Madrid, 28 de agosto

La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al Estado español a atender a las víctimas de la dictadura fascista de Francisco Franco, y resolver lo antes posible las numerosas demandas para conocer el paradero de cientos de miles de personas desaparecidas durante el régimen totalitario que gobernó España ddurante su régimen 1939 a 1976.

El relator de la ONU para la Justicia, la Verdad, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Pablo Greiff, difundió un informe sobre España para el que entrevistó a víctimas, familiares, así como a ex funcionarios franquistas.

España recibió en las últimas semanas dos duras reprimendas de organismos internacionales. La primera provino de la Comisión Europea, que a través del comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, hizo una serie de recomendaciones para que se pongan en marcha mecanismos para la identificación y asistencia a las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939) y en la dictadura franquista. En su recomendación advirtió que España aún debe afrontar su pasado y determinar qué ocurrió con las más de 150 mil personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco..

Y ahora, el relator de la ONU publicó un informe que hizo con base en sus entrevistas y revisión de archivos e informes durante su visita a España, en marzo pasado. Greiff estuvo en España durante dos semanas, en las que mantuvo encuentros con víctimas del franquismo -la mayoría de ellos ancianos- además de familiares, colectivos que trabajan en la recuperación de la memoria, como los arqueólogos, los forenses y los voluntarios. También se encontró con las autoridades públicas responsables del cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, que se aprobó durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2012), pero que desde la llegada del Partido Popular (PP) al poder no se aplica con el mismo rigor.

Así lo explicó el propio funcionario de la ONU: “El Relator Especial nota que varios representantes del gobierno en las reuniones que mantuvieron en las discusiones en el siguiente esquema: ‘o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto’”.

Greiff recomendó a Madrid mostrar un compromiso decidido del Estado por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El Relator Especial recalcó que las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción.

También le advirtió al gobierno de Rajoy que se debería evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y asociaciones. Además pidió incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y por último, promover la cooperación entre las Defensorías del Pueblo nacional y autonómicas.

En este sentido, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que reúne a la mayor parte de las víctimas de la represión franquista y sus familias, recordó al gobierno de Rajoy que ha adquirido numerosos compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, por lo que le instó a que deje de incumplirlos y garantice para las víctimas de la dictadura franquista la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho. Asimismo lamentó que garantizar esos derechos pueda ser visto por miembros del gobierno como un riesgo, cuando el deber de una democracia es garantizar los Derechos Humanos aunque pueda haber gente que se oponga a ello.

El gobierno español ha guardado silencio sobre el informe.