La percepción de los contribuyentes sobre la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un incremento en el primer semestre del año pese a los esfuerzos del organismo para mejorar su imagen.

De acuerdo con un índice elaborado por el propio organismo fiscal, con base en estudios de opinión pública de la Administración General de Evaluación del SAT, en la primera mitad del año el indicador se ubicó en 30.9 por ciento, un nivel similar al de 2011, cuando se ubicaba en 30.8 por ciento.

El propio SAT reconoció: el índice general de percepción de corrupción en el SAT se colocó en el segundo trimestre de 2014 en 30.9 por ciento, aumentando casi tres puntos pocencuales en relación con marzo. No obstante, calificó ese deterioro de su imagen como una situación cíclica que se ha presentado durante los últimos cinco años en los que se observa un incremento del índice entre el primer y segundo trimestre del año, debido a una mayor interacción del contribuyente con la autoridad fiscal.

Sin embargo, los registros detallan que de 29.6 por ciento del índice de corrupción que se registró en 2010, este indicador creció a 30.8 por ciento en 2011, a 30.4 en 2012 y para 2013 tuvo una mejoría al bajar a 26.1 por ciento, para volver a subir a 30.9 en junio pasado.

Pero no sólo la percepción de la corrupción en el organismo recaudador del gobierno federal sufrió un deterioro, sino también su imagen general ante el público. Un reporte del SAT indica que el porcentaje de contribuyentes con buena percepción del organismo cayó de 81 por ciento en 2013 a 64 puntos porcentuales en el primer semestre de este año, es decir, un desplome de casi 21 por ciento.

Por el contrario, los que consideran una imagen regular pasaron de 10 por ciento el año pasado, a 19 puntos para la primera mitad de 2014. Y los que de plano creen que la imagen del SAT es mala crecieron más de 77 por ciento, al pasar de 9 a 16 puntos porcentuales de 2013 a junio de este año.

El deterioro de la imagen del SAT se registró pese a que desde 2011 impulsó la aplicación, junto con gobiernos estatales, de un programa que involucra el tema de civismo fiscal mediante el cual se busca fomentar y promover entre ciudadanos y contribuyentes un cambio de actitudes y comportamientos respecto de asuntos fiscales. La justificación de esa estrategia es que está dirigida a contar con bases de datos confiables para coadyuvar a una administración tributaria más eficiente y equitativa, que se traduzca en una mayor recaudación, así como fomentar la cultura contributiva en la población, implementando acciones educativas y formativas.

Una parte, la estrategia del llamado Programa de Actualización y Registro (PAR) busca actuar sobre los valores, creencias y conductas de las personas para generar la convicción de que el apego a los principios de la cultura contributiva es una condición necesaria para acceder a los niveles de bienestar social que demanda el país.