Cuando empiece la aplicación de la reforma energética y sus leyes reglamentarias los ciudadanos verán vulnerados varios de sus derechos, entre ellos a la tierra, el territorio y los recursos naturales; a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado; a la autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios; a la no discriminación; a la propiedad; el trabajo; acceso a la justicia; al medio ambiente sano; a la salud, al agua y a la alimentación.

Así lo señalaron en conferencia de prensa representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Fundar, quienes aseguraron que los impactos de las nuevas disposiciones en materia energética provocarán daños y menoscabos a las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir.

Por ello, insistieron en la exigencia de 40 organizaciones de la sociedad civil –la semana pasada– a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que interponga una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de esa ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De no hacerlo, aseveró Araceli Olivos, del Prodh, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, estaría incumpliendo una vez más su papel de órgano garante de los derechos fundamentales y respondería más a intereses políticos y no a la agenda de los derechos humanos.

Al detallar por qué la reforma energética violentaría garantías fundamentales, Andrea Cerami, coordinador de derechos humanos del Cemda, indicó que al dar carácter preferencial a la actividad energética (hidrocarburos y electricidad) sobre cualquier otra, se corre el riesgo de que se arrebate a decenas de poblaciones sus territorios y los habitantes sean expulsados de sus lugares de origen, pues en caso de que sus terrenos sean de interés para las empresas no tienen más opción que venderlas y dejarlas.

En este sentido, Manuel Llano, de Conservación Humana, detalló que las llamadas rondas Cero (es para Petróleos Mexicanos) y Uno (para las empresas privadas), fijadas en las leyes energéticas, abarcarán una superficie total de casi 6 millones de hectáreas, donde habitantes de 11 estados, sobre todo ejidatarios e indígenas, podrían resultar perjudicados, ya que se coloca la actividad energética sobre cualquier otra.

De acuerdo con los datos presentados, la Ronda Cero abarca 3 mil 496 núcleos agrarios, sobre todo de Veracruz y Tabasco, así como el territorio donde se asientan 13 pueblos indígenas, en particular el pueblo chontal, de Tabasco. En tanto, la Ronda Uno podría afectar mil 335 ejidos, principalmente en Veracruz y Coahuila, y cinco comunidades originarias, entre ellas huasteca, náhuatl y totonaca.

Francisco Cravioto, de Fundar, reiteró los perjuicios de la técnica de extracción conocida como fracking (fractura hidráulica), para la que se deben usar entre nueve y 29 millones de litros de agua limpia por cada pozo perforado, impidiendo que ese recurso llegue para consumo humano.

Alertó que después de que se aplica ese método se corren riesgos de que el suelo, los mantos acuíferos cercanos y las aguas superficiales queden contaminados por el uso de los químicos usados para la extracción. Incluso, dijo, hay dos casos de poblaciones de Texas y Pennsylvania que fueron abandonadas por las implicaciones que dejó el uso de ese método.