Con engaños y promesas de trabajo en Estados Unidos y Canadá, la empresa Chamba México, Agencia de Empleos SA de CV (Chambamex) defraudó a más de 3 mil jornaleros en 19 entidades y obtuvo ganancias superiores a 20 millones de pesos, denunciaron integrantes del Proyecto Binacional Jornaleros SAFE, integrado por cinco organizaciones de la sociedad civil.

En conferencia de prensa en el salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mayela Blanco Ramírez, representante de Global Workers, expuso que mediante una supuesta oferta para conseguir visas de trabajo Chambamex cobraba 7 mil pesos a cada jornalero para hacer el trámite.

A pesar de que se trata de una empresa con permisos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cuenta con registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chambamex en tan sólo cuatro meses logró defraudar a jornaleros de comunidades en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, estado de México y Querétaro, entre otros.

Blanco Ramírez señaló que llegan a comunidades con ofertas de empleo, donde la gente aún ve como paraíso ir a trabajar a Estados Unidos, comunidades donde gran parte de los habitantes tienen una baja escolaridad y hay ignorancia.

Desde diciembre del 2012 las cinco asociaciones que se integraron en el Proyecto Binacional Jornaleros SAFE iniciaron la investigación y descubrieron que la empresa se constituyó en Toluca, estado de México, entidad donde hubo personas que denunciaron el fraude, pero con nula respuesta de las autoridades mexiquenses, reconoció la abogada que lleva el caso Elena López.

Expuso que hubo una inadecuada integración de los expedientes; las víctimas no tuvieron información y tampoco hubo avances en el proceso ni órdenes de aprehen­sión. No obstante, en Zacatecas, donde intervinieron directamente, explicó López, se detuvo a tres personas de los cinco que forman la empresa, entre quienes se encuentra Arturo Ayala Ranault, representante legal de Chambamex.

Ante los hechos solicitaron al procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que ayude en la búsqueda de solución al caso, se tipifique como delito grave el fraude y reclutamiento que se hizo de jornaleros en 19 entidades, y se dé a conocer en cada estado a las empresas de colocación autorizadas.