería drásticamente y tal vez hasta se pararía.

Recordó que el sindicato minero alertó desde 2008 de la grave contaminación que recurrentemente arrojaba a los ríos aledaños la mina de Cananea, interponiendo denuncias ante las autoridades ambientales, que ignoraron las pruebas mostradas.

Víctor Félix Félix, representante estatal de la Secretaría de Gobernación, confirmó mediante la red social Twitter que personal de la PGR instaló sellos de clausura en oficinas de la minera Buenavista del Cobre.

Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) corrigió el anuncio del jueves sobre qué pozos permitirá operar en las cercanías de la cuenca del río Sonora, y precisó que las perforaciones estarán fuera de la zona de exclusión, a 500 metros de cada margen del afluente.

Podrán ser utilizados por ganaderos y agricultores de los siete municipios afectados por el derrame de tóxicos de la empresa de Germán Larrea.

Además, el titular estatal de Sagarpa, Héctor Ortiz Ciscomani, señaló que no se pueden cuantificar aún las perdidas de productores de leche, de carne y agricultores, aunque anticipó que ascenderán a varios cientos o hasta miles de millones de pesos.

Asimismo, unos 80 activistas sociales y ecologistas protestaron frente a las oficinas de Grupo México, al poniente de la capital sonorense, y exigieron el cierre de la empresa Buenavista del Cobre.

La protesta duró cerca de una hora. Los inconformes demandaron despensas, alimentos y compensaciones económicas en favor de los más de 22 mil habitantes afectados de los municipios de Arizpe, Aconchi, Huépac, San Felipe, Ures, Baviácora y Banámichi.

Participación de la Ssa

La Secretaría de Salud (Ssa) tendrá una presencia permanente en las localidades afectadas por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, aseguró la secretaria Mercedes Juan. Dijo que aunque se reportaron cinco casos de personas con problemas de dermatitis e infección gástrica, se ha determinado la conveniencia de dar el seguimiento a largo plazo.

Señaló que desde el inicio de la emergencia generada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado ha habido presencia del personal de salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, así como la Secretaría de Salud del estado.