El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, planteó ayer al PRI en la Cámara de Diputados la viabilidad de que se opte por aprobar una fiscalía anticorrupción, en lugar de la comisión anticorrupción propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue ya aprobada por el Senado y está a revisión en San Lázaro.

Tendríamos un órgano mucho más completo. La corrupción se ha generalizado y tenemos que resolverla desde sus raíces. Una fiscalía fuerte sería mucho más eficaz que una comisión, expuso a los diputados de ese partido.

En su intervención en la reunión plenaria del tricolor, Murillo refirió que cuando el Ejecutivo envió la iniciativa correspondiente, no se había considerado la fiscalía general que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR), y resaltó que además la comisión enfrentaría un problema que no se resolvería fácilmente, porque no tiene capacidad de acción penal.

Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, explicó que la fiscalía anticorrupción está considerada dentro de la reforma constitucional que ordena integrar la fiscalía general.

Señaló que para el PRI es mejor una fiscalía anticorrupción que sí pueda integrar averiguaciones previas, a diferencia de la comisión, por lo que en el próximo periodo ordinario de sesiones se decidirá qué órgano es más viable, pero que en todo caso sea una sola institución la responsable de abatir la corrupción en el país.

Explicó que se buscará cómo perfeccionar la minuta enviada por el Senado, así como optar por la instancia más funcional, pero sin perder de vista el propósito del Ejecutivo y de los partidos, de buscar no sólo el crecimiento sino atacar a la delincuencia y acabar con la corrupción.

En su presentación a los legisladores de su partido, Murillo informó que ya se cuenta con un borrador de la iniciativa de la ley orgánica de la fiscalía general, con objeto de que los partidos revisen los principales ejes en que operará esa instancia, que será autónoma de pleno.

Expuso que el Congreso debe procurar que la autonomía al Ministerio Público lo dote además de la fuerza para conducir la tarea crucial, difícil, de determinar qué conducta está tipificada y ser sancionada, al mismo tiempo que entender las razones y circunstancias de esa conducta para aplicar, con la ley, un criterio de justicia.

Actualmente, dijo, para funcionar, el sistema judicial mexicano requiere de una diversificación brutal de policías y de mandos, por lo que la fiscalía tendrá la obligación de inscribirse en un proceso distinto.

El vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, expuso que si se constituyen ambas instancias, se podrían traslapar atribuciones y generar impunidad en el resultado y no es lo que buscamos.