La desaparición de personas es sistemática en México debido a la permisividad del Estado, que en algunos casos es coautor y en otros no interviene, no investiga ni sanciona a los responsables, señalaron representantes de organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, indicaron que el número oficial de personas no localizadas (22 mil 322) dado a conocer la semana pasada por el gobierno federal no abona a la erradicación de ese delito, pues el objetivo central debería ser la localización de las víctimas.

En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el sábado 30, Ximena Antillón, de Fundar, Centro Análisis e Investigación, indicó que las cifras presentadas por la subprocuradora Mariana Benítez y la subsecretaria de Gobernación para los Derechos Humanos, Lía Limón, son confusas y no hay claridad en la metodología usada.

Con base en la falta de precisión de esas estadísticas, la activista señaló que se puede afirmar que este delito va en aumento.

Lo anterior, porque de los más de 22 mil desaparecidos, 9 mil 790 son casos presentados en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, y 12 mil 532 durante el de Felipe Calderón, lo que implicaría que en dos años de la actual administración se han presentado 78 por ciento de las que hubo el sexenio pasado.

El registro oficial de personas desaparecidas abarca datos de 2011 a la fecha.

Acerca de los reportes de las personas que de acuerdo con el gobierno de Peña ya fueron localizadas (30 mil 619 de los casos de 2011 a la fecha, de los cuales mil 524 fueron hallados muertos), Antillón criticó que no se dé a conocer cómo fueron encontradas, ni si se trata de hombres o mujeres, ni de qué estados.

Denise González Núñez, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que falta voluntad de los gobiernos federal y estatales para atender violaciones a los derechos humanos cometidas con la desaparición de personas.

Lo anterior viola el derecho a la verdad de las familias y la sociedad y ha generado que la impunidad persista, acusó.

Criticó que las autoridades no atiendan ni reporten los casos de desapariciones forzadas ocurridos en los años 60, 70 y 80.

En la conferencia también participaron Nadín Reyes, de Hasta Encontrarlos; Guadalupe Fernández, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, y Carlos Moreno, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Los tres son familiares de personas desaparecidas.

En ese acto se censuró que, ante la magnitud del problema, el Estado mexicano haya reportado en su informe ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, presentado el 11 de marzo, que sólo han sido dictadas seis sentencias por ese delito y únicamente una de ellas por hechos ocurridos en los años 60, además de que sólo se iniciaron 291 averiguaciones previas relacionadas con este ilícito entre 2006 y 2013.

Asimismo, se criticó a que en el Congreso aún no se discuta la tipificación del delito de desaparición en las normas mexicanas.