Monterrey, NL, 27 de agosto.

En México persisten alrededor de 200 conflictos en regiones indígenas, relacionados con megaproyectos y tenencia de la tierra, pues hay lugares donde se quieren pagar rentas de un dólar por hectárea, mientras en Europa se pagan por ese concepto hasta 6 mil euros anuales, informó Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.

A lo largo y ancho del país tenemos como 200 conflictos en zonas indígenas, que tienen que ver con minería, megaproyectos, religión y medio ambiente. A cada uno le estamos dando atención de acuerdo con su circunstancia, afirmó.

Las compañías deben entender que el problema debe abordarse de una manera más amplia; por ejemplo, hicimos un estudio de renta de suelos en parques eólicos, y en México se pagan 120 dólares, cuando mucho, y hay lugares donde quieren rentar a un dólar o 1.20 dólares la hectárea, mientras en Europa el pago oscila entre 3 mil 500 y 6 mil euros la hectárea, señaló Martínez.

Agregó que en comunidades de Baja California se han reportado pagos ínfimos. Como autoridades no podemos permitir esos contratos leoninos en la renta de la tierra. En la medida en que los empresarios entiendan que los pueblos deben tener igualdad en las condiciones de negociación y un ámbito de respeto, será posible conseguir acuerdos.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación participó este miércoles en el décimo Congreso por los Pueblos Indígenas que organiza el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Explicó que los temas más delicados actualmente son los relativos a la minería a cielo abierto, que tiene procedimientos bárbaros para la extracción de minerales. La gente ya está viendo que no deja nada a la comunidad y además genera muchos conflictos ambientales, lo que indudablemente ha confrontado a las comunidades.

Por ello, explicó, se impulsa la ley de consulta, a fin de evitar conflictos comunitarios y con las empresas que buscan sacar provecho de la tierra, como sucede actualmente en Puebla.

Estamos construyendo un procedimiento para abordar todos los conflictos. Por ejemplo, la consulta es obligatoria y no hay actualmente una ley, pero ya la estamos elaborando, apegándonos a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fijó un protocolo según el cual la consulta debe ser en la lengua del pueblo y el método debe ser consensuado con los habitantes. Apenas va empezado, pero hay un compromiso de gobierno de elaborar un borrador para discutirlo con las comunidades, explicó.

Si los empresarios quieren seguir patrones de negociación que tradicionalmente hemos visto, consistentes en cooptar, corromper o reprimir al dirigente, ya no van a poder hacerlo. Ahora deben entender que la posibilidad de tener ganancias en este país debe ir acompañada del respeto a los derechos de los pueblos.