Las actividades mineras de Grupo México en la región serrana de Sonora han provocado la muerte de ganado y la infertilidad de terrenos agrícolas por la emisión de contaminantes; pocos ganaderos y agricultores se atrevían a denunciarlo porque fue una fuente de empleo para sus habitantes, pero después del accidente de Pasta de Conchos, en Coahuila, la empresa contrató personal de otros estados y el beneficio económico desapareció, expuso Rafael Galindo Jaime, secretario de Acción Agraria de la Central Campesina Independiente (CCI).

Galindo explicó que durante más de dos décadas las autoridades ignoraron a los campesinos que se atrevieron a señalar los daños por la actividad minera.

La ganadería es la actividad predominante en la región; los terrenos son de agostadero, pero la sobrexplotación de los ríos, como el caso del afluente San Pedro –del que se extraen 21 millones de metros cúbicos, cuando su recarga natural es de 16 millones anuales– ha generado una crisis productiva.

El ejido 16 de Septiembre las suspendió por falta de agua, y los ejidos Ignacio Zaragoza y Emiliano Zapata tienen problemas porque se secaron sus pozos. Antes se requerían 10 hectáreas por cabeza de ganado y ahora se necesitan de 25 a 30.

Normas irrespetadas

‘‘Desde hace más de tres lustros hemos planteado que se apliquen de manera rigurosa las normas de protección ambiental y se otorgue una justa compensación por los daños, pero pocas veces se ha logrado. Hace cinco años se logró permutar una parcela contaminada por otra, pero el problema de las tierras infértiles por la minería es una constante en el ejido Niños Héroes.

‘‘Una multa no resolverá el problema del derrame; hay que indemnizar a la gente, exigir a la empresa reparación por el daño ambiental. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben actuar con mayor rigor’’, acotó.

El delegado de la Secretaría de Agricultura en Sonora, Horacio Huerta, dijo que las 120 muestras que se enviaron a laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) demostraron que no hay ningún elemento de toxicidad y riesgo para las 155 mil cabezas de ganado que se localizan en los siete municipios afectados; tampoco para las 6 mil hectáreas agrícolas, de las cuales 90 por ciento son destinadas a la producción de forrajes y el resto para ajo.